El cierre de esta semana estuvo atravesado por la discusión acerca del “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Lo cierto es que luego de 8 meses en donde el oficialismo cajoneó el proyecto por ceder al cabildeo constante del círculo rojo, ahora sale con bombos y platillos a defender una medida que de progresivo tiene poco y nada.
Claro que Fernández y su bloque parlamentario ahora buscan mostrarse como una especie de Robin Hood, al cobrar un aporte a los sectores más concentrados del país. En realidad, del personaje nombrado este gobierno no tiene nada, más bien podría ser su antagónico. Al comienzo de esta semana, como bienvenida al FMI, se envió un proyecto para tratar un nuevo ajuste a los jubilados, Martín Guzmán declaró que el IFE 4 no va a existir y se dio un paso más para aprobar el Presupuesto 2021, un plan económico que representa un 10% de ajuste en relación al año 2020.
El aporte de ricos para ricos
La medida en danza, que ni siquiera es un impuesto sino un aporte extraordinario, solo alcanza a patrimonios mayores a $ 200.000 millones (12.000 personas) y los grava en un 2 o 3,5%. La recaudación sería de apenas unos $ 300.000 millones, algo totalmente insignificante ante el último pago de intereses al FMI por un total de U$S 300 millones.
Sin embargo, lo pobre del proyecto no termina acá. Solo se verían afectadas las personas físicas, por lo tanto, los bancos y las grandes empresas, aquellas 41 que en 2019 facturaron el equivalente del 40% del mercado por $ 3,7 billones, quedan exentas de cobro alguno en este aporte extraordinario.
De todas formas, lo más terrible y donde prima el doble discurso del proyecto, reside en su carácter retroactivo hacia los ricos. Por un lado, un 20% irá destinado a subsidios a las PYMES definidas por la misma ley que decidió el destino de los ATP. Por otro, el 25% de lo recaudado va a ir para subsidiar IEASA e YPF, la Sociedad Anónima con mayoría estatal pero un 49% de privados. Vale aclarar en este punto que ya en 2019 “según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, los subsidios a los fósiles representaron el cinco por ciento del presupuesto nacional de 2019, el equivalente a 15 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH)”[i]. Para ser más gráficos podemos decir que de ese total del 47% fue para Tecpetrol, la empresa dedicada a la explotación del petróleo de Paolo Rocca. El tercer hombre más rico del país, con una fortuna de U$S 3.400 millones, a quien el presidente llamó miserable al comienzo del año, pero ahora lo recibe sin drama alguno y piensa pedirle perdón con la entrega de parte del aporte extraordinario.
Sobre los alcances del impacto ambiental que provoca el aliento a la inversión en Vaca Muerta no nos vamos a referir, pero si volvemos a reiterar que es una de las prácticas extractivistas que más despojo está generando en nuestro territorio sin ningún tipo de gratificación económica en la región como tratan de vender desde el gobierno.
Mentiras que sobrevuelan desde la derecha
Desde los sectores más reaccionarios, algunos pertenecientes al propio gobierno, indican que un impuesto a la riqueza haría inviable la llegada de inversiones o terminaría con las inversiones del empresariado local.
En un análisis pormenorizado que hizo Alejandro Bercovich en su programa Brotes Verdes durante el mes de septiembre, demostró que, a partir de datos del último anuario de la AFIP, se comprueba que los millonarios afectados por la nueva iniciativa de la bancada oficial, tienen su patrimonio un 70% en activos externos y un 30% en territorio local. Además, constató que, nuevamente en base a datos de la AFIP, los U$S 106.000 millones que lo conforman están divididos de la siguiente forma:
- la mitad está en bonos;
- una cuarta parte en depósitos bancarios;
- una quinta parte en inmuebles;
- y sólo un 5% de ese total se destina a participaciones en empresas.
Claro, la práctica de no invertir en el sector productivo es algo también convalidado por Fernández y su ministro Guzmán. Tan sólo en esta semana colocaron deuda local por US$ 500 millones del Bono AL30 y U$S250 millones del Bono AL35, alentando la timba financiera tal cual lo hacía el macrismo. De gravar estas prácticas, bien gracias.
Hace falta un impuesto, no un aporte
Al mismo tiempo en que se manifestó que el próximo martes se iba a tratar el aporte extraordinario elaborado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, la campaña de macartismo de las bases y dirigentes del Frente de Todos sobre la izquierda abrió un nuevo capítulo. El anuncio de la abstención por parte del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) a una medida totalmente insuficiente, fue motivo para que comience la catarata de argumentos vacíos como “otra vez la izquierda haciéndole el juego a la derecha”.
Lo insostenible de esa afirmación reside en que el FIT-U fue el primero en presentar y proponer un impuesto que grave de verdad a los ricos, propuesta que fue rechazada conjuntamente por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se proponía afectar a los patrimonios superiores a $ 100 millones, con una tasa del 5 al 10 % y llegando al 15% en los sectores más concentrados de la economía. Afectar al triple de ricos permitiría recaudar cerca de U$S 15 mil millones (un equivalente a 5 veces más que el aporte del oficialismo), además de ser el puntapié para una reforma tributaria integral en donde se revierta la injusticia de que la base impositiva sea descargada sobre el pueblo trabajador y las masas populares, cuando los ricos son los que menos pagan.
Una reorientación en ese sentido es lo necesario para terminar con la orientación del gobierno, que no ha parado de cederle a los sectores más concentrados y ahora se arrodilla ante el FMI solicitando un programa de facilidades extendidas. Una vez más hay que advertir que con este aporte insignificante el árbol no tape el bosque, en este caso el ajuste en danza.
[i] http://revistaanfibia.com/ensayo/la-responsabilidad-del-1/