Lo que comenzó como una polémica por un viaje terminó destapando un entramado de irregularidades patrimoniales que pone en jaque el discurso oficial contra la “casta”.
Si te quieres divertir…
Este lunes se cumplieron tres semanas desde la realización del Argentina Week en Nueva York, que se desarrolló entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo. Al presidente lo acompañó su tropa de funcionarios, entre los que se encontraban el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Quizás la décimo sexta visita del presidente a Estados Unidos hubiera pasado más desapercibida si en el avión presidencial ARG-01, que trasladó a la comitiva, no hubiera viajado también Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
El funcionario no encontró mejor forma de justificarse que explicar que llevó a su mujer en el avión oficial porque “viene a deslomarse” una semana entera en Nueva York y quería que su compañera de vida estuviera a su lado. Un sacrificio, claro… pero con catering y millas pagadas por el Estado.
La palabra “deslomarse” no tardó en convertirse en meme, tendencia y símbolo de la desconexión del gobierno con la realidad. El efecto fue tal que Adorni, poco habituado a reconocer errores, tuvo que salir en menos de 24 horas a corregirse: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo… La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”. El problema no era la palabra, sino lo que dejaba al descubierto.
El daño estaba hecho
No había terminado el Argentina Week y el escándalo ya era imposible de contener. No hubo tuits de ministros ni explicaciones técnicas sobre el “costo marginal” que alcanzaran para apagar el incendio. Porque cuando la lupa se posa, ya no alcanza con el relato: empieza a verse lo que antes se escondía.
Desde ese momento, el jefe de Gabinete entró en una prueba de transparencia para la que claramente no estaba preparado. Al viaje en el avión presidencial se le sumó un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana de carnavales. Su respuesta fue tan breve como reveladora: “El viaje me lo pagué yo, de punta a punta. Pero son temas personales que no explico”. Serían temas personales… si no se tratara de cuentas que no cierran.
En su última declaración jurada, correspondiente a fines de 2024, Adorni informó bienes por $107 millones, un 76% más que en 2023, cuando asumió como vocero presidencial. Declaró dos departamentos (uno en CABA y otro en La Plata), un Jeep Compass adquirido en 2024, US$42.500 en efectivo en el país y US$6.500 en una cuenta en Estados Unidos.
Más allá del “milagro libertario” aplicado a su patrimonio personal —crecimiento económico con o sin dinero, aun en medio del ajuste—, el problema es que los números no explican los gastos. El viaje a Uruguay, por ejemplo, quedó bajo investigación judicial.
La causa recayó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pedido del magistrado, la empresa Alpha Centauri S.A. presentó facturas por $6.984.180 (unos 4.830 dólares) correspondientes al vuelo de ida. Según fuentes judiciales, ese monto fue abonado por la productora Grandio Imhouse S.A. La pregunta cae por su propio peso: ¿qué hacía una empresa con vínculos con el Estado pagando el viaje privado de un funcionario? Grandio había abierto la Caja de Pandora pero no la de su programa.
A medida que avanzó la investigación, el panorama se complicó aún más. La Justicia dictó medidas para proteger a Vanesa Tossi, empleada de la empresa aérea, quien denunció hostigamiento por parte de Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y cercano a Adorni. Tossi declaró que el traslado fue pagado por el periodista y que le habrían pedido no facturarlo.
Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo en que no se conozcan los detalles?
Casita robada
Pero los problemas no terminan en los viajes. Con la lupa puesta sobre su patrimonio, comenzaron a aparecer inconsistencias inmobiliarias.
Una de ellas es una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Se trata de una casa de dos plantas registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, que no figura en las declaraciones juradas del funcionario.
Las irregularidades no terminan ahí. La propiedad aparece formalmente a nombre de un tercero, mientras que gastos como las expensas serían abonados por su esposa, y el domicilio habría sido utilizado por el propio matrimonio. Tampoco está claro cómo fue adquirida ni con qué fondos. En síntesis: una casa sin dueño claro, sin explicación patrimonial y sin demasiadas ganas de ser aclarada.
Como si fuera poco, el “llavero” del funcionario también sumó un departamento en Caballito, sobre la calle Miró al 500, adquirido por unos 230.000 dólares. La operación se realizó sin desprenderse de otros inmuebles, lo que vuelve a poner en discusión la evolución de su patrimonio.
En este caso, las dudas giran en torno al financiamiento: gran parte del monto habría sido cubierto mediante una hipoteca privada otorgada por particulares —incluso vinculados a las propias vendedoras—. Un mecanismo poco habitual que, lejos de aclarar, abre nuevas preguntas.
Para colmo, Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, las dos mujeres que le habrían prestado el dinero al jefe de Gabinete para comprar la vivienda negaron conocerlo o tener algún tipo de vínculo con él.
Las sombras de Espert
En medio del escándalo, Adorni intentó recuperar la iniciativa tras la masiva movilización del 24 de marzo. En conferencia de prensa repitió un libreto conocido: que su patrimonio lo construyó en la actividad privada, que no tiene nada que ocultar (aunque evitó mostrar facturas) y que “no son lo mismo que los que estuvieron antes”.
Un discurso que recuerda inevitablemente al de José Luis Espert antes de su caída política. La diferencia es que, mientras Espert fue desplazado, Adorni sigue en pie, sostenido por su cercanía con el núcleo duro del gobierno y el respaldo de Karina Milei.
Callejones judiciales
El caso no solo golpea a Adorni, sino que empieza a salpicar a todo el gobierno. Su vínculo con Mauricio Novelli lo conecta con el escándalo cripto de $LIBRA, promovido por el propio Javier Milei, que dejó pérdidas millonarias.
A su vez, el avance de estas investigaciones reactivó otras causas, como la de ANDIS, donde se investigan posibles maniobras de corrupción en la compra de insumos para personas con discapacidad. Entre los implicados aparece también Diego Spagnuolo, ex titular del organismo.
Fin.
La novela que rodea al jefe de Gabinete está lejos de cerrarse, pero una cosa es clara: el funcionario debería dejar su cargo de inmediato. No alcanza con explicaciones a medias ni con blindajes políticos.
Se impone la necesidad de una Comisión Investigadora Independiente, sin vínculos con el poder político, que avance hasta el final y garantice que tanto Adorni, como todos los responsables rindan cuentas. Porque cuando quienes gobiernan se llenan la boca hablando contra la “casta” pero multiplican privilegios, opacidad, y están “más sucios que una papa”, el problema deja de ser una contradicción: pasa a ser un fraude político en toda regla.
