A la última dictadura, en casi todo el movimiento de derechos humanos la solemos llamar cívico-militar o cívico-eclesiástico-militar. Es que los partidos patronales y la cúpula católica fueron sus cómplices. Pero en realidad habría que llamarla cívico-eclesiástico-empresarial-imperialista-militar, dado el rol activo de esos sectores en alentar y apoyar a la dictadura.
No empezó el terrorismo de Estado con el golpe, sino antes. Desde 1974 ya empezó a actuar la Triple A, banda armada de ultraderecha que articuló el ministro de Bienestar Social, «el Brujo» José López Rega, mano derecha del general Perón y su esposa Isabel. Agrupó a fachos de la derecha peronista, de la Policía Federal, de la burocracia sindical y algunos milicos. La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) cometió atentados con bombas, secuestros y el asesinato de más de mil activistas populares, entre ellos los que sufrió nuestro partido.
Luego, en 1975, comenzó el «Operativo Independencia». Con su nefasto Decreto 261, el gobierno de Isabel Perón ordenó «neutralizar y/o aniquilar» a un foco de guerrilla que actuaba en Tucumán. Bajo la excusa de la «guerra antisubversiva» asesinaron a combatientes y activistas. En la causa judicial del caso se registran casi 300 víctimas(1), pero se estima que hubo alrededor de mil. Hubo tortura, desaparición forzada y centros clandestinos de detención. Es así como surgieron los métodos represivos que luego la dictadura multiplicaría en el genocidio.
Responsabilidades y complicidades
· El imperialismo de EE UU fue un promotor y sostén basal de la dictadura, buscando apagar los vientos de cambio que recorrían el Cono Sur. Así, el gobierno yanqui alentó los golpes y el «Plan Cóndor» (coordinación represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), les dio respaldo político, dictó sus planes económicos y el FMI las financió.
En este sentido, nuestra compañera Vilma Ripoll, junto a Patricia Walsh y el ya fallecido Mario Cafiero, presentaron años atrás ante la Corte Suprema una querella contra el Fondo y sus funcionarios como copartícipes necesarios en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
· Como dijimos, el PJ desde el gobierno orquestó la Triple A y el Operativo Independencia. Desde la otra pata del bipartidismo, Balbín, el máximo líder de la UCR, acusaba al activismo obrero de guerrilla fabril y ante el golpe declaró: «No tengo soluciones». Con la dictadura ya en el poder, el PJ y la UCR le aportaron cientos de intendentes, funcionarios y embajadores, igual que el viejo PS gorila. Y el PC, dados los vínculos de Moscú por interés comercial, durante años se negó a condenar al gobierno militar(2).
· La Curia, salvo honrosas excepciones, apoyó a las sucesivas Juntas Militares. Obispos y curas mentían a las madres que, desesperadas, preguntaban por sus hijas e hijos desaparecidos. El embajador del Vaticano, Pío Laghi, jugaba al tenis con el genocida Massera. El actual Papa, Bergoglio, fue procesado por desproteger y entregar a dos curas. Y el capellán policial Von Wernich está condenado por participar en homicidios y torturas.
· En cuanto a los medios de comunicación hegemónicos, sus editoriales eran funcionales cuando no elogiosos del orden represivo impuesto por los militares.
· A su vez, el Poder Judicial se asimiló al poder dictatorial y rechazaba los hábeas corpus presentados en favor de las compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos. Inclusive hoy siguen atornillados a sus cargos algunos jueces federales puestos a dedo durante aquellos años.
· En el caso de la burocracia sindical, el líder de la CGT, Casildo Herreras, huido a Uruguay poco después del golpe confesó «me borré» tras haber abandonado a su suerte a la clase trabajadora. Mucho peor es el caso del burócrata Gerardo Martínez, del gremio de la Construcción: fue uno de los 4.000 agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, una pieza clave del engranaje represivo. Eterno capo de la UOCRA y la CGT, hoy además integra el Consejo Económico Social que lanzó Alberto Fernández…
El golpe del ’76 tuvo un indiscutible contenido de clase. Su principal objetivo fue derrotar el ascenso obrero y popular que cruzaba el país, liquidar toda organización colectiva y de ese modo garantizar la explotación capitalista a sangre y fuego. Junto al respaldo de las cámaras patronales a los militares, grandes empresas como Ford, General Motors, Mercedes Benz y otras entregaban a las comisiones internas y delegados combativos a la represión, delitos que en buena medida aún continúan impunes.
Entre las y los 30.000 detenidos-desaparecidos hay, por cierto, dirigentes peronistas, radicales, sindicales, curas, periodistas y hasta un par de empresarios. Otros y otras sufrieron persecución y cárcel. Pero nada de eso niega la clara responsabilidad y complicidad que el PJ, la UCR, la Iglesia, la justicia y la burocracia sindical como instituciones, y la burguesía como clase, tuvieron respecto de la dictadura genocida.
Construcción de impunidad, lucha por justicia
La última dictadura fue la más cruenta que padeció el país. Pero a pocos meses de su inicio arrancó la pelea en defensa de los derechos humanos, con las madres peregrinando por comisarías, iglesias y oficinas de gobierno en busca de sus hijas e hijos «desaparecidos». En abril de 1977 iniciaron sus rondas alrededor de la Pirámide, frente a la Casa Rosada: las queridas Madres con sus pañuelos blancos, las «locas de la Plaza de Mayo». En octubre de aquel mismo año se organizaron las Abuelas, en busca de sus nietas y nietos apropiados por los represores. Unos pocos abogados y abogadas, entre ellos los de nuestro PST, batallaban ante la justicia. Y a nivel político sólo desde la izquierda como partido, más algunos referentes de la centroizquierda a título individual, tomamos en nuestras manos las banderas de lucha por justicia y contra la impunidad.
Caída la dictadura tras la Guerra de Malvinas, el movimiento por los derechos humanos se potenció y la mayoría de la sociedad, al ir conociendo el horror, acompañó esa lucha. Por el contrario, la dictadura y los gobiernos patronales que se sucedieron en el poder trataron de poner barreras al juicio y castigo a fin de preservar lo más posible a las fuerzas armadas y policiales. Esa construcción de impunidad incluyó las siguientes maniobras del régimen:
· Antes de caer, en setiembre de 1983, la dictadura dictó el Decreto-ley 22.924 de «pacificación nacional»: una autoamnistía para todos sus crímenes. El candidato presidencial del PJ, Ítalo Luder, la respaldó. Pero la lucha por justicia siguió. En diciembre, a poco de asumir Alfonsín, el Congreso derogó la autoamnistía y se creó la CONADEP(3) para recibir denuncias sobre las desapariciones. Y en 1984 se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense.
· En 1985, bajo gobierno de Alfonsín, se inició el juicio a las Juntas militares en tribunales civiles. Al salir a luz los aberrantes delitos cometidos y restos humanos, el clamor popular crecía. No obstante, la línea del gobierno de la UCR fue juzgar sólo a los nueve comandantes de las tres juntas dictatoriales. Pero la lucha por justicia siguió.
· Como las denuncias judiciales contra los milicos no cesaban, a fines de 1986 Alfonsín propuso y el Congreso votó la Ley 23.492 de Punto Final: daba de 30 a 60 días de plazo para la prescripción de la acción penal. Pero la lucha por justicia siguió.
· En la Semana Santa de 1987, la rebelión «carapintada» al mando de Aldo Rico exigió la impunidad de los genocidas. En repudio, cientos de miles nos movilizamos a los cuarteles y a Plaza de Mayo, en donde Alfonsín dijo «la casa está en orden». Todos los partidos del sistema, con el PC a la cola, firmaron el acta de rendición: en junio el Congreso votó la Ley 23.521 de Obediencia Debida, que dejaba impunes a quienes «cumplían órdenes de sus superiores». Pero la lucha por justicia siguió.
· Entre 1989 y 1990, el presidente peronista Menem decretó los indultos a unos 300 represores y un par de jefes guerrilleros. Pero la lucha siguió, con enormes marchas, y, aun sin efectos penales, en varios tribunales del país se iniciaron los llamados juicios por la verdad.
· En marzo de 1998, también con Menem presidente, el Congreso aprobó una tramposa «derogación» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero derogar no es anular: las leyes no regirían a futuro, pero todo lo anterior quedaba tal cual, es decir impune. Pero la lucha siguió.
Diciembre de 2001 trajo el Argentinazo, que dio vuelta todo. Néstor Kirchner supo «leer» políticamente que ya no se podía seguir gobernando como antes. Es así que en agosto de 2003 el Congreso aprobó la Ley 25.779 de nulidad de ambas leyes de impunidad. En realidad, el PJ tenía otro proyecto: la no oponibilidad, tan tramposo como la derogación trucha del ’98, que sólo regía para genocidios futuros. El único proyecto genuino de nulidad era el de nuestra entonces diputada nacional Patricia Walsh (Izquierda Unida). Ésa es la verdad: el oficialismo se lo pidió, lo copió, lo presentó y se aprobó.
Con esa gran victoria democrática, por fin, se reabrieron los juicios a los genocidas. Hasta hoy se han dictado 250 sentencias, con 1.013 personas condenadas y 164 absueltas, y aún quedan 373 causas sin sentencia. Aun así, el 70% de los fallos son recurridos y se tarda un promedio de cinco años desde el juicio oral hasta la sentencia firme. Además, 692 represores murieron antes de tener sentencia(4).
El último intento de impunidad fue en mayo de 2017, cuando la Corte Suprema concedió el beneficio del «2×1» a un genocida, rebajando su tiempo de prisión. Una marea popular lo repudió en las calles y al otro día el Congreso tuvo que aprobar la nulidad de ese fallo por ley.
Importantes logros y tareas pendientes
Para valorar los datos, comparar ayuda. Si se estima que en nuestro país llegaron a funcionar unos 600 centros clandestinos de detención, tortura y extermino, 1.013 condenados implica 1,7 por cada centro, lo cual es poco. Las causas se están desacelerando y eso da lugar a casos de verdadera impunidad biológica, porque no pocos represores mueren sin condena. Además el 74% de los detenidos, o sea 638, en vez de estar en cárcel común gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. También falta recuperar la identida de cerca de 300 bebés robados por los genocidas. Falta juzgar las complicidades. Falta que el Estado cumpla con las leyes reparatorias a ex presas y presos políticos, exiliadas y exiliados, hijas e hijos y familiares de las víctimas del genocidio. Falta la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado. Falta la libertad de las presas y presos políticos, como Milagro Sala y Sebastián Romero, así como desprocesar a todos los activistas populares y desmantelar el aparato represivo incluida la AFI, la ex SIDE.
Pero decir sólo lo que falta sería una mirada parcial. A la vez, la Argentina es el único país del mundo cuyos tribunales condenaron un genocidio cometido por su propio Estado5. Esa conquista en materia de derechos democráticos, expresada en las condenas, así como la recuperación por las Abuelas de la identidad de 116 nietas y nietos apropiados por los represores, son un mérito indiscutido de nuestro movimiento de derechos humanos, que es un auténtico ejemplo a escala mundial.
Por el genocidio nazi, el peor ocurrido en la historia contemporánea, que asesinó a más de 10 millones de personas y llevó a la Segunda Guerra Mundial, hubo apenas unos 150 genocidas condenados: 19 de ellos por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el resto por la justicia alemana durante 75 largos años. En nuestro caso, en cambio, fueron tribunales civiles, del mismo país y por un genocidio 300 veces menor al nazi condenaron a seis veces más represores. Esto también marca la magnitud de lo conquistado en la Argentina, sin negar todo lo pendiente.
Cooptación K y negacionismo PRO
No obstante, el curso del movimiento de derechos humanos no fue ni es lineal. Desde la derecha, enfrentamos dos problemas: el negacionismo del genocidio -con Macri a la cabeza- y la pretensión de revalidar la teoría de los dos demonios, que errada e intencional-mente iguala el terrorismo de Estado a las acciones equivocadas de la guerrilla. Hay que despejar toda confusión: no hubo guerra, hubo genocidio; y el único que viola los derechos humanos es el Estado, precisamente porque es quien se supone que debería protegerlos. La aparición de bolsas negras simulando cadáveres y con nombres de figuras ligadas al gobierno en recientes marchas convocadas por la derecha macrista remite a esas repudiables posturas.
Pero desde los gobiernos peronistas, ayer los Kirchner y hoy los Fernández, también hay problemas: el intento de tergiversar la historia y apropiarse de la lucha por los derechos humanos, la lamentable cooptación que lograron de organismos reconocidos -como Madres, Abuelas e H.I.J.O.S. Capital- y, aun sin nombrar los dos demonios, el intento de reconciliar al pueblo con las FF.AA., policiales y de seguridad. Así como el Papa siempre propone esa reconciliación, en febrero de 2020 Alberto Fernández llamó a «dar vuelta la página». Es que toda la política patronal, pese a sus diferencias, busca recomponer el desprestigiado aparato represivo argentino porque sabe bien que ningún ajuste pasa sin represión.
Por los derechos humanos, ayer y hoy
A contramano de esas políticas, en 1996 nació el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para coordinar la movilización del 20º aniversario del golpe. De ese espacio unitario que nuclea a decenas de organizaciones populares se retiraron entre 2006 y 2007 los organismos y sectores cooptados por el gobierno kirchnerista y en 2020 también lo hizo el PCR, que se sumó al Frente de Todos. En cambio, y más allá de los lógicos debates, en estos 25 años de lucha el EMVJ siempre mantuvo su carácter independiente del Estado y de todos los gobiernos de turno.
Nuestra corriente política integra el Encuentro desde su fundación, participa activamente de las iniciativas conjuntas y a fines de 2007 constituimos también el CADHU: nuestro Centro de Abogades por los Derechos Humanos, interviniendo en causas de lesa humanidad, represión policial y detenciones, femicidios y violencia de género, conflictos y amparos laborales, espionaje de la AFI, vivienda y otros derechos.
Entre otros hechos, la estrategia de reconciliación con los milicos y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro y los casos de gatillo fácil y muertes a manos del Estado, la represión a la toma de viviendas de Guernica y otras protestas sociales, el despliegue represivo y de control social con la excusa de la cuarentena y las concesiones presupuestarias a militares y salariales a policías por parte del presidente Alberto Fernández, que además ratificó en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso confirman la necesidad de proseguir la lucha consecuente en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy.
1 Según el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de las 296 víctimas judicializadas, el 50% eran trabajadores, empleados estatales y sus familiares, el 15% delegados y dirigentes sindicales, el 8% cuenta-propistas y pequeños comerciantes, el 7% guerrilleros, el 5% profesionales, el 4% estudiantes universitarios y el 2% militantes de izquierda no guerrillera.
2 «Ya en agosto de 1977, el PC respaldó el rumbo elegido por Videla como ‘el camino adecuado para ganar la paz, aventar el peligro del pinochetismo y de las amenazas exteriores y encontrar soluciones económicas, políticas, sociales y culturales que el país necesita’. El comunicado, en una época en que a los partidos políticos les costaba llegar a los medios de comunicación, fue reproducido por el diario La Opinión, en manos de los militares desde el secuestro de su director, Jacobo Timerman, en marzo» (nota de Daniel Gutman en Infobae, 28/1/20).
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por personalidades, en sólo nueve meses recopiló denuncias sobre unos 9.000 casos y emitió su informe final, titulado Nunca más.
4 En 14 años de juicios, se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas. 30/12/2020, en la web www.fiscales.gov.ar
5 Inclusive, el Ministerio Público Fiscal nacional tiene una Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.