Por Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU – Alternativa Universitaria
Milei sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. Después de una nueva paritaria fallida este jueves 17, el gobierno no volvió dar ninguna respuesta a la enorme pérdida salarial que atravesamos docentes y nodocentes. La propuesta de un 3% para septiembre fue rechazada por todas las federaciones y estamos nuevamente frente a medidas de paro el viernes 18 y el martes 21.
Mientras tanto, nos siguen debiendo un 35% de recomposición salarial. Después de meses de conflicto, paros, movilizaciones y marchas multitudinarias, tenemos una ley conquistada que el Gobierno se niega a cumplir, incluso siendo solo el piso de toda la deuda acumulada a lo largo de estos 330 días de aprobada. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo seguimos. Porque no alcanza con administrar el conflicto hasta la próxima Marcha Federal: necesitamos construir la fuerza necesaria para ganar.
¿23 días de lucha o medidas fragmentadas?
En el Frente Sindical Universitario apareció una propuesta denominada “23 días de lucha y paro”, desde ahora hasta la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El nombre puede llevar a confusión: no se están proponiendo 23 días de paro nacional. Se plantea regionalizar las medidas, distribuyendo diferentes días de paro entre las regiones del país y, en el caso de la UBA, entre sus facultades. Desde Alternativa Universitaria creemos que ese no es el camino que necesitamos.
No es la primera vez que se intenta regionalizar el conflicto universitario. Ya atravesamos experiencias similares en 2024 y sabemos que fragmentar las medidas termina dispersando una fuerza que necesitamos concentrar. Si algo demostraron las enormes Marchas Federales y los momentos más fuertes de este conflicto es exactamente lo contrario: cuando estudiantes, docentes y nodocentes paramos y salimos juntos en todo el país, la Universidad se transforma en un problema político nacional.
También tenemos que discutir el método. Un plan de lucha no puede aparecer definido desde arriba para que después las asociaciones de base simplemente discutamos cómo aplicarlo. Necesitamos que sean las asambleas las que discutan qué medidas estamos dispuestos a sostener y cómo profundizar el conflicto.
Por supuesto que la unidad de acción es fundamental. Si los nodocentes paran en nuestras universidades, tendremos que discutir cómo acompañar y fortalecer esas medidas. Sabemos que cuando paramos todos juntos tenemos mucha más fuerza. Pero unidad no puede significar aceptar pasivamente una estrategia que nuestras bases nunca discutieron.
Un Presupuesto 2027 que consolida el ajuste
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por Milei demuestra, además, que el Gobierno no está pensando en resolver el conflicto universitario. Según el informe elaborado por CEPA, el presupuesto proyectado para las Universidades Nacionales tendría en 2027 apenas un 0,3% de crecimiento real respecto del crédito vigente de 2026. Es decir, prácticamente un congelamiento. Y seguiría ubicándose 25,2% por debajo, en términos reales, de los niveles de 2023.
Pero hay un dato todavía más claro: si se aplicara efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto debería alcanzar los $9,74 billones a valores de 2027, es decir, sería 29,8% superior al que propone el Gobierno.
No estamos frente a un presupuesto que venga a reparar el ajuste de estos años. Es un presupuesto que busca consolidarlo.
Lo mismo sucede con nuestros salarios. Hasta agosto de 2026, el poder adquisitivo de docentes y nodocentes universitarios continuaba un 25% por debajo de noviembre de 2023. La Ley de Financiamiento establecía justamente la recomposición de esa pérdida y la obligación de preservar posteriormente ese poder adquisitivo.
La situación de las categorías más bajas es todavía más grave: todos los cargos docentes con dedicación simple tienen salarios básicos brutos por debajo de la Canasta Básica Alimentaria tomada para un hogar de cuatro integrantes. Esto lo demuestra que hoy, un docente que se inicia en la primera categoría y con dedicación simple (que son la gran mayoría en la actualidad) cobra de básico bruto $272 mil pesos y $370 mil con la aplicación de la garantía salarial, es decir, sueldos inviables para sostener la educación pública. Por eso no podemos discutir solamente cómo llegamos a al 15 octubre. Tenemos que discutir cómo ganamos este conflicto.
¿La justicia? Bien, gracias
La vía judicial también ha demostrado sus límites. La cautelar dictada por el juez federal Martín Cormick ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la recomposición salarial de docentes y nodocentes y a la actualización de las becas. Esa medida fue confirmada posteriormente por la Cámara y quedó firme cuando, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado.
Sin embargo, el Gobierno siguió sin cumplir. Cuando intentó que se levantara la cautelar argumentando que los acuerdos alcanzados en junio habían modificado la situación, Cormick rechazó ese planteo: consideró que el Ejecutivo no había demostrado que esas medidas hubieran solucionado el deterioro salarial y le exigió que informara documentalmente el grado de cumplimiento de la cautelar. El CIN, por su parte, ya había pedido que se intimara al Gobierno a cumplir bajo apercibimiento de aplicar multas e incluso avanzar por desobediencia.
Y acá aparece un problema que no podemos dejar pasar. Tenemos una cautelar vigente y firme y un Gobierno que continúa discutiendo cuánto debe en lugar de cumplirla. Frente a eso, necesitamos que la Justicia haga efectiva su propia resolución. Si ante cada respuesta insuficiente del Ejecutivo el expediente vuelve a convertirse en un intercambio de informes y traslados entre las partes, el Poder Judicial termina funcionando más como mediador de una negociación que como el poder que debe garantizar el cumplimiento de una decisión judicial vigente.
Después de más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y con distintas instancias judiciales que ya reconocieron nuestro reclamo, no necesitamos una mediación interminable entre el Gobierno, el CIN y las federaciones: necesitamos que se ejecute la cautelar y que el Gobierno cumpla la ley.
Y esta experiencia también demuestra algo que no podemos perder de vista: no podemos depositar nuestra confianza en que la Justicia vaya a resolver por sí sola el conflicto universitario. Incluso teniendo fallos favorables y una cautelar vigente, el cumplimiento efectivo sigue sin llegar. Cada avance que conseguimos, también en el terreno judicial, estuvo acompañado por la enorme presión que construimos con paros, asambleas y movilizaciones en todo el país.
Por eso, la herramienta fundamental sigue estando en nuestras manos. No podemos esperar pasivamente una resolución judicial mientras Milei continúa incumpliendo la ley. Tenemos que profundizar la organización y la movilización desde abajo para construir la fuerza social y política que obligue al Gobierno a cumplir y que también presione para que las resoluciones judiciales favorables se hagan efectivas.
Reventemos las calles en la quinta Marcha Federal
El próximo 15 de octubre tenemos por delante una nueva Marcha Federal Universitaria. Tenemos que construirla con todas nuestras fuerzas y volver a llenar las calles del país. Necesitamos la más amplia unidad de docentes, nodocentes y estudiantes. Pero también necesitamos sobrepasar cualquier intento de ponerle un techo a la movilización.
Ya conocemos las contradicciones del CIN. Hemos visto cómo las autoridades universitarias acompañan determinados momentos de la lucha y cómo, cuando consideran que hay que garantizar el funcionamiento y el dictado de clases, buscan retirarse del conflicto y hasta boicotearlo. Los trabajadores y estudiantes no podemos ser carne de cañón de una pelea que otros deciden cuándo activar y cuándo frenar.
Necesitamos construir desde abajo un plan de lucha capaz de superar a quienes pretendan atrasar, dilatar o fragmentar la pelea. Eso implica fortalecer las asambleas en cada universidad, la coordinación nacional y discutir seriamente qué medidas pueden torcerle el brazo al Gobierno.
Si Milei decide seguir incumpliendo una ley votada por el Congreso y ratificada por la Justicia, nosotros no podemos responder indefinidamente con medidas aisladas.
De la bronca a la organización
Este sábado tenemos además en todo el país la Marcha de la Bronca. Y para nosotros no es una pelea separada del conflicto universitario. La bronca que recorre nuestras universidades es parte de la misma bronca de los jubilados, los trabajadores estatales, los docentes, los estudiantes, los despedidos y todos los sectores que vienen enfrentando el ajuste.
Necesitamos que esas luchas empiecen a encontrarse. Que cada conflicto deje de pelear aisladamente y podamos construir una coordinación desde abajo que sea capaz de imponer las medidas que las centrales sindicales se niegan a convocar. Desde Alternativa Universitaria creemos que necesitamos avanzar hacia una huelga general que enfrente el conjunto del plan de Milei, sin esperar pasivamente a 2027.
La quinta Marcha Federal tiene que ser enorme. Pero para llegar con fuerza necesitamos desde ahora asambleas, coordinación y un verdadero plan de lucha nacional. La Ley de Financiamiento Universitario ya la conquistamos. Ahora tenemos que construir la fuerza para imponer que se cumpla.
