Luego de un tiempo de tranquilidad que rodeaba a la causa, el juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa investiga el desvío de aproximadamente $43.000 millones de pesos a través de un sistema de retornos y contratos direccionados. La medida, solicitada por el fiscal Franco Picardi, se muestra como un avance concreto en la investigación sobre el entramado de corrupción que operó durante casi dos años dentro del organismo.
La investigación revela estructura delictiva organizada en distintos niveles. En la sima se encontraban Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, quienes desde la dirección de ANDIS habían garantizado el direccionamiento de las contrataciones. Operadores externos, como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, sin cargos formales en el organismo, impartían órdenes y gestionaban los retornos. Completaban el esquema las Completaban el esquema las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, que se repartían las adjudicaciones mediante compulsas reducidas y amañadas.
El mecanismo consistía en crear un circuito paralelo de compras donde solo competían tres o cuatro empresas seleccionadas, alternando roles para simular competencia mientras se aseguraban las adjudicaciones. Los sobreprecios llegaron a alcanzar el 1900 por ciento en casos como el medicamento Macitentan, que pasó de costar $411.764 a $8,3 millones en el espacio de tres días. Entre julio de 2024 y agosto de 2025, este sistema irregular generó contratos por más de $43.000 millones.
Aunque el expediente judicial no incluye formalmente a Karina Milei, hermana del presidente, los chats secuestrados contienen referencias explícitas como la mención de que “con el 3% a KM está perfecto“. Esta alusión directa, sumada a los audios iniciales donde Spagnuolo describía el envío de retornos “hacia arriba“, confirma lo que las grabaciones ya sugerían sobre la participación fundamental de la secretaria general de la Presidencia en este entramado. Tampoco aparece formalmente mencionado Eduardo “Lule” Menem, aunque las investigaciones sobre los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina y vinculados a los Menem, continúan su curso.
Este caso de corrupción emergió en el período previo a las elecciones legislativas, poniendo en jaque al gobierno en un momento crítico. El avance judicial, con todas las limitaciones propias de una justicia frecuentemente condicionada por el poder político, vuelve a comprometer a sectores del oficialismo que intentan capitalizar la estabilidad post electoral. Las indagatorias a Spagnuolo y otros quince imputados representan un paso importante, pero hasta ahora se mantienen dentro de los límites de lo políticamente administrable para el gobierno.
La corrupción estructural que revela el caso ANDIS no es una anomalía sino una característica intrínseca de un sistema donde los negocios privados y el Estado se entrelazan perversamente. Por eso resulta ilusorio esperar que la propia justicia, muchas veces viciada por los intereses del poder de turno, llegue hasta el fondo de estas tramas. Se vuelve imprescindible la conformación de una comisión investigadora independiente, una suerte de CONADEP de la corrupción, integrada por personalidades intachables y con todas las facultades necesarias para investigar libremente. Solo una instancia completamente autónoma del poder judicial y los gobiernos podría castigar realmente a todos los responsables, desde los ejecutores materiales hasta los beneficiarios últimos de este saqueo al pueblo trabajador.
