El 13 de junio de 2014, Andrés, un joven de 20 años, estudiante de Seguridad e Higiene Industrial, recibió un tiro en la nuca durante un “control” por parte de dos gendarmes en la Ruta 7, en Mendoza. Su familia continúa pidiendo el avance de la causa, que lleva 10 años sin respuestas.
En el contexto de un gobierno como el de La Libertad Avanza, que busca constantemente deslegitimar toda causa por la defensa de los derechos humanos y garantizar la impunidad de las fuerzas represivas, es difícil imaginar la transparencia en la resolución de un caso de gatillo fácil. Pero esto no es una novedad en la historia de nuestro país. Sin hacer un gran esfuerzo de memoria podemos recordar los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, con la presión de una inmensa operación de los medios hegemónicos para defender a Prefectura y Gendarmería, respectivamente, o el de Blas Correas, con encubrimiento de pruebas por parte de la Policía de Córdoba.
El caso de Andrés García Campoy presenta muchos elementos que también permiten vislumbrar un evidente encubrimiento de los hechos desde el día cero, y un deliberado esfuerzo de protección a los efectivos de Gendarmería involucrados.
Por empezar, el crimen tuvo lugar en la Ruta 7, kilómetro 1060, donde los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez se encontraban realizando la tarea del desvío de camiones, ya que ese día se encontraba cerrada la frontera con Chile, por lo cual no tenían indicación alguna de controlar vehículos particulares. A pesar de ello, detuvieron el Peugeot 504 en el que Andrés se trasladaba, sin conocerse hasta hoy el motivo de esta exigencia. Minutos más tarde, tras un intercambio de palabras del cual no hay registro, Andrés recibió un disparo en la nuca.
Los gendarmes intentaron deslizar la versión de que el joven los había amenazado con una vieja carabina de 1890 que, según cuenta Mónica Campoy, la mamá de Andrés, este trasladaba para vender como reliquia a un conocido en su destino, tras lo cual, el joven se habría disparado. Esta versión fue descartada tras las pericias iniciales que demostraban que Andrés no presentaba en las manos ni en su ropa vestigios de pólvora que ratificaran esa posibilidad, además de la trayectoria de la bala que ingresó por detrás de su oreja izquierda, en una posición de disparo poco factible para ser realizada por él mismo.
El primero en tomar la causa fue el fiscal Jorge Calle, quien la caratuló como homicidio agravado por las fuerzas de seguridad, al sospechar del relato de los gendarmes. Pero al pasar a la Justicia Federal, a manos del juez Walter Bento, la misma quedó estancada, sin que se peritara el celular de Andrés, que fue devuelto destruido a la familia, ni una pericia forense al cuerpo del joven, cuya exhumación fue rechazada por Bento.
El juez dictó además la falta de mérito a los gendarmes, quienes continuaron ejerciendo sus funciones, y en varias ocasiones se refirió al caso públicamente como un suicidio, pese a no haberse profundizado la investigación. Motivos suficientes para que la familia de Andrés apuntara al juez como responsable del estancamiento posterior de la causa.
En 2021, Walter Bento fue procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, lavado de activos, así como por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor. Estaba acusado de pedir coimas a personas imputadas por delitos federales para obtener su libertad o la desvinculación en sus causas. Toda una muestra de corrupción que permite considerar fácilmente la posibilidad de que estuviera implicado de la misma forma en el caso del homicidio de Andrés1.
Pasan los gobiernos, queda el gatillo fácil
Es una obviedad mencionar que un caso como el de Andrés no es inusual. Pero siempre es necesario recordar que los casos de gatillo fácil no sucederían con la misma frecuencia si las fuerzas represivas no contaran con la complicidad del Poder Judicial y el respaldo político de los gobiernos de turno, que al acontecer estos hechos se apuran a hablar de “excesos individuales” en lugar de entablar la discusión del rol y la formación de las fuerzas de seguridad.
Mónica afirmó en una entrevista brindada hace 2 años que jamás fue contactada por ningún funcionario del Poder Ejecutivo.
Ni la Ministra de Seguridad de aquel entonces, Cecilia Rodríguez, ni Patricia Bullrich (de quien era aún menos esperable, teniendo en cuenta su actuación en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre otros), ni Sabina Frederic tuvieron a bien en algún momento exigir el avance de la causa, pese a la insistencia de la familia de Andrés, que agotaron los medios posibles para reclamar la intervención de algún cargo ministerial o ejecutivo.
En aquella entrevista mencionó también lo siguiente: “Berni tanto que se llena la boca que a él no le hubiera pasado lo de Santiago Maldonado, a él le pasó. Le pasó en el año 2014 con mi hijo. Con un chico que era estudiante, que no tenía antecedentes de nada mi hijo, y lo mataron como un perro. Eso pasó el 13 de junio del año 2014 cuando él era el Ministro de Seguridad (sic). Ni siquiera me llamaron, al contrario, quisieron tapar todo”2 . Cabe recordar que en su cargo de Secretario de Seguridad de la Nación en esos años, Sergio Berni era la cara mediática del Ministerio del que formaba parte.
Desde 2022, el expediente pasó a manos del juez federal Pablo Quirós, quien ordenó la inspección del cuerpo del joven, así como la toma de testimonios a gendarmes, policías y médicos que intervinieron el día del hecho, lo cual no fue solicitado en los 8 años que la causa llevaba cajoneada hasta ese momento.
A 10 años del asesinato de Andrés, seguimos exigiendo justicia para él y su familia, así como para todas las víctimas de gatillo fácil y juicio y castigo a todos los responsables.
Nacho Márquez