Mediante una medida cautelar, hoy la jueza chaqueña Marta Beatriz Aucar de Trotti ordenó suspender la aplicación de la Ley 27.610 de IVE en su provincia.
Apenas pasaron dos semanas de la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que conquistamos con la marea verde. Los celestes, con sus jugadas antiderechos, no se hicieron esperar. Así como días atrás un hospital público de San Juan se declaró objetor institucional de conciencia, fuera de la ley, hoy es noticia una nueva maniobra de este sector reaccionario con la intención de suspender la aplicación de la ley de aborto a través de un fallo judicial que repudiamos.
La medida la dictó la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia, la capital de Chaco. El argumento utilizado ya es conocido: se plantea la inconstitucionalidad de la ley, sosteniendo que el art 15. inc.1 de la Constitución provincial “garantiza el derecho a la vida y a la libertad desde la concepción”. Quienes solicitaron la inconstitucionalidad fueron los y las integrantes de FASTA, la nefasta Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, propietarias de decenas de colegios religiosos que vergonzosamente reciben subsidios del Estado.
La retrógrada jueza planteó que “si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma”.
Los argumentos de esta jueza antiderechos de nuevo evidencian el encuadre patriarcal que estructuralmente sostiene el Poder Judicial, junto a su carácter de clase en favor de los capitalistas. Est fallo repudiable vuelve a poner en debate la necesidad de democratizar a fondo la justicia eligiendo los jueces, juezas y fiscales por voto popular. Justamente por estas razones es que el movimiento feminista y disidente no debe abandonar las calles. Las maniobras de los sectores religiosos y políticos conservadores son moneda corriente, en el marco de gobierno nacional que pretende quedar bien con verdes y celestes para no agitar el avispero y recomponer relaciones con la Iglesia Católica.
La única manera de defender la aplicación de la ley de IVE y de garantizar así nuestro derecho a decidir es mantener nuestra organización y movilización para responder frente a cada uno de estos obstáculos. Seguir ocupando las calles y plazas de todo el país para asegurar que todes tengamos acceso real y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho que conquistamos en las calles.
Violeta González