¿Qué son? ¿Por qué tienen tanto valor en nuestro país? La utilización política, la línea del gobierno y los debates ante un nuevo 24 de Marzo.
«Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos… son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales -el derecho a la vida- hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad»1.
Los derechos humanos son universales, valen para toda persona; son inalienables, no se deben suprimir salvo excepciones; son indivisibles e interdependientes, se relacionan entre sí para su pleno goce, y tienen progresividad, no deben retroceder. Los reconocen tratados internacionales, constituciones y leyes. Y los Estados deben respetarlos, cumplirlos y protegerlos. Por eso sólo el Estado puede violarlos, no un individuo o una organización.
La dictadura y su caída
El 24 de marzo de 1976 los militares dieron un golpe, con apoyo del PJ, la UCR, la Iglesia, el imperialismo yanqui y el empresariado. Buscaron aplastar las luchas obreras y populares, que jaqueaban al gobierno peronista. El terrorismo de Estado había empezado antes, en 1974-75, bajo el gobierno de Isabel Perón, con el «Operativo Independencia» a Tucumán con la excusa de combatir a la guerrilla y con la Triple A, banda de ultraderecha promovida por el ministro José López Rega que asesinó a más de mil activistas populares.2
La dictadura avasalló todas las libertades democráticas, secuestró y asesinó a 30.000 compañeros y compañeras, se apropió de 400 bebés, y funcionaron unos 600 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. A sangre y fuego, los milicos elevaron la deuda externa del país de 7.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983. El FMI fue copartícipe necesario del genocidio y su plan económico, que además favoreció a los grandes grupos capitalistas.
Nuestro partido, el PST, que tuvo un centenar de militantes asesinados, fue parte activa de la lucha contra la dictadura desde su mismo inicio. Algunos compañeros se tuvieron que exiliar por la persecución, mientras que el grueso seguimos aquí militando en la clandestinidad.
Año a año, la resistencia obrera, popular y democrática fue creciendo. El 30 de marzo de 1982 hubo una fuerte huelga general con movilización. La dictadura buscó desviar ese ascenso y el 2 de abril ocupó las Malvinas. Pero jamás planeó enfrentar a fondo a Gran Bretaña y EE.UU.
Ante su traición a esa guerra antiimperialista justa, la bronca popular volvió con fuerza redoblada contra la Junta Militar y la volteó en pocos meses.
Una lucha ejemplar por justicia
La lucha incansable por lograr verdad sobre los delitos de lesa humanidad y castigo a sus responsables empezó a poco de instalado el gobierno militar. Desde abril de 1977, cada jueves las Madres de Plaza de Mayo hacían sus rondas, en las que tuvimos el orgullo de participar. Y en octubre se organizaron las Abuelas, en busca de sus nietas y nietos apropiados por los represores. Caída la dictadura, al ir saliendo a luz los horrores, la lucha por los derechos humanos se potenció y ganó apoyo social. Del otro lado, la dictadura y los sucesivos gobiernos buscaron preservar lo más posible el aparato militar y policial imprescindible para la clase capitalista. Hubo varios intentos de impunidad, pero todos fueron derrotados:
- A fin de 1983, con la vuelta de la democracia, el Congreso derogó el decreto-ley de autoamnistía militar. Y se creó una comisión especial, la Conadep, que recibió miles de denuncias sobre las desapariciones.
- En 1985, el gobierno de Alfonsín sólo enjuició a los nueve comandantes de las tres Juntas militares. Como crecían las denuncias, a fin de 1986 Alfonsín hizo votar la Ley de Punto Final. La lucha siguió.
- En 1987, la rebelión «carapintada» reclamó la impunidad de los genocidas. Hubo masivas marchas a los cuarteles y a Plaza de Mayo. Alfonsín dijo «la casa está en orden» y poco después hizo votar la Ley de Obediencia Debida. La lucha siguió.
- En 1989 y 1990, Menem decretó los indultos a unos 300 genocidas y un par de jefes guerrilleros. La lucha siguió.
- En 1998 se votó una tramposa «derogación» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, manteniendo la impunidad previa. La lucha siguió.
- El Argentinazo de diciembre de 2001 dio vuelta todo. Y en agosto de 2003 se aprobó la nulidad de las leyes de impunidad y así se reabrieron los juicios a los genocidas. Hasta hoy hay 1.044 represores condenados en 264 sentencias, otros 602 están procesados y 806 fallecieron sin sentencia3.
Si bien falta enjuiciar y castigar a muchos genocidas y sus cómplices civiles, estas condenas son un ejemplo a nivel internacional: en ningún otro país del mundo sus tribunales juzgaron un genocidio cometido por el propio Estado. Esa gran victoria del movimiento de derechos humanos hace que éstos y las libertades democráticas tengan un alto valor para la mayoría de nuestro país.
Pero los gobiernos kirchneristas hicieron una lamentable utilización de los derechos humanos, que incluyó la cooptación política y económica de organismos como las Madres, las Abuelas y otros, antes independientes del poder de turno. Esto ha causado una división del movimiento y un evidente desgaste político de tan legítima bandera, que a su vez la derecha, negacionista del genocidio, fogonea y aprovecha.
Vuelta de página o Memoria, Verdad y Justicia
En febrero de 2020, Alberto Fernández llamó a «dar vuelta la página» con respecto a las FF.AA. Esa es la estrategia de todos los políticos de la burguesía: recomponer el aparato represivo, tan desprestigiado, al que necesitan para «normalizar» el país en modo capitalista e imponer sus planes. El FMI, que ayer financió a la dictadura genocida, hoy pretende más ajuste. Y el ajuste no pasa sin represión. Por eso no es casual que en 2021 el rubro en que más invirtió el gobierno fue en equipamiento militar: $ 15.719 millones, casi un 25% del total de bienes de capital4 .
Ante este 24 de Marzo, los organismos de derechos humanos afines al gobierno se limitan a repudiar el golpe, recordar a les 30.000 y su consigna es «volvemos a marchar a la Plaza». O sea, cero reclamo de ayer ni de hoy, cero mención al FMI.
En cambio, como Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que desde el CADHU y el MST integramos junto a decenas de organizaciones populares, logramos pasar al 25 de marzo el partido Argentina-Venezuela y el 24 llenaremos todas las plazas del país con las demandas históricas y actuales5 . La consigna principal es 30.000 detenidxs-desaparecidxs, presentes. No al acuerdo gobierno-FMI. Y vamos a Plaza de Mayo antes que los sectores oficialistas, que siempre ralean al Encuentro. ¡El 24 marchá con nosotres!
- ONU, Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
- La mayor parte de esos crímenes aún sigue impune.
- En www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad (24/9/21).
- La Nación, 2/3/22.
- Entre otras, la aceleración y unificación de los juicios, restitución de la identidad a les jóvenes apropiades, apertura de todos los archivos de la represión, no a las prisiones domiciliarias de genocidas, cumplimiento de las leyes reparatorias, repudio a la represión a las luchas, cierre de causas contra activistas populares, libertad a las presas y presos políticos (Milagro Sala, Sebastián Romero, Facundo Molares, etc.), justicia para las víctimas de gatillo fácil policial y femicidios de uniforme.