El oficialismo logró sancionar en el Senado un régimen diseñado a medida de los grandes evasores. Gracias al salvavidas de la oposición dialoguista, Patricia Bullrich pudo mostrar un triunfo legislativo y darle a Luis Caputo una herramienta para flexibilizar los controles sobre los ladrones de guante blanco, todo empujado por la desesperación de conseguir que ingresen divisas al país.
Tras coleccionar varios traspiés legislativos, los libertarios consiguieron finalmente los 44 votos a favor contra 23 negativos para convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. Este salvataje llegó de la mano de los colaboradores de siempre, uniendo voluntades del PRO, la UCR y los infaltables gobernadores del PJ junto a otros armados provinciales.
Para asegurar este acompañamiento en el recinto, el bloque libertario debió ceder y aceptar un retoque que dejó en evidencia las maniobras financieras de su propio círculo íntimo. A partir de esa negociación, uno de los pocos cambios que se le hizo al texto original fue prohibir taxativamente que los funcionarios públicos puedan acceder a los beneficios de este régimen, una cláusula de exclusión empujada por el escándalo del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se había anotado en el blanqueo mientras la Justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Aunque la restricción quedó escrita y el oficialismo se negó a ampliarla a familiares y otras personas políticamente expuestas, no hay que olvidar que figuras como Federico Sturzenegger o José Luis Espert, hace unos meses, también se habían sumado rápidamente a la fila para blanquear sus propios patrimonios.
Vía libre para los grandes evasores
Esta nueva estructura judicial le otorga un abanico de facilidades a los grandes evasores. El corazón de la medida es la eliminación total de los topes de ingresos y patrimonio que antes limitaban el ingreso al régimen simplificado de Ganancias, fijados anteriormente en 1.000 y 10.000 millones de pesos respectivamente. Esto significa que cualquier millonario recibe exactamente el mismo trato que un pequeño contribuyente.
Sumado a esto, se le atan las manos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), limitando fuertemente sus facultades de fiscalización; de ahora en más, el organismo solo podrá observar una declaración si logra demostrar por su cuenta una “discrepancia significativa” superior al 15% en el impuesto determinado.
Toda esta arquitectura de impunidad fiscal tiene un solo objetivo, que es calmar la sed de dólares de Luis Caputo. El gobierno necesita encender la aspiradora para sacar los billetes de los colchones, regalando un perdón generalizado a los ladrones de guante blanco sin importar el origen o la naturaleza de los fondos blanqueados.
Lo verdaderamente irónico y sarcástico de la situación es que el propio ministro de Economía que ruega por la repatriación de capitales guarda más del 95% de sus multimillonarios ahorros en cuentas en el exterior. Caputo exige confianza en el país y en su plan económico mientras él mismo protege su plata bien lejos de las políticas de asfixia que aplica sobre la mayoría de la población.
Este triunfo en el Congreso le da un respiro al gobierno en un momento de evidente fragilidad política. La sanción llega justo después de que el oficialismo exhibiera su debilidad en el Senado al no poder imponer su agenda ni reunir los acuerdos básicos para proyectos centrales de su programa. A este andar a los tumbos se le suman los cortocircuitos internos, especialmente los cruces entre Bullrich y el propio Ejecutivo por la falta de coordinación y la inmensa presión que viene generando el ajuste planteado en el Presupuesto 2027.
Una salida donde paguen los que más tienen
Mientras a los trabajadores se les aplican recortes brutales, se le cobran impuestos al consumo y se les licúan los salarios, a los grandes capitales se les diseñan regímenes especiales, exenciones y blanqueos a medida. La salida a esta crisis no puede ser perdonar a los que fugan y evaden. Es urgente implementar una verdadera reforma tributaria progresiva donde paguen más los que más tienen, gravando de forma contundente las grandes fortunas y las rentas financieras extraordinarias.
Hay que terminar con los mecanismos legales que permiten a las grandes empresas esconder su riqueza en guaridas fiscales y recuperar el control público del sistema financiero, dejando en claro que la respuesta a la crisis es afectar los intereses de los millonarios de siempre, no garantizarles su impunidad.
