Alberto Fernández había sacado la palabra “integral” al promulgar la ley nacional, cediendo a los antiderechos. Ahora en Pcia. de Buenos Aires, se acepta esa concesión y la causal de “riesgo para la salud” se unifica con la causal “riesgo para la vida”.
Desde el 18 de enero, la provincia más poblada del país cuenta con una Guía de implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, Estela Díaz, con parte de su equipo, Lucía Portos y Sabrina Balaña, en conjunto con el ministro y viceministro de Salud Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, realizaron la presentación de la misma de manera virtual por el canal oficial del gobierno.
En las declaraciones, la ministra asegura que como objetivo la guía “da certezas a los equipos de salud” dando una “fuerte señal política de respaldo a la ley porque sabemos que hay sectores que siguen teniendo resistencia”. Por supuesto, Díaz omite que fue Alberto al incluir la objeción de conciencia institucional quien abrió la puerta a esas resistencias.
Desde Juntas y a la Izquierda y el MST alertamos que la negociación con los antiderechos sólo habilitaba a que siguieran negándonos derechos. Pasó inmediatamente en la provincia de San Juan donde en el Hospital público Marcial Quiroga todos los profesionales se declararon objetores de conciencia organizados por la dirección del mismo. Con antecedentes en la provincia de Buenos Aires como los vividos en el Hospital San Martín de La Plata, una de las instituciones más grandes, o en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el único en todo Moreno, la resistencia de la que habla la ministra era de esperarse antes de la sanción de la ley.
Ahora bien, además de la objeción de conciencia, en la promulgación nacional cumplieron con los acuerdos y negociaciones con antiderechos quitando la palabra “integral” , palabra fundamental y que cumple un rol concreto: aclara el alcance del concepto de salud. Y haberla quitado, como lo hizo Alberto al promulgar la ley, es una nueva limitación al derecho a decidir.
Las interpretaciones restrictivas de las tres causales han dado lugar a incontables maniobras judiciales, sanitarias, policiales y de todo tipo para impedir los abortos no punibles. La flexibilidad en la redacción de la guía bonaerense, al unificar las causales de riesgo de vida y riesgo de salud, puede dar lugar a confusiones y limitaciones a nuestro derecho a decidir.
En esta situación desde Juntas y a la Izquierda y el MST seguiremos organizadas, con campañas y acciones para lograr la implementación en cada lugar de la ley que ganamos con años de lucha, y monitoreando su aplicación.