El agotamiento de la paciencia y la encrucijada del conflicto universitario
A más de 330 días de la sanción y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), el sistema universitario y científico de la Argentina atraviesa la crisis más profunda y determinante de las últimas décadas. El gobierno de Javier Milei, lejos de registrar la contundencia de las movilizaciones de masas y los pronunciamientos institucionales, ha mantenido una política implacable de asfixia presupuestaria, provocación salarial y vaciamiento de las casas de altos estudios. La política oficial hacia el sector no es un mero desvío técnico ni un error de cálculo macroeconómico; constituye una ofensiva ideológica y material sistemática orientada a desmantelar la educación pública como derecho del pueblo argentino.
En este contexto, las instancias de negociación paritaria se han transformado en una verdadera provocación hacia la docencia universitaria. Las reuniones paritarias celebradas en el Ministerio de Capital Humano culminaron de manera escandalosa cuando las autoridades gubernamentales reconfirmaron su techo del 3% de incremento salarial para el mes de septiembre, una cifra que fue rechazada en forma unánime por la totalidad de las federaciones sindicales. Este guarismo insostenible se contrapone frontalmente con un desfasaje acumulado en el poder adquisitivo que supera holgadamente el 35% respecto a los parámetros estipulados por la propia ley vigente. La respuesta de las dirigencias gremiales de la docencia nacional ha sido el escalonamiento de las medidas de fuerza, incluyendo los paros de 48 horas realizados los días 18 y 22 de septiembre. Sin embargo, la persistencia de la intransigencia oficial demuestra que las medidas aisladas y de desgaste han alcanzado su límite y las base dicen basta.
Porque no alcanza con administrar el conflicto hasta la próxima Marcha Federal: necesitamos construir la fuerza necesaria para ganar. La comunidad universitaria no puede limitar su accionar a la mera administración del descontento ni a la contención de la bronca en los moldes de un calendario ritualizado y fragmentado.
Como está quedando de manifiesto en las recientes consultas en todo el país, la paciencia de las bases se ha agotado por completo. Se impone la necesidad de analizar sin atenuantes el estado de la bronca docente, las trampas leguleyas del Poder Ejecutivo, el rol vacilante de las dirigencias gremiales y la urgencia de confluir en un plan de lucha nacional con el paro por tiempo indeterminado y la huelga general se empieza a ubicar en el centro de la estrategia política.
La radicalización de la base docente: Los mandatos contundentes de Córdoba, Rosario y las universidades del país
El fenómeno político central que redefine el escenario universitario es el salto cualitativo en la disposición de lucha de las bases docentes. Frente al ahogamiento salarial y al abandono presupuestario, la docencia de las universidades nacionales ha comenzado a sobrepasar las pautas de contención moderada para adoptar mandatos de acción directa de alta contundencia.
Este proceso tuvo su canalización en la reciente Consulta Nacional Abierta impulsada de forma unificada por la CONADU nacional donde docentes e investigadores de todo el país votaron de manera simultánea utilizando la misma boleta y bajo las mismas opciones de profundización del plan de lucha.
Los resultados arrojados por esta consulta en los principales nodos universitarios del interior del país marcan una tendencia indiscutible hacia la radicalización. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), bajo la conducción del gremio COAD, se registró una participación masiva que superó los 2.287 afiliados que acudieron a las urnas ubicadas en las distintas facultades y unidades académicas. Los datos oficiales del escrutinio revelaron que la opción del paro por tiempo indeterminado se impuso con un categórico 50,81% de los votos].
De igual modo, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la docencia organizada en ADIUC protagonizó un proceso de alta participación donde se emitieron casi mil votos. A través de un sistema de boleta la opción que cosechó el mayor respaldo de la docencia cordobesa fue el paro por tiempo indeterminado con más del 52% de los votos. Le siguieron las opciones de unidad con el Frente Sindical (38%) y el paro de semana completa (27%), mientras que las propuestas de paros parciales de 24 hs (7%),) quedaron completamente desplazadas.
Tras evaluar los cómputos en su Plenario de Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados, ADIUC resolvió llevar al plenario nacional de CONADU un mandato claro e imperativo: ante las provocaciones del gobierno de Milei, es el momento de promover e iniciar el paro por tiempo indeterminado en todas las universidades.
Resultados similares con mandato mayoritario de paro por tiempo indeterminado se obtuvieron en la consulta en Mar del Plata, Santiago del Estero y General Sarmiento.
Los pronunciamientos masivos de Rosario, Córdoba y otras universidades no constituyen eventos aislados ni particularidades provinciales; representan la expresión más desarrollada de un mandato de base que se replica en numerosas universidades nacionales del país. La resolución de votar el cese indeterminado de actividades demuestra que la docencia comprende que la batalla salarial no se resolverá con paros aislados de un día o dos que el Gobierno absorbe sin modificar su orientación.
Por el contrario, la masividad de las consultas pone al descubierto una verdad política insoslayable: los docentes no están dispuestos a seguir presenciando la precarización y empobrecimiento de sus vidas, el vaciamiento de las cátedras, la renuncia sistemática de investigadores y la deserción de miles de estudiantes de las aulas públicas.
La Marcha de la Bronca como espejo: La fuerza social real contra las excusas de la burocracia
Para comprender la magnitud del proceso que comienza a vivirse en la docencia universitaria, es necesario inscribir la radicalización docente en el marco más general del descontento social que recorre a la clase trabajadora argentina. Esta dinámica quedó al descubierto en la la histórica “Marcha de la Bronca” realizada el sábado 19 de septiembre.
La jornada del 19 de septiembre constituye un hito de movilización donde una convocatoria masiva colmó de manera desbordante la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires con más de 70.000 manifestantes, al tiempo que se replicaba con manifestaciones multitudinarias en las principales plazas y capitales provinciales del país. Este fenómeno de autoconvocatoria popular puso en evidencia que existe una enorme reserva de fuerza social disponible para enfrentar y derrotar el plan de ajuste de Milei y sus aliados.
Las imágenes de la Marcha de la Bronca representaron un golpe demoledor contra la narrativa que cotidianamente difunden las direcciones burocráticas y tradicionales del movimiento obrero. Durante meses, las cúpulas de la CGT, de las dos CTA y de diversos aparatos sindicales han justificado su pasividad, su negativa a convocar a un paro nacional y su permanente política de tregua bajo el pretexto de que “no hay relación de fuerzas” o que “la sociedad no quiere luchar. La irrupción masiva del 19 septiembre derrumbó de manera definitiva esa excusa autojustificatoria: la disposición a combatir el ajuste está plenamente presente en la masa de la población, y son precisamente las burocracias sindicales las que actúan como freno y dique de contención contra el movimiento de masas.
Las bases docentes que hoy aprueban el mandato de paro por tiempo indeterminado nutren sus filas de esta misma experiencia social. No hay diferencias entre el reclamo universitario y la resistencia de los jubilados reprimidos, los estatales despedidos o los trabajadores del hospital Garrahan. La lección estratégica que arroja la Marcha de la Bronca es que la fuerza existe, pero debe ser organizada de manera independiente de los partidos patronales y de las burocracias conciliadoras. En el terreno universitario, esto exige que la indignación de los docentes y estudiantes sobrepase los marcos de la protesta pasiva que quieren imponer las direcciones para asumir una dinámica de ofensiva capaz de quebrar la parálisis de los aparatos y conquistar sus reivindicaciones.
La ofensiva judicial y la trampa leguleya del Ejecutivo: Intimación de Cormick y una apelación sin sustento jurídico
En paralelo al crecimiento de la rebelión desde abajo, el conflicto salarial y presupuestario ha tenido una derivación decisiva en el terreno judicial, donde la estrategia del Gobierno para evadir el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso muestra un nivel insostenible de descomposición institucional.
En una reciente resolución de alto impacto, el juez federal Martín Cormick intimó de manera categórica al Poder Ejecutivo Nacional para que, en el plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días, dé cumplimiento efectivo, total e integral a la medida cautelar que ordena recomponer de inmediato los salarios de docentes y no docentes y actualizar las partidas para las becas estudiantiles de acuerdo a los términos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Este plazo se cumple el próximo 30 de septiembre. En su dictamen, Cormick fue sumamente drástico al advertir que, en caso de no verificarse la aplicación de la medida en el lapso fijado, se procederá a la aplicación de sanciones y condenas económicas pecuniarias fijas— por cada día de demora, las cuales recaerán directamente sobre el patrimonio de los funcionarios del Estado involucrados.
La respuesta inmediata del Gobierno libertario ante la intimación judicial ha sido anunciar que presentará un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. A través de los voceros del Ministerio de Capital Humano —encabezado por Sandra Pettovello— y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro Álvarez, la Casa Rosada argumenta falsamente que el Estado ya habría dado “cumplimiento” a los requerimientos judiciales mediante la entrega de documentación y la ejecución de transferencias parciales.
Hay que dejar claro y denunciar esta anunciada apelación con absoluta severidad política y jurídica: se trata de una burda maniobra dilatoria que carece por completo de sustento legal e institucional. La medida cautelar en cuestión no es un fallo primario ni en estado de revisión probatoria; fue dictada originariamente por el juez Cormick el 23 de diciembre de 2025, posteriormente apelada por el Ejecutivo y ratificada en su totalidad por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Más aún: el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos extraordinarios presentados por los abogados del Estado, dejando la medida cautelar en estado firme y con autoridad de cosa juzgada formal.
Sin embargo, la experiencia reciente obliga a realizar una caracterización sumamente sobria sobre los límites de la vía judicial. Si bien los fallos favorables constituyen herramientas de denuncia y avalan la legitimidad de la demanda, la Justicia no resolverá el conflicto universitario por su propia dinámica burocráticay cómplice. Cuando las resoluciones judiciales firmes son ignoradas por un gobierno autocrático, el expediente corre el riesgo de transformarse en un intercambio interminable de vistas, informes y traslados donde el Poder Judicial actúa más como un “mediador de una negociación interminable” que como el poder obligado a hacer cumplir la ley.
Cada avance logrado en los tribunales ha sido consecuencia directa del estado de movilización popular en las calles. No se puede depositar expectativa alguna en la pasividad institucional: la cautelar solo se ejecutará efectivamente si es respaldada por una fuerza social en las calles capaz de doblegar la contumacia del Gobierno.
Las conducciones gremiales ante la encrucijada: CONADU y la necesidad imperiosa de asumir los mandatos de las bases
El escenario abierto por la radicalización docente en Córdoba, Rosario y diversos puntos del país coloca a las cúpulas gremiales en una encrucijada insoslayable. El plenario de secretarios generales de CONADU y la mesa del Frente Sindical Universitario se encuentran ante la obligación política de definir si serán los canalizadores de la voluntad de las bases o si operarán como amortiguadores del conflicto para evitar el desborde del Gobierno.
En este contexto, resulta imprescindible someter a un análisis crítico la propuesta enunciada desde algunos sectores del Frente Sindical (FATUN; FEDUM) bajo la denominación de “23 días de lucha y paro” en el trayecto hacia la quinta Marcha Federal del 15 de octubre. Dicha formulación genera una ilusión engañosa. Detrás de un nombre sugerente no se propone un plan de paro nacional unificado de 23 días, sino una táctica de regionalización y fragmentación de las medidas de fuerza. Esta orientación consiste en subdividir los días de huelga por regiones geográficas, repartiendo jornadas aisladas entre distintas universidades y, en casos como la UBA, parcelando los paros entre facultades de manera alternada.
La experiencia del conflicto universitario acumulada a lo largo de 2024 y 2025 demuestra de forma incontrovertible que el esquema de regionalizar los paros es profundamente equivocado y nocivo. La fragmentación del cese de actividades diluye el impacto político del conflicto, aísla a los sectores más postergados, genera confusión en la comunidad académica y desgasta la energía militante de las bases sin infligir un costo real al Gobierno Nacional. Por el contrario, la historia viva de este movimiento ha demostrado que la Universidad Nacional se transforma en un problema político de estado únicamente cuando docentes, no docentes y estudiantes paran de manera simultánea, masiva y unificada en todo el territorio nacional. La fuerza radica en la concentración del golpe, no en su dispersión geográfica o por dependencias.
Asimismo, se torna urgente reabrir la discusión sobre el método democrático de adopción de las decisiones sindicales. No es admisible que los planes de lucha continúen redactándose en despachos cerrados por parte de las cúpulas de las federaciones para luego ser enviados a las asociaciones de base como un enlatado de aplicación burocrática. La verdadera unidad de acción no significa la aceptación acrítica y disciplinada de estrategias elaboradas al margen de la consulta soberana. Las medidas de fuerza cobran potencia insuperable cuando emergen del debate directo en asambleas de base, donde los trabajadores y estudiantes discuten conscientemente la gradualidad, el alcance y los objetivos de cada acción.
CONADU y las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario no pueden ignorar el mandato mayoritario que surge del escrutinio de Córdoba (UNC) y Rosario (UNR), al cual se suman resoluciones en idéntico sentido de otros sindicatos de base del país. Llevar la voz de las bases al plenario nacional implica exigir la votación e inmediata puesta en marcha del paro por tiempo indeterminado. Pretender dilatar el inicio de un paro de características nacionales sustituyéndolo por esquemas regionales o por paros testimoniales escalonados constituye una deserción frente a las exigencias del momento históricode las universidades nacionales. Las conducciones tienen la obligación de colocarse a la cabeza de los mandatos surgidos de las urnas y las asambleas.
Crisis en CONADU: la presión de las bases impone el paro de una semana a varias asociaciones de bases
Cuando terminamos de escribir estas líneas nos llegan noticia que el plenario de secretarios generales de la CONADU por mayoría se resolvió avanzar con un paro de 48 o 72 horas, a coordinar con CONADU Histórica y las otras federaciones, dependiendo también de qué suceda de acá al martes 30, cuando vence el plazo de la intimación del juez Cormick para que el Gobierno cumpla con la cautelar.
La resolución por mayoría no pudo ocultar que 8 asociaciones de base plantearon el paro por tiempo indeterminado, entre ellas asociaciones de tres de las universidades más grandes de la Federación: Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santiago del Estero, General Sarmiento, entre otras. Sin embargo, la mayoría de las asociacionesse inclinó por medidas de 48 o 72 horas.
Ante esto las Asociaciones de Córodoba, Rosario y Mar del Plata, que llevaron mandato de paro por tiempo indeterminado, decidieron convocar al paro por toda la semana venidera (del 28/09 al 03/10) generando una ruptura inédita al interior de la Federación.
Es evidente que esta crisis indica que el nivel de hartazgo que apareció en la consulta impacta en las conducciones que se ven obligadas a adoptar medidas más contundentes. Hay un sector muy importante de la docencia que está diciendo que las medidas que viene tomando las conducciones no alcanzan y que es necesario profundizar el conflicto.
La perspectiva hacia el 15 de octubre: Construir la huelga general y la confluencia social y educativa para ganar
Frente al congelamiento presupuestario del proyecto 2027 y la negativa del Ejecutivo a acatar las órdenes judiciales, la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre se perfila como un escenario de confrontación de primer orden. Sin embargo, la preparación de esta jornada masiva requiere definir de manera lúcida con qué estrategia política y con qué método de organización se llegará a dicha cita.
Es imperativo evitar que la quinta Marcha Federal sea utilizada por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) o por sectores de la burocracia gremial como una vía de escape para descomprimir la presión social y encauzar el conflicto hacia un nuevo pacto de resignación. Como ha quedado demostrado a lo largo del conflicto, la conducta de los rectores y de las autoridades del CIN presenta profundas contradicciones. Si bien los rectores acompañan las manifestaciones multitudinarias cuando los gastos de funcionamiento amenazan con paralizar los edificios universitarios, buscan afanosamente negociar partidas parciales con el Ministerio de Capital Humano para restablecer la paz social y garantizar el dictado de clases a costa de mantener la miseria salarial de los trabajadores. Docentes, nodocentes y estudiantes no pueden funcionar como la variable de ajuste de negociaciones de cúpula que se activan y se frenan a conveniencia de las autoridades.
Para garantizar que la Marcha Federal del 15 de octubre sea un triunfo de la comunidad universitaria, se vuelve indispensable construir de manera inmediata un plan de lucha nacional organizado desde abajo. Esto implica la autoconvocatoria constante de asambleas por facultad, la conformación de comités de huelga interclaustros (docentes, nodocentes, estudiantes y científicos) y la articulación regional. La marcha del 15 de octubre no debe ser un evento aislado ni una estación de llegada; debe ser el punto culminante de un proceso de paros progresivos que confluya en el desencadenamiento del paro por tiempo indeterminado en todo el país si el Gobierno insiste en violar la ley.
Asimismo, resulta estratégico romper el aislamiento del conflicto educativo. La lucha por el financiamiento de la universidad y de la ciencia se inscribe en la misma matriz de combate que la de los jubilados que defienden sus haberes contra la represión oficial, la de los trabajadores estatales que enfrentan los despidos masivos, la de las organizaciones sociales que reclaman por los alimentos paralizados en los depósitos de Capital Humano y la de los gremios industriales que sufren los cierres y suspensiones.
La confluencia en las calles de la comunidad universitaria con el conjunto de la sociedad trabajadora es la única fuerza capaz de torcerle el brazo al gobierno de Milei. La Marcha de la Bronca trazó el vector de la unidad de los de abajo. Las bases docentes de Rosario, Córdoba y de las universidades de toda la Argentina han dado el primer paso marcando el camino del paro por tiempo indeterminado. Les corresponde ahora a las conducciones de las CONADUs, de las federaciones universitarias y fundamentalmente, a las centrales sindicales (CGT, CTAs) asumir la responsabilidad histórica de abandonar las treguas y llamar a la huelga general nacional.
Solo construyendo la fuerza social de la clase trabajadora unificada se impondrá el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, se derrotará el presupuesto de ajuste 2027 y se conquistará la defensa incondicional de la educación pública al servicio de las mayorías populares.
