El suicidio de Lucho Ávila en el Penal de Mujeres N° 33 de Los Hornos es un ejemplo de dos problemas entrelazados que afectan notablemente cualquier intento de vivir vidas libres y sin violencias.
Lucho Ávila era un varón trans de 25 años que estaba preso en dicho penal hacía dos años y medio, sin condena ni expectativa de juicio. Su situación era como la de la creciente mayoría de la población carcelaria: bajo proceso y sin condena. Primera vez preso, pasó más de dos años esperando la resolución por un cargo de supuesta tenencia de estupefacientes para comercialización. El pasado lunes 1º de febrero, luego de permanecer días castigado, encerrado en total aislamiento y sufriendo ataques de pánico, se quitó la vida.
El primer problema es que la situación carcelaria en la Argentina es cada vez peor. Y aunque informe tras informe la Corte Interamericana de Derechos Humanos instruye a la Argentina a mejorar estas condiciones, nada cambia. El problema abarca desde las condiciones indignas en las que se encuentran los penales, superpoblación, falta de atención médica, de condiciones sanitarias, de acceso a la comida[1], hasta la violencia constante a la que están expuestas las personas en situación de encierro por parte del servicio penitenciario y los maltratos y vejaciones que sufren familiares en las famosas requisas para realizar visitas.
A estas violaciones de los derechos humanos se suma el uso indiscriminado de comisarías para detenciones. Un informe a agosto de 2020[2] revela que, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 5.474 detenidos en comisarías. En algunos lugares como La Plata, el exceso de población es del 568%: en un espacio para 87 personas hay en realidad 494. Esto se traduce en hacinamiento, falta de respuestas sanitarias, alimentación, camas, etc.
El segundo problema es que el sistema penal y la justicia seleccionan por clase y género a la población carcelaria. Y aunque los varones pobres siguen siendo sus preferidos, el aumento de mujeres y disidencias se hace notar cada vez más. Esta situación empeora si tenemos en cuenta la falta de protocolos para las personas LGBTI+, así como para mujeres embarazadas o maternando[3].
En especial las personas trans, a su vez, son expuestas desde muy temprana edad a situaciones en conflicto con la ley, expulsades desde chiques de sus hogares, en su mayoría sin posibilidad de finalizar la escolaridad, sin acceso laboral y encima ahora con un gobierno que decretó una ley de cupo laboral trans insuficiente y dispuso unos pocos subsidios mediante el programa Potenciar Trabajo, que a razón de medio salario mínimo son apenas unos $ 10.000, claramente insuficiente para vivir en condiciones dignas.
Con una justicia que no funciona y un sistema penal clasista, machista y que tiene como respuesta la cárcel para todo, menos para los delincuentes de guante blanco, muertes como la de Lucho son responsabilidad directa del Estado. Este hecho vuelve a poner de relieve la necesidad de pensar otra forma de respuesta frente a las personas en conflicto con la ley.
¿Quiénes más que las mujeres y las disidencias podemos saber, por vivirlo en carne propia, que el punitivismo estatal sólo genera más dolor e inseguridad que los propios motivos por los que entramos en conflicto con el Código Penal? En un sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo y violento, cada vez más en crisis y más desigual, que nos expulsa, vulnera y precariza, existe toda una multicausalidad que empuja las conductas delictivas.
La respuesta no puede ser entonces endurecer la penalización ni multiplicar las fuerzas policiales, que son sinónimo de inseguridad, corrupción y muerte. Es justamente el aparato represivo del Estado quien comete las violaciones a los derechos humanos. Además, la policía tiene como víctima predilecta a la comunidad de travestis y personas trans[4], uno de los sectores sociales más vulnerables. Y a su vez, se persigue duramente el consumo y el narcomenudeo, pero se ampara a los grandes narcos.
“Sus leyes no nos harán más segures”, afirman les activistas. Esta justicia y este sistema penal, tampoco. Sólo un sistema económico-social que satisfaga las necesidades básicas y combata la desigualdad social podrá reducir los niveles de delito, construir una seguridad preventiva y no represiva, despenalizar el uso recreativo de drogas y poner en pie una justicia digna de ese nombre. Ese sistema nuevo, totalmente opuesto a este capitalismo patriarcal, es el socialismo.
Sofía Cáceres Sforza
[1] A pesar de la frase “tienen techo y comida gratis” repetida por la derecha, la realidad es que la mayoría del alimento que consumen las personas en situación de encierro proviene de lo que pueda aportarle su grupo familiar.iw
[2] http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/49374-datos-sobre-sobrepoblacion-comisarias-bonaerenses-agosto-2020
[3] Para un informe más acabado consultar: https://www.cels.org.ar/web/2020/12/perspectiva-de-genero-maternidad-y-encierro/
[4] https://periodismodeizquierda.com/lgbt-informe-2020-sobre-crimenes-de-odio/