Mientras comenzaban los festejos para celebrar la llegada del 2026, el gobierno ejecutó una maniobra propia de las épocas más oscuras de nuestra historia.
De manera silenciosa, evitando el debate en el Congreso y aprovechando la distracción de las festividades de fin de año, se oficializó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25[i]. Esta norma, además de reorganizar administrativamente la SIDE, representa un avance criminal en la reinstauración del espionaje político contra cualquier opositor, activista, periodista o trabajador crítico a la gestión libertaria.
Bajo la justificación de proteger al país de “riesgos estratégicos”, el Ejecutivo ha decidido recortar de forma peligrosa el nivel de libertades democráticas existentes, montando una estructura de vigilancia masiva que pone a toda la población bajo un estado de sospecha permanente.
La existencia de este escandaloso decreto se conoce casi por filtraciones, confirmando que la libertad de la que habla el oficialismo es solo para los grandes grupos económicos, mientras que para el pueblo trabajador se reserva el control y la persecución.
Al evitar el paso por el Congreso, el gobierno de Javier Milei desprecia los mecanismos más básicos de la institucionalidad de este régimen, imponiendo una reforma que modifica de raíz la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25.520) sin permitir un solo segundo de debate político. Esta avanzada autoritaria busca blindar a un gobierno que, ante el fracaso de sus políticas económicas, solo puede sostenerse mediante el fortalecimiento de un aparato de inteligencia diseñado para perseguir la disidencia interna.
Un arsenal para la persecución política y el control social
El contenido del DNU 941/25 es una verdadera hoja de ruta para la construcción de un Estado policial. La norma centraliza un poder absoluto en la SIDE, otorgándole facultades operativas que borran la frontera entre la inteligencia estratégica y el accionar policial directo. Los puntos más alarmantes de esta reforma se detallan a continuación:
- Poder de policía para los espías: Se incorpora el artículo 10 nonies, el cual legaliza que el personal de inteligencia proceda a la “aprehensión de personas” en casos de flagrancia. Esto otorga una facultad operativa directa a agentes encubiertos, permitiendo detenciones en la vía pública bajo criterios subjetivos de riesgo, una figura que la ley prohibía históricamente para evitar la creación de una policía política.
- Vigilancia masiva de datos civiles: A través de la creación de la “Comunidad Informativa Nacional“, la SIDE tendrá acceso directo y obligatorio a las bases de datos de organismos como el RENAPER, Migraciones, la Aduana y la UIF. De esta forma, el servicio de inteligencia podrá trazar perfiles completos de cada habitante, conociendo sus movimientos financieros, viajes y vínculos personales sin necesidad de una orden judicial previa.
- Legalización de la ciberinteligencia ofensiva: El cambio de nombre de la Agencia Federal de Ciberseguridad a Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) no es algo únicamente semántico. El decreto habilita explícitamente la producción de inteligencia “desde el ciberespacio“, lo que faculta al gobierno para realizar patrullajes digitales, vigilancia de redes sociales y operaciones ofensivas contra usuarios críticos al gobierno.
- Secreto absoluto y falta de control: El artículo 2º bis declara que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por defecto. Esta medida invierte la lógica de transparencia y dificulta enormemente cualquier control parlamentario o judicial sobre el uso de los fondos reservados y el accionar de los agentes.
- Definiciones laxas para criminalizar: Se redefine la contrainteligencia para incluir la prevención de acciones de “influencia” de actores no estatales. En la práctica, esto permite tildar de amenaza estratégica a cualquier organización social o partido político que ejerza influencia en la opinión pública contra las medidas del gobierno.
Esta estructura se complementa con un control presupuestario total por parte del Secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, quien ahora tiene la llave de la caja para aprobar y controlar los gastos de inteligencia de todas las fuerzas federales y militares, sometiéndolas a la voluntad política directa de la Casa Rosada.
El rompecabezas de un régimen de excepción
Este decreto no es el primer intento de avance autoritario de este gobierno, sino que se integra en un conjunto de intentos por parte del gobierno de Milei para profundizar el autoritarismo y la represión.
Desde el inicio de la gestión, hemos visto una escalada de medidas que buscan anular la capacidad de resistencia que se pueda expresar en las calles. La creación del Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich fue uno de los primeros pasos para ilegalizar la protesta social; otro fue la denominada Ley Antimafia, que amplía las facultades punitivas de manera peligrosa. A esto se suma el cambio de doctrina en las acciones de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, representado en el Plan Güemes y en la Operación Roca, que pretenden involucrar a los militares en tareas de seguridad interior.
La militarización de la vida política alcanzó un punto inédito con la aparición de Carlos Presti en el gobierno. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, un militar en actividad ingresa a la vida política del Ejecutivo, una señal clara de que el gobierno busca romper los consensos básicos que separaban a las Fuerzas Armadas de la vida institucional civil. Este marco se completa con los intentos sistemáticos de otorgar impunidad a los genocidas de la última dictadura, habilitándolos a salir de la cárcel común mediante beneficios procesales. Ahora, el gobierno redobla la apuesta con un intento de endurecer el Código Penal mediante una reforma que busca llevar al Congreso para terminar de legalizar la persecución a quienes luchan.
Es necesario dejar en claro que si la oposición tradicional, tanto el peronismo como el radicalismo, no actúa de manera inmediata para destruir este DNU en el Congreso, serán totalmente funcionales a este avance autoritario. No hay lugar para medias tintas ni para analizar el decreto; su nulidad debe ser absoluta e insanable. El silencio o la demora en el tratamiento legislativo solo le otorgan tiempo al gobierno para seguir aceitando su aparato de espionaje contra los mismos sectores que la oposición dice representar.
Resistencia organizada contra la CIA de cabotaje
Hay que salir a denunciar de manera tajante este decreto como un intento desesperado por avanzar hacia un régimen mucho más autoritario que busca disciplinar a la sociedad mediante el miedo y la vigilancia clandestina.
Como bien señaló Alejandro Bodart, estamos ante un peligroso avance donde Milei utiliza trucos viejos para perseguir a la disidencia. Estas reformas en las tareas de inteligencia no surgen de una necesidad nacional, sino que vienen como una orden directa de los Estados Unidos, bajando un modelo de control social muy parecido al de la CIA para garantizar el saqueo de nuestros recursos y la entrega del país sin resistencia.
El gobierno quiere transformar a cada funcionario y a cada organismo del Estado en delatores de la oposición política. No se puede permitir que la oscuridad de los servicios de inteligencia reemplace a las libertades democráticas conquistadas con la lucha de décadas.
Frente a esta nueva avanzada, llamamos a la movilización más amplia y a la organización de la resistencia. Es fundamental que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos ganemos las calles para ponerle un freno a este Estado policial libertario. Si no hay libertades para protestar y disentir, no hay libertad de ningún tipo. La organización y la lucha en la calle son la única garantía para tirar abajo este DNU criminal y defender nuestros derechos fundamentales. Solo la resistencia popular organizada puede terminar con este plan de guerra contra los trabajadores.
[i] https://drive.google.com/file/d/1M86taNIQqpHHAKp8wlo05BNd_2Lei5wo/view
