La información periodística señala que una comunicación interna del gobierno, filtrada por responsables de distintos organismos, avisa que Milei se apresta a reducir la planta de trabajadores de la administración pública nacional entre un 20% y un 30%, usando el mecanismo de no renovar los contratos que vencen este 31 de marzo.
Si bien los voceros gubernamentales no han confirmado estas cifras, vienen realizando anuncio tras anuncio despidos en distintos organismos y justificando el achique de un Estado “sobredimensionado”. Julián Suárez, el funcionario director de Pesca, quien renunció recientemente, habría incluído entre sus razones una negativa a reducir la planta del personal a su cargo, y se habla del armado de listas de futuros despedidos en el resto de los organismos.
En la Administración Pública Nacional trabajan 224.072 empleados, a los que hay que sumarles otros 109.781 que se desempeñan en las sociedades y empresas estatales. Por eso, las evaluaciones que estiman que el recorte puede llegar hasta los 100.000 trabajadores no son exageradas.
Los trabajadores “contratados” -en particular los encuadrados en el artículo 9- son aquellos que tienen una relación precaria, propia de un gigantesco fraude laboral mantenido por todas las administraciones, ya que se trata en su mayoría de trabajadores que están en relación de dependencia desde hace muchos años. En virtud de ello cada año sus contratos eran renovados, ahora se utiliza esta situación ilegal para promover un achique significativo de los empleados públicos.
La senda de los despidos
Primero se despidieron el pasado 26 de diciembre 7.000 contratados que tenían menos de un año de antigüedad en sus trabajos. El resto de los contratados vio prorrogarse sus contratos por 90 días, en los que estarían en un período de revisión. Ese lapso de tiempo se vence el 31 de marzo, en medio de Semana Santa.
En las últimas horas el vocero Adorni anunció el despido de 900 trabajadores pertenecientes al Instituto de Agricultura Familiar. Estos se suman a los 781 despidos de Télam, 170 del INCAA, 200 de AySa, 140 de la Administración de Puertos y 400 del INADI, entre otros. La lista debe incluir la situación de 600 empleados puestos en disponibilidad al cerrarse 56 centros de referencias pertenecientes al ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente parte del Ministerio de Capital Humano.
Las instrucciones para los despidos
La comunicación oficial filtrada contiene instrucciones por Whatsapp sobre cómo realizarlos según publicaron por varios medios. Un primer texto señala que los empleados serían notificados de que no se renovarán sus contratos el martes 26, permitiendo que al día siguiente no vayan a trabajar. La notificación debería ser verbal, sin ninguna notificación de Recursos Humanos.
También se avanzaría sobre aquellos que están incluidos en planta transitoria, dos días antes de que venza su situación en planta transitoria deberían ser informados por sus jefes. Entre las instrucciones se pone especial atención en considerar que aquellos empleados que han concursado para planta permanente y aún no tienen un año de antigüedad podrán ser pasibles de incluirse en el plan de despidos y que no debe dejarse que se cumpla este período cuando se pretenda despedirlos.
Como ya señalamos en PDI, en la nueva versión de la ley ómnibus también se establecen artículos destinados a despedir trabajadores de planta permanente, los que sumados a los afectados por las privatizaciones de las empresas estatales allí sostenida y el plan general de achique del Estado podrán sumar muchos miles más a la presente ofensiva.
Se reúne los secretarios generales de ATE
El gremio estatal convocó para este jueves 21 a una reunión de los 23 secretarios generales de ATE de todo el país a partir de las 10 horas en el hotel 27 de junio para definir una acción la próxima semana.
Desde Alternativa Estatal, corriente sindical de ANCLA – MST en el sector expresan que es necesario que las conducciones dejen de anunciar que van a luchar, como hace ATE Nacional sin hablar de un paro y lanzando jornadas híbridas, o diciendo que van a preparar el paro y hacerlo en concreto, como anunció Catalano en la conferencia de los trabajadores del INCAA en la puerta del Gaumont, y como lo hizo el último viernes en la acción realizada por distintas Juntas Internas de ATE en Capital Humano. Y que el paro sea con movilización a Casa Rosada o al Ministerio de Economía, para denunciar está política de ajuste y reclamar con fuerza por la renovación de todos los contratos. Que sea una acción aislado; sino en el marco de un plan de lucha general, decidido entre todos.
Alternativa Estatal/ANCLA