Antes de que termine el año Alberto Fernández se pronunció por el aumento de la curva de casos de Covid-19 en el país, especialmente en el AMBA. El presidente, en una entrevista que brindó para Radio 10, no anunció nuevas medidas para responder a la escalada de contagios. Y volvió a poner el centro en la responsabilidad individual, sin asumir las limitaciones de su política sanitaria: nunca se aumentaron los testeos para establecer una estrategia seria que permita cortar la circulación del virus de manera sectorizada.
Según Fernández diciembre fue un mes donde hubo “mucho relajamiento” y para contrarrestarlo, en caso de que se vuelva incontrolable el ritmo de contagios, no descarta utilizar a la policía y la gendarmería para “evitar” aglomeraciones de personas. Remarcó en la entrevista que “No estoy hablando de un toque de queda, lo tenemos que ver. Pero tan solo teniendo oficiales de las fuerzas de seguridad caminando por las plazas o viendo dónde hay aglomeraciones de gente y diciendo ‘circulen, circulen’, con eso alcanza“.
El presidente, una vez más como al principio de la cuarentena, insiste en apelar a las fuerzas represivas para contrarrestar la circulación del Covid-19. Si algo quedó científicamente demostrado, es que la ubicación de oficiales en las calles no es una forma apta para combatir el virus. Por el contrario, sí lo es, conjuntamente con la vacunación, la instauración de un plan de testeo masivo, algo que nunca ocurrió en el país y que, en los lugares en los que se implementó, ayudó a reducir la intensidad de los contagios.
Fernández, como a lo largo de todo el año, tampoco piensa en afectar las ganancias de las grandes empresas en función de la salud de la población. Su política de flexibilizar prematuramente la cuarentena y no sostenerla con medidas sociales efectivas, fue la que estimuló la circulación de personas, potenció el impacto de la pandemia y el rebrote en curso.
En vez de plantear una política correcta disminuyendo la circulación de personas vía la adecuación de las jornadas laborales sin afectación de salario, invirtiendo en salud para garantizar testeos masivos, aislamientos selectivos y vacunación universal, piensa que la solución es la mano dura. Nunca la policía como la bonaerense que extorsionó armas en mano, o fue responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro Astudillo, puede ser garantía alguna de combate al virus.
Como lo ha venido remarcando el MST en el FIT-Unidad, es hora de atacar los intereses de los grandes empresarios que ganaron millones durante la cuarentena. Que fueron subsidiados por el Estado hasta para pagar míseros salarios y ni siquiera respetan como corresponde los protocolos sanitarios. Si el control de la pandemia fuera su prioridad, como dice el presidente, no tendría que haber diseñado el presupuesto 2021 con un recorte de fondos a salud y la eliminación del paupérrimo IFE que, sin embargo, era el único ingreso de casi nueve millones de personas.
Guillermo Pacagnini y Nicolás Zuttión