En el día de ayer, cientos de acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud mental, personas con discapacidad y familiares se movilizaron a Plaza de Mayo con la consigna: No al Ajuste en Discapacidad, en una protesta que incluye la instalación de una carpa blanca hasta el día miércoles. Esta movilización es el resultado de una serie de recortes que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el flamante superministro Massa, para complacer sin inconvenientes al FMI. Un gobierno que se pintó de Nacional y Popular, que juró proteger a los desprotegidos, es otra pata de una mesa a punto de quebrarse.
A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido relegadas a sufrir las consecuencias de un sistema en decadencia. Es claro: no les es redituable y no les genera ningún ingreso económico, por lo tanto no es de interés. Tratamientos en riesgo, pacientes sin acompañantes y miles de obstáculos más frente a la enorme burocracia e injusticia de un Sistema de Salud que solo agrega sufrimiento a una situación que de por sí es difícil, desde los centros de salud mental hasta los acompañantes domiciliarios, todos sufren la desidia estatal.
Sin ir más lejos, hace ya 9 años, efectivos de la Policía Metropolitana enviados por, nada más ni nada menos, que el ex presidente y en su momento jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, llevaron adelante una represión sin precedentes en el neuropsiquiátrico Borda, dejando un saldo de 50 personas heridas, incluyendo pacientes del Centro y destrucción de uno de los talleres de creación artística que funcionaba en la institución. Podría ahondar más en el tema, pero no es necesario irnos al 2013 para confirmar que el abandono a lxs más vulnerables le es común a todos los gobiernos.
La situación es la siguiente: Hay un retraso en la liberación del pago del Fondo Solidario de Redistribución que sale de AFIP. Ese dinero va a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que ejecuta el pago a través de las Obras Sociales. La SSS le comunica a las obras sociales a través de correos electrónicos que no tienen el dinero para abonar esas prestaciones y las Obras Sociales adeudan (en algunos casos de hasta 4 meses) el pago de las prestaciones que se les da a las personas con discapacidad.
Esto es parte del enorme recorte presupuestario de Massa y el Viceministro Rubinstein firmado en un DNU de ‘Necesidad y Urgencia’ y aunque utilizando la situación penal de CFK intentaron ocultarlo en los medios, este decreto se cargó un ajuste de $128 mil millones en distintos Ministerios, incluyendo el de Salud y $10 mil millones de reducción al Fondo Solidario de Redistribución que depende de la Superintendencia y que según Información Legislativa, su objetivo principal es el “otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones a los Agentes del Seguro, con el objeto de brindar a los beneficiarios del Sistema las prestaciones médico asistenciales esenciales para garantizar su salud”.
Por su parte la burocracia sindical se juega a otra cosa. Ninguno de los sindicatos que representan trabajadorxs del sector forman parte de estas acciones a nivel nacional. Esto se da porque la CGT viene peleando para que las prestaciones de educación y transporte sean financiadas con los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad para descomprimir la presión sobre los recursos del fondo solidario. Se quejan de que hoy, esas partidas específicas son afrontadas por las obras sociales y desde hace años representan el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales (casi un 37% del total). En cuatro años tuvo un crecimiento del 40% y, según ellos, es una de las claves del desfinanciamiento del sistema.
En fin, una vez más se cae el discurso del ya vapuleado Presidente de la Nación que decía “comenzar por los últimos para llegar a todos”. Ahora profesionales de la salud mental, acompañantes terapéuticos, pacientes y familiares se encuentran una vez más envueltos en un calvario que pareciera no tener fin, casi como si se debieran acostumbrar año tras año a que la necesidad de un servicio que incluye tratamientos fundamentales para la salud de personas con discapacidad, venga acompañado de miles de trámites burocráticos, atropellos de las Prepagas y Obras Sociales y cobros de salarios a 90 días.
Es hora de terminar con un Sistema que se ha encargado de vulnerar constantemente los derechos de niñxs, adolescentes y adultxs con discapacidad, por un cambio de 180 grados que de vuelta la tortilla a favor de familiares y trabajadores que ponen el cuerpo y todo lo que está a su alcance para poder brindarles un acompañamiento y un tratamiento que hacen que una vida sea digna de ser vivida, con plenos derechos y sin discriminación de ningún tipo.
Repudiamos el accionar de la Policía de la Ciudad que enviada por Larreta y armada con palos y gases, montó un operativo policial en una movilización llena de niñxs con discapacidad. Acompañamos la convocatoria del Colectivo de Discapacidad y los distintos sectores y trabajadores, a movilizar e instalar carpas blancas en todo el país como así también apoyamos sus reclamos, contra el desamparo estatal, por los derechos completos de las personas con discapacidad, por el pago a tiempo de salarios a acompañantes terapéuticos, trabajadores de la salud y transportistas, por la liberación de los fondos correspondientes y en contra del DNU que negocia la vida y salud de las personas con discapacidad.
-SM