El fiscal Gerardo Pollicita pidió verificar las ocho billeteras de Bitcoin con las que Manuel Adorni intenta justificar casi 600 mil dólares y reconstruir el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa desde 1998. La investigación busca determinar si los ahorros y las operaciones que invoca su defensa tienen respaldo real y si alcanzan para explicar los gastos, las propiedades y las refacciones que quedaron bajo sospecha.
Las billeteras cripto, bajo la lupa judicial
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la apertura y verificación de las billeteras de Bitcoin que el exjefe de Gabinete presentó como parte de su explicación patrimonial.
La medida apunta a comprobar la autenticidad de las operaciones con criptomonedas que, según la defensa del exfuncionario, le habrían permitido acumular US$591.544,61 antes de ingresar al Gobierno de Javier Milei.
Pollicita también pidió reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde 1998 y ampliar los peritajes sobre sus ingresos, declaraciones tributarias y antecedentes laborales. El objetivo es determinar si los ahorros que invoca la pareja tienen respaldo documental y si resultan compatibles con los gastos e inversiones realizados durante los últimos años.
Casi 600 mil dólares que Adorni atribuye a Bitcoin
La explicación presentada por la defensa sostiene que Adorni comenzó a invertir en criptomonedas entre 2014 y 2018 y que esas operaciones le permitieron obtener una suma cercana a los 600 mil dólares.
Según esa versión, los fondos fueron reinvertidos y luego convertidos en efectivo, que el exfuncionario habría guardado en su domicilio, fuera del sistema bancario. La defensa sostiene que esos ahorros explican parte del dinero utilizado posteriormente para afrontar gastos, viajes, operaciones inmobiliarias y refacciones. También presentó documentación contable y técnica para respaldar su reconstrucción de los movimientos financieros.
Sin embargo, la fiscalía busca comprobar si las operaciones efectivamente existieron, si las direcciones de Bitcoin corresponden a las que declaró Adorni y si los montos y las fechas coinciden con la explicación presentada.
El punto central es establecer si el patrimonio que el exfuncionario atribuye a inversiones anteriores a su llegada al Estado puede verificarse de manera independiente.
Ocho direcciones y una pericia sobre las operaciones
El procedimiento solicitado por Pollicita contempla la intervención de especialistas de la Policía Federal para verificar las ocho direcciones de Bitcoin declaradas por Adorni. La defensa deberá presentarse con su perito de parte y facilitar el acceso técnico a las billeteras. El procedimiento será registrado y las claves privadas quedarán preservadas bajo custodia, con el objetivo de resguardar la evidencia digital y garantizar la participación de las partes.
La pericia permitirá comprobar la titularidad técnica de las direcciones y verificar las operaciones que se presentaron como respaldo de los ahorros. Pero también deberá establecerse si esos movimientos permiten reconstruir de manera consistente el origen del dinero y su posterior utilización.
La cuestión no es menor: la existencia de una billetera o el control actual de sus claves no demuestra por sí solo que los fondos hayan pertenecido a Adorni en el período que invoca ni que las ganancias declaradas se hayan obtenido efectivamente en las fechas señaladas.
Los gastos que no cerraban
La investigación se originó en las diferencias detectadas entre los ingresos declarados por Adorni y su esposa y los gastos realizados durante su paso por la función pública.
Entre las operaciones que quedaron bajo análisis figuran la compra de propiedades, los viajes al exterior, los alquileres y las refacciones de inmuebles. La fiscalía también examinó pagos en efectivo y otros movimientos cuya documentación fue cuestionada.
En una de las reconstrucciones patrimoniales difundidas durante la causa, se había señalado una diferencia de alrededor de US$402.578 en gastos en moneda extranjera que no encontraban una explicación suficiente en los recursos declarados, además de un desfasaje de ingresos y egresos en pesos. La defensa cuestionó esos cálculos y presentó su propia versión de las operaciones.
Entre los puntos que deberán aclararse se encuentran los pagos por refacciones en una propiedad de Indio Cuá y los gastos vinculados con la compra y acondicionamiento de un departamento en Caballito.
La investigación busca establecer si los recursos que Adorni dice haber acumulado antes de asumir como funcionario alcanzan para explicar esas operaciones y el crecimiento de su patrimonio.
La reconstrucción patrimonial desde 1998
Además de la pericia sobre las billeteras, Pollicita pidió ampliar la investigación sobre la situación económica de Adorni y Angeletti. El requerimiento contempla información tributaria, declaraciones juradas, impuestos a las ganancias y bienes personales, inscripciones en regímenes fiscales, operaciones de compra de moneda extranjera y antecedentes laborales.
El período solicitado comienza en 1998 para Adorni y en 2000 para su esposa, con el objetivo de reconstruir sus ingresos y bienes desde que alcanzaron la mayoría de edad. La fiscalía también busca información sobre inmuebles, eventuales adhesiones a blanqueos y moratorias y otros movimientos patrimoniales.
La ampliación temporal apunta a contrastar la explicación de los ahorros acumulados antes de la llegada de Adorni al Gobierno con la evolución posterior de sus bienes y gastos.
De la austeridad al patrimonio bajo sospecha
El caso tiene una dimensión política que excede la discusión contable. Adorni fue uno de los principales voceros del discurso de austeridad del Gobierno de Milei, que convirtió el ajuste del gasto público y la crítica a los privilegios de la política en una de sus principales banderas.
Ahora, el exfuncionario debe explicar ante la Justicia cómo se financió el nivel de gastos que quedó bajo investigación y qué respaldo tienen los ahorros que atribuye a sus operaciones con criptomonedas.
La pregunta que atraviesa la causa es si los ingresos y las inversiones que invoca su defensa resultan compatibles con la evolución patrimonial del matrimonio. Esa respuesta deberá surgir de la documentación y de las pericias, no de las declaraciones políticas ni de las explicaciones públicas.
El caso también vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el patrimonio de los funcionarios y la necesidad de que las declaraciones juradas permitan conocer con claridad el origen de los bienes y los recursos utilizados durante el ejercicio de la función pública.
Que se esclarezca el origen de los fondos
Las nuevas medidas judiciales buscan determinar si las billeteras de Bitcoin y los ahorros que invoca Adorni pueden explicar el crecimiento de su patrimonio. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades y, en caso de comprobarse, quiénes fueron responsables.
La defensa sostiene que los fondos provienen de inversiones anteriores a su llegada al Gobierno y presentó documentación para respaldar esa versión. La fiscalía, por su parte, considera necesario verificar técnicamente las operaciones y reconstruir los ingresos y gastos de la pareja.
La causa todavía no tiene una resolución definitiva. Pero la exigencia de transparencia es ineludible: quienes ocupan cargos públicos deben poder explicar el origen de sus bienes y el uso de sus recursos.
