Desde la denominada “Argentina Week” en París, Javier Milei volvió a desplegar un discurso en el que la crisis económica queda desplazada por una narrativa de enemigos internos, conspiraciones y supuestos ataques contra su Gobierno. Habló de “siete intentos de golpes de Estado”, de “gente haciendo actos terroristas en la calle” y volvió a sostener que expulsó a 30.000 terroristas. Claramente, los datos públicos no respaldan ninguna de estas afirmaciones.
Un Gobierno siempre bajo amenaza
Javier Milei llevó a París su particular interpretación de la realidad argentina. En medio de la llamada “Argentina Week”, el Presidente volvió a presentar las dificultades de su gestión como el resultado de una ofensiva permanente contra su Gobierno.Según sus propias palabras, debió enfrentar “siete intentos de golpes de Estado”, además de “40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal”, “la gente haciendo actos terroristas en la calle” y operadores del mercado que buscaban “romper todo”.
La utilización del término “golpe de Estado” para referirse a los mecanismos institucionales que contempla la democracia —como los pedidos de juicio político— no es un detalle menor. Milei sostiene que esos episodios fueron intentos destinados a derribar su Gobierno, mientras que la existencia de esos mecanismos forma parte de las herramientas constitucionales de control del Poder Ejecutivo.
Así, cualquier cuestionamiento institucional, protesta callejera o resistencia a las políticas oficiales puede terminar incorporado a un mismo relato: el de un Presidente permanentemente asediado.
“30 mil terroristas”: una cifra sin respaldo
El discurso se vuelve todavía más grave cuando Milei habla de terrorismo. El Presidente afirmó que durante su gestión fueron expulsados 30.000 terroristas, a razón de 10.000 durante 2025 y 20.000 durante 2026, y aseguró que se trataba de personas que ingresaban al país para “tratar de dinamitar el modelo argentino”.
Sin embargo, los registros disponibles están muy lejos de esa cifra. Según datos del Ministerio de Seguridad, durante 2026 se registraron 744 expulsiones y 18.947 rechazos de ingreso. Estos últimos corresponden principalmente a personas que no cumplían requisitos migratorios y no constituyen expulsiones por terrorismo.
Además, los datos de CAREF registran 535 expulsiones en 2023, 739 en 2024, 920 en 2025 y 470 durante el primer semestre de 2026. Ninguno de esos registros permite sostener la existencia de decenas de miles de expulsiones por terrorismo.
De la protesta social al “terrorismo”
El problema político de este discurso no reside solamente en una cifra que no aparece respaldada por las estadísticas. También está en la utilización de categorías asociadas a amenazas excepcionales para describir conflictos sociales y políticos.
En los últimos años, Milei ha utilizado reiteradamente la idea de que existen sectores dispuestos a “voltear” al Gobierno. Ahora incorpora directamente la palabra “terrorismo” para referirse a quienes, según su relato, intentan impedir el funcionamiento de su programa económico.
La diferencia entre una protesta, una huelga, una movilización política y un acto terrorista no es semántica: tiene consecuencias jurídicas y políticas concretas.
El propio debate legislativo sobre la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional aparece atravesado por esta discusión. Organizaciones de derechos humanos y especialistas advirtieron que la expansión de la agenda antiterrorista puede utilizarse para ampliar la vigilancia estatal y restringir derechos bajo argumentos de seguridad nacional.
El relato de la conspiración frente a una economía que no despega
La construcción de enemigos aparece además en un momento en que el Gobierno necesita explicar por qué la recuperación prometida no se traduce de manera homogénea en las condiciones de vida.
Desde París, Milei volvió a insistir con sus pronósticos optimistas y aseguró que “2028 va a ser el mejor año de la historia”, además de afirmar que dispone de una “bazuca de dólares” y anticipar que será reelegido. Estas afirmaciones son parte de un discurso alejado de los problemas económicos concretos que enfrenta el país.
Mientras tanto, el propio Presidente insiste en negar las señales negativas de la economía. Días atrás había afirmado: “No hay recesión, hay desaceleración del ritmo”, pese a los indicadores que muestran debilidad del consumo y de distintas ramas de la actividad.
El mecanismo discursivo resulta conocido: frente a cada dificultad aparece un responsable externo o interno. La oposición, quienes protestan, los sindicatos, los migrantes, los organismos internacionales o supuestos operadores del mercado pueden convertirse en piezas de una misma explicación.
Una retórica que corre el eje
El punto central para discutir este discurso es qué queda fuera de escena cuando toda la política se explica mediante conspiraciones. Quedan en segundo plano los salarios, las jubilaciones, el empleo, el consumo, la situación de las universidades y hospitales, el endeudamiento de los hogares y las consecuencias concretas de las reformas económicas.
El debate deja de ser entonces qué políticas se aplican, quiénes se benefician y quiénes soportan sus costos, para transformarse en una disputa permanente contra supuestos enemigos.
La denuncia de “golpes de Estado” y “terroristas” debería ser acompañada por pruebas concretas, causas judiciales y datos verificables. En el caso de los 30.000 supuestos terroristas expulsados, los registros públicos conocidos no permiten corroborar la cifra presidencial.
Milei puede presentar en París su “bazuca de dólares” y prometer que 2028 será “el mejor año de la historia”. Pero las consignas no reemplazan los datos. Y cuando el discurso presidencial necesita convertir la protesta social en terrorismo y los mecanismos institucionales en “golpes de Estado”, la discusión sobre el rumbo económico queda peligrosamente desplazada por una narrativa de enemigos permanentes.
