Los docentes en su tercera semana de huelga entran en un momento definitorio. La pelea se tensa y pone a prueba a Gustavo Sáenz, el reelecto gobernador peronista amigo de Massa, quien se juega todas sus cartas. Salta es un espejo del país que nos quieren imponer.
Luego de la brutal represión ordenada por la jueza Ada Zunino, en el acceso a Salta (Aunor) vino la persecución, desde la ruta hasta la capilla de un cementerio cercano de docentes y trabajadores de la salud, y la detención y procesamiento de 19 compañeros el día 25 de mayo. La respuesta de los trabajadores y el pueblo no se hizo esperar, con multitudinarias movilizaciones exigiendo la libertad de los detenidos.
Irrupción obrera y popular
El día viernes por la noche en una transmisión en vivo por YouTube, los ministros de educación Canepa, de economía Dib Ashur y de gobierno Villada, anunciaban un acuerdo con la mesa intergremial de un 12% mayo, 11% junio y 11% julio en base a diciembre del 2022 y un bono de 60000 en dos partes, el descuento de los días de pago y la justificación política de la represión y amenazas a las y los docentes de Orán.
Esa misma noche, la indignación invadió las redes primero y luego las calles. Y el día sábado se gestó una gran marcha de antorchas, demostrando la solidaridad de los estudiantes hacia los docentes y la participación de los trabajadores de la salud que iba en aumento, preanunciando la gran movilización del lunes 29, una verdadera pueblada.
Miles de trabajadores coparon las calles de la ciudad de Salta, llegados desde todos los puntos de la provincia. Encabezados por los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados. Y apoyando estaban estudiantes, familiares y nutridas columnas de los movimientos sociales de la Unidad Piquetera y la UTEP. Una gran movilización de incontable cantidad de cuadras llenas rodeo la ciudad.
Sáenz y el parlamento
La respuesta a la inmensa manifestación fueron declaraciones del gobernador indicando que ya no había superávit y que si otorgaba un incremento mayor tenía que “cerrar la casa del gobierno” y que la represión… no existió. En el mismo momento en el que salían a la luz los sueldos de los concejales de $900.000 y los aún mayores de diputados y senadores. La indignación creció mucho más luego de que el concejal José García defendiera el cobro de dicha dieta de privilegio y repudiar a quien lo había hecho público.
Luego fue el turno de los diputados, que aprobaron en tiempo récord y sobre tablas la media sanción de una ley antipiquetes, intentando así legitimar aún más la represión sobre los que luchan por defender su salario. Un anticipo de esa norma reaccionaria lo había dado el gobernador Sáenz. El amigo de Massa, había lanzado el antidemocrático decreto 91/23: un protocolo anti manifestaciones públicas. Con la excusa de “regular” la protesta social y “ordenar el tránsito”, lo que hacen es un endurecimiento represivo para criminalizar la protesta y amordazar a los que luchamos. La nueva norma autoritaria restringe los derechos democráticos y constitucionales de reunión, manifestación y petición a autoridades. Es evidente que el ajuste no pasa sin represión.
Pulseada abierta, el futuro en juego
La burguesía se juega con todas sus fuerzas a derrotar a los trabajadores. Han movido a la justicia, los grandes medios de comunicación, la policía, los dirigentes sindicales vendidos y a los legisladores de los partidos patronales. En la otrav vereda, estamos las y los trabajadores unidos y movilizados, con el apoyo del pueblo y la izquierda.
Salta es un espejo del escenario que se vivirá a nivel nacional una vez pasada las elecciones, donde quien sea que gane las elecciones, el partido oficialista o su oposición de derecha o ultraderecha, intentarán con represión hacer pasar el ajuste ordenado por el FMI. Es un adelanto de los tiempos que se vienen en la Argentina, de polarización en sintonía con la situación latinoamericana por los intentos de más ajuste y reformas reaccionarias. Y de más levantamientos populares y rebeliones que las enfrentan. La contraofesiva que se viene incluye palos y el cercenamiento de los derechos a reclamar y organizarnos.
Y a la unidad del régimen y sus instituciones que utilizan para derrotar la resistencia se le tiene que oponer la unidad del pueblo trabajador junto a la izquierda que batalla para dotarla de una dirección que no claudique y que esté a la altura de las necesidades de lo que se viene. Es por eso que ahora más que nunca, para organizar mejor la lucha, para impulsar la organización desde abajo y al activismo combativo, necesitamos una izquierda fuerte, un FIT Unidad potente que se postule de manera unitaria para ayudar a que estas peleas se ganen.
Andrea Villegas