Desde el inicio de la cuarentena en marzo del año pasado, el gobierno sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia que “protegía” de aumentos en las tarifas, además de posibles desalojos por falta de pago. Sin embargo, el mismo vence el 31 de marzo de este año y no será renovado.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, explicó este martes 2 de marzo que ya existe una nueva ley de alquileres que regulará los nuevos contratos y que debe ser puesta en funcionamiento. La nueva norma rige para los contratos que se firmaron a partir de julio del 2020.Luego de la sanción de la ley 27.551, los valores de los contratos de locación se dispararon.
Según Zonaprop, una de las principales páginas de búsqueda de inmuebles, durante 2020 hubo una suba del 62% del precio de los alquileres. Por otro lado, se calcula que las renovaciones que se realicen en abril de este año tendrán aumentos de hasta el 40% del valor actual. El ministro Ferraresi, en diálogo con Télam, comentó que los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación. El mencionado decreto, no solo no se cumplió en lo más mínimo ya que hubo desalojos de viviendas, sino que también se realizaron actualizaciones en los precios de los alquileres. Por otro lado, no extender el DNU como si se estuviera en un marco de post pandemia oculta que la pandemia sigue mientras el gobierno ataca el bolsillo de les trabajadores.
¿Qué sucede con los precios de los alquileres congelados?
Con respecto al precio de los alquileres, les inquilines pasarán a pagar lo que diga el contrato para este semestre. Si le locatarie solo estuvo pagando una parte del alquiler desde marzo del 2020, a fines de marzo de este año tendrá la posibilidad de pagar hasta 12 cuotas de las deudas por diferencia de pago. En este escenario, se puede ver que desde el 1 de abril de este año las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva.
Según un informe de la Federación de Inquilinos Nacional, unos 300 mil hogares tienen deudas en las cuotas mensuales desde que comenzó la pandemia. En todo el país unas 9 millones de personas alquilan y otros 3 millones carecen de vivienda digna.
La vivienda digna como derecho inalienable
Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto a favor de éste último. Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings.
En este marco, es preciso buscar soluciones estructurales al problema de la falta de vivienda. Por un lado, el Estado debe promover planes de construcción efectivos, que además de viviendas dan trabajo por el conocido efecto multiplicador de la industria de la construcción (se estima que cada vivienda genera 2,5 puestos).
En cuanto a los alquileres, nuestra propuesta es la implementación de un programa de subsidios del Estado al inquilino/a que varíe según su nivel de ingresos; de modo de asegurar la vivienda al inquilino y el cobro al propietario. Asimismo, aplicar un impuesto a las viviendas ociosas para volcar más inmuebles al mercado y así abaratar los precios de los alquileres. Así lo plantea el proyecto de ley de alquiler social que nuestro dirigente Alejandro Bodart presentó en la Legislatura porteña cuando fue diputado (1).
Con una ley así, sumado a un plan masivo de construcción de viviendas, se podría hacer realidad en nuestro país el derecho básico a la vivienda digna para todes.
Iara Saldungaray
(1) http://alejandrobodart.com.ar/2015/04/09/ley-de-alquiler-social-090415/