Con la firma del último decreto presidencial, el mantra del gobierno de Milei se cae a pedazos: el famoso “no hay plata” es una mentira. Tampoco, es un descubrimiento. La plata siempre estuvo, el problema es qué intereses defiende y a qué sectores elige financiar esta gestión. En un momento de marcada debilidad política y frente a un descontento social en aumento, la Casa Rosada decidió abrir la billetera para darle una generosa caricia al único sector que le garantiza la gobernabilidad: el aparato represivo del Estado.
Para sostener un plan económico de hambre, despidos y entrega del país, el oficialismo necesita, inevitablemente, de la represión. Y para que esa represión sea efectiva, hay que mantener contentos a los que aprietan el gatillo, levantan los escudos y disparan gases lacrimógenos contra las protestas. Esa es la naturaleza de los aumentos otorgados a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas mal llamadas de seguridad.
Los números del decreto: 50.000 millones para la represión
A través de los decretos 832[i] y 834[ii], y la resolución 844[iii] del Ministerio de Seguridad, el gobierno oficializó un incremento salarial y la creación de nuevos suplementos que superan ampliamente cualquier paritaria del resto de los trabajadores.
Por un lado, las Fuerzas Armadas (incluyendo al personal retirado) recibirán un aumento acumulado del 12,22% entre septiembre y diciembre, arrancando con una cuota del 6,9% este mismo mes. Esto se suma a nuevos adicionales por título que varían entre el 10% y el 25% del sueldo.
Por el otro lado, para las fuerzas represivas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal), el Ministerio de Seguridad diseñó un esquema a medida. Se crearon suplementos por “Destino Estratégico“, bonificaciones por “Alta Complejidad” y pluses por “Responsabilidad Profesional” que implican aumentos directos de bolsillo que oscilan entre el 15%, el 20% y hasta el 35% para las jerarquías más bajas.
¿El costo de esta decisión? El Estado destinará más de 50.000 millones de pesos mensuales exclusivamente para recomponer los ingresos de los uniformados. Es cierto que la escala salarial de estos sectores venía sufriendo un deterioro histórico y que el murmullo interno en los cuarteles y comisarías iba en aumento. Sin embargo, la celeridad del gobierno para inyectar esta montaña de millones responde a la urgencia de afinar la maquinaria represiva. El gobierno necesita que los oficiales de la primera línea no duden un segundo a la hora de reprimir jubilados o gasear activistas que se manifiestan contra las políticas de saqueo.
La hipocresía del ajuste libertario
El contraste entre esta millonaria inyección de fondos y la realidad del pueblo trabajador es brutal. El gobierno encuentra 50.000 millones de pesos mensuales para sus fuerzas represivas, pero al mismo tiempo veta el mínimo aumento para los jubilados condenándolos a la indigencia. Hay plata para financiar a la Policía Federal, pero niegan el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas y los salarios docentes.
En paralelo a que los uniformados reciben suplementos del 30%, a los empleados de la administración pública nacional (que sufren despidos masivos todos los meses) el gobierno les impuso, con la complicidad de UPCN, un aumento miserable y licuado: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y apenas un 1,5% en diciembre. Para los trabajadores, sumergidos en la morosidad y con salarios que no cubren la canasta básica, el relato sigue siendo que la motosierra es inevitable. Para el brazo armado del Estado, la billetera está abierta.
Desmantelar el aparato represivo
No se puede tolerar que los recursos del país se destinen a engordar a las instituciones encargadas de criminalizar la protesta social y garantizar el ajuste. La respuesta a la profunda crisis que atraviesa el pueblo trabajador no se resuelve fortaleciendo a las fuerzas de choque del gobierno.
Para terminar con esta maquinaria de violencia estatal y avanzar hacia una sociedad donde los recursos se destinen a educación, salud y salario, hay que plantear una salida clara. Se debe llevar adelante una transformación profunda de la policía. Hoy la inseguridad es una de las grandes preocupaciones de los argentinos porque la mafia está enquistada en el poder y es parte necesaria del delito organizado como la trata y el narcotráfico. Hay que desmantelar y disolver esa institución corrupta y reemplazarla por otra de carácter preventivo, no represivo, con mecanismos de participación y control social.
[i] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346557/20260831
[ii] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346559/20260831
[iii] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346590/20260831
