El jueves 27 de julio, en Buenos Aires, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizó una movilización desde la Casa de Jujuy hasta la Plaza de Mayo, en donde se leyó el documento que reproducimos aquí.
Fue hace 47 años en Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, en Jujuy. El 20 de julio de 1976, a los pocos meses del golpe. A las 22 hubo un apagón total, que se repitió un par de días. Pero no era un desperfecto ni un accidente. La electricidad la distribuía el Ingenio Ledesma. Y el apagón lo ordenó su dueño, el capitalista Carlos Blaquier, que también aportó vehículos de su ingenio para un operativo del terrorismo de Estado.
Así, la policía jujeña, la Federal y la Gendarmería sitiaron la zona y secuestraron a casi 400 personas: la mayoría trabajadores del ingenio, también estudiantes, activistas, vecinas, vecinos. Los ataron, encapucharon, apalearon, detuvieron en comisarías y galpones del ingenio, trasladaron algunos a Buenos Aires. Al día de hoy, casi 30 siguen desaparecidos.
Así fue el Apagón de Ledesma. Ya el 24 de marzo habían secuestrado al ex intendente Luis Arédez, cuya esposa Olga Márquez inició allá las marchas hace 40 años. Décadas de dilación en el juicio por crímenes de lesa humanidad permitieron que en marzo pasado Blaquier muriera con impunidad biológica. Pero no tiene impunidad histórica y siempre será lo que fue: uno de los símbolos de la complicidad visceral entre el empresariado y los genocidas.
A 47 años del Apagón de Ledesma, Jujuy vuelve a cobrar relevancia nacional. Desde hace meses, el pueblo trabajador jujeño está en una durísima pulseada contra el gobernador radical-macrista Gerardo Morales y su reforma inconstitucional, autoritaria, antiderechos y entreguista, que aprobó con la complicidad del PJ y que intenta imponer a fuerza de represión y persecución.
La nueva Constitución pone en riesgo la vida de las comunidades indígenas estableciendo que las tierras fiscales son un bien de trabajo y producción, y que pueden ser expropiadas y explotadas sin la consulta previa, libre e informada. También, es violatoria de toda la legislación internacional que protege los derechos de los pueblos originarios.
La misma embajada de Estados Unidos, que impulsó los golpes en la región, hoy tiene sus representantes en distintas listas. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio avalaron la represión. Larreta lleva como vice al propio Morales. Massa sostiene la estafa y el ajuste del FMI y comparte el plan de saqueo de nuestros bienes naturales comunes. Además, ha mantenido un silencio cómplice, en consonancia con su apoyo histórico a Morales en la provincia, a quien le aportó el vicegobernador desde 2015.
Morales es sinónimo de palos, gases, balas, decenas de personas heridas, allanamientos sin orden judicial, cientos de detenciones, incluso en vehículos sin patente de empresas concesionarias del gobierno, torturas e intimidaciones, campañas mediáticas para demonizar los reclamos, multas millonarias, contravenciones y más de 150 procesamientos penales a trabajadoras y trabajadores, referentes gremiales, políticos, de pueblos originarios, abogados y simples manifestantes. Como otra muestra de la brutalidad del Estado, algunas personas han perdido un ojo porque la policía dispara directo a la cara.
Pero frente a esta ofensiva represiva, en Jujuy la clase trabajadora, la juventud, sectores populares y pueblos orginarios levantan su resistencia ejemplar. Semanas de paros docentes de todos los niveles, del personal de la salud, municipales, estatales y otros sectores. Dos paros generales provinciales. Numerosas marchas masivas. Acampes y cortes de ruta en varias localidades. Y hoy mismo siguen en pie de lucha, organizados en una Multisectorial.
- Defienden su derecho democrático y constitucional a la protesta, que la reforma trucha de Morales pretende lisa y llanamente prohibir.
- Defienden el agua, el litio y sus demás bienes comunes, que Morales pretende entregar al saqueo extractivista de los grandes pulpos.
- Defienden su derecho al trabajo, al salario y a una vida digna, que Morales pretende ajustar y precarizar cada vez más.
Tanta es la hipocresía oficial, que la Secretaría de “Derechos Humanos” jujeña presentó una denuncia contra las comunidades originarias que defienden sus tierras ancestrales. Y a sus defensores, el abogado Alberto Nallar y cinco colegas, los acusan burdamente de “sedición”.
Compañeras, compañeros. La pulseada de Jujuy anticipa la polarización que se nos viene en el país, gane quien gane de los candidatos capitalistas en octubre. Y como van a aplicar más ajuste y entrega en favor del FMI y las multinacionales, recortan derechos y criminalizan aún más la protesta social.
- En Salta, los docentes y el pueblo vienen enfrentando una antidemocrática legislación represiva impuesta por el gobierno de Sáenz, que criminaliza los piquetes y la protesta social.
- En Chubut y Andalgalá, procesan a vecinas y vecinos asambleístas que defienden el agua contra la megaminería contaminante.
- En Santa Cruz, imputan por “intento de femicidio” e “intento de homicidio” a docentes y estatales que defienden sus salarios.
- En esta Capital, abren causas contra trabajadores de los hospitales Garrahan y Posadas por reclamar sus derechos.
Y lo mismo pasa en todo el país. Por eso reafirmamos nuestra defensa de los derechos humanos de ayer y hoy. Nuestro apoyo a todas las luchas populares. Nuestra exigencia a la CTERA, la CGT y las CTA de paro nacional en apoyo a Jujuy. Y nuestro repudio frontal a la represión y la persecución al activismo.
- ¡A 47 años, las víctimas del Apagón de Ledesma, presentes! ¡Juicio y castigo a los culpables! ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!
- ¡Viva la lucha del pueblo de Jujuy! ¡Arriba los salarios! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma de Morales y el PJ!
- ¡Libertad y desprocesamiento a todos los perseguidos por luchar! ¡Basta de represión, presos y persecución! ¡Por la defensa de las libertades democráticas!