Desde que hace unas semanas el diputado nacional de la Libertad Avanza por Santa Cruz, Jairo Guzmán, lanzó su candidatura para las elecciones de gobernador de la provincia en 2027, viene siendo entrevistado en diversos medios provinciales respecto a los ejes de su campaña y sus propuestas. Su principal eje apunta contra el estado y las políticas públicas, con el argumento de la crisis económica y social que golpea a la provincia y que el gobernador Vidal mantiene esquemas de la vieja política, de fuerte regulación y controles que impiden el desarrollo.
Ahora es el bloqueo de la minería. El 21 de agosto, entrevistado en el medio El Diario Santa Cruz, dijo que Santa Cruz está en crisis, con pérdida de empleo y que por su enorme potencial minero podría convertirse en la Vaca Muerta de la minería. En los párrafos que siguen vamos a desmontar estas ideas y explicar nuestra propuesta.
Renta y maldesarrollo: el modelo es la crisis
Al igual que otras provincias de la Argentina, Santa Cruz vive de rentas. En nuestro caso, desde la época del territorio nacional con el latifundio ganadero, pasando por el petróleo y el gas, el carbón, la pesca, el turismo y la minería y ahora lo que se viene de plantas eólicas, los principales ingresos del estado provincial provienen de la apropiación de parte de la renta por explotación del suelo, subsuelo y el litoral marítimo. La mayor parte de las ganancias se las llevaron siempre los grandes capitales, desde los Menendez Behety hasta los Bulgheroni, desde las pesqueras chinas y españolas hasta las mineras sudafricanas y estadounidenses, desde los pozos de petróleo offshore hasta las plantas eólicas. Los gastos en salarios, en obras y otras políticas públicas tienen diversas fuentes de ingresos, como la coparticipación de impuestos nacionales (IVA por ejemplo), replicada desde provincia a los municipios, aportes del tesoro nacional (los ATN), créditos, así como las regalías por extracción de recursos o los cánones que pagan las empresas por el uso del agua o el suelo, sellos, aportes de fondos específicos como el Fondo UNIrse constituido con aportes voluntarios de las empresas mineras.
En septiembre de 2024, el mismo día que se rechazaba en la cámara de diputados provincial la adhesión de Santa Cruz al RIGI, por la tarde se aprobó la transferencia de la gestión del agua desde el Ministerio de Salud y Ambiente al Ministerio de Energía y Minería. Si antes las capacidades de control eran limitadas, ahora las condiciones para controlar lo que se extrae y cómo se recuperan los territorios de los pasivos ambientales luego del cierre de la actividad son todavía menores. Además de la presión permanente por la baja de regalías, las empresas tienen diversos trucos para reducir sus aportes. El cálculo de las regalías se hace en base a declaraciones juradas de las mineras y se paga en base a valor en boca de mina, en vez de que sea medido y en valor en el puerto de salida o en destino.
También dejan profundas secuelas sociales en las ciudades y pueblos cercanos al lugar donde se implantan estas actividades, entre otras las señaladas en un artículo publicado por PDI el 15 de agosto y también sobre las actividades productivas e incluso los precios y costos de alquileres a precio de salario de minero o petrolero, sobre el acceso al suelo, al agua y la energía para la población y otras actividades, en lo que se viene llamando maldesarrollo.
Hay mucho escrito, entrevistas, documentales y portales que denuncian estas consecuencias, estudiadas desde la década de 1980 en otros países de América Latina, en Argentina e incluso sobre la Provincia de Santa Cruz, por académicos comprometidos y militantes, entre otros el portal No a la mina, Observatorio Petrolero Sur y los más recientes observatorio de tierras y observatorio de RIGI, así como asociaciones como la de Abogadas y Abogados Ambientalistas, que aportan herramientas para reforzar las resistencias.
El modelo es la crisis porque mecanismos similares a los de la deuda externa contraída con el FMI existen desde hace décadas en algunas provincias con el estado nacional o con organismos de crédito, con bonos emitidos por las provincias, adelantos de coparticipación o de aportes del tesoro que después tienen que ser devueltos y generan obligaciones por parte del estado provincial.
En síntesis, la crisis en Santa Cruz refleja una doble contradicción entre las condiciones de producción de las empresas -extractivas y no extractivas- y las condiciones de reproducción de la vida, como el acceso a la vivienda, salud, infraestructuras, agua, energía, etc. y porque todos los gobiernos que hubo hasta ahora apuntaron a fortalecer el lado más capitalista de esta contradicción. Pero existe otra contradicción en las propias políticas nacionales, porque el gobierno de Milei desde que asumió cortó el financiamiento de la obra pública, entre otras de las obras viales y atiende solamente y muy parcial y selectivamente a los requerimientos de los grandes capitales, condicionando incluso la aplicación del RIGI por falta de rutas y redes de energía, ahora aún más limitado en caso se apruebe los artículos sobre la reforma de la ley expropiaciones incluido en la ley de tierras.
El gobierno tiene un plan: entregar el agua y el territorio a las trasnacionales. El RIGI, el Súper RIGI que se está debatiendo en estos momentos, las modificaciones en la ley de glaciares y la de tierras, del fuego, la reforma laboral, los artículos no retirados de la ley de tierras referidos a desalojos y expropiaciones, el desguace de muchos organismos públicos, los despidos en el estado y el cierre de empresas del sector privado, congelamientos de salarios con inflación y estancamiento. No le servimos a los Peter Thiele, sus proyectos de data centers y de la Argentina de enclaves y espacios fragmentados necesitan territorios vacíos, agua, energía, frío y viento y sacarse de encima la población sobrante.
El cumpleaños del RIGI
Después de meses de negociaciones, audiencias, compras de votos y obediencias de gobernadores y traiciones de senadores y diputados, el 8 de julio de 2024 el gobierno de Milei consiguió aprobar la Ley N° 27.742/24 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y el 22 de agosto, hace dos años, se aprobó el Decreto N.º 749/24 que reglamentaba los artículos 164 al 228 de esta ley, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el RIGI. En este decreto se establecía un plazo de dos años para que las empresas interesadas presentaran sus propuestas de inversión, que mediante una evaluación exprés serían aprobadas para avanzar en la explotación de nuestros territorios, los recursos de la naturaleza y a los trabajadores. La Provincia de Santa Cruz adhirió al RIGI el 12 de diciembre de 2024, luego de meses de resistencia en las calles y negociaciones en la cámara, incluyendo la complicidad de tres diputadas que se oponían al RIGI y con su inasistencia permitieron su aprobación. En febrero de este año por decreto N.º 105/2026 el gobierno prorrogó por un año su vigencia, el plazo máximo permitido por la ley, por lo que a partir del 7 de julio de 2027 ya no habrá más prórroga. Nada llegó a Santa Cruz.
El nuevo proyecto de Súper RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias aprobado el 24 de junio y actualmente en debate en el senado se busca apoyar a sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, datacenters, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. De acuerdo a los fundamentos, se tratade actividades consideradas inéditas a escala comercial en el país, con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta. También es un gran negocio: para acceder al régimen, los proyectos deberán comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años, por lo que puede ser objeto de especulación, construcción de reservas y acaparamientos de tierras para que ante un eventual escenario que les favorezca el negocio, completar ese 80% faltante.
Unidad de todas las luchas para defender el agua y los territorios
Jairo Guzmán dice que durante años se haya consolidado un modelo estatista, pero nada dice cuando, como sucede hace años, son fracciones locales de la clase capitalista transnacional las que ocuparon y siguen ocupando el estado. Le reclama a Vidal la falta de acompañamiento al RIGI pero son decisiones políticas tomadas por Milei, con o sin Vidal, las que condicionan su aplicación en la provincia.
La minería es tan solo una de las actividades que se pretende impulsar con el RIGI, el Súper RIGI y otras medidas que aplica el estado nacional y a los que seguramente continuará adhiriendo Vidal desde la provincia y pese a que Santa Cruz, con un cuarto de millón de kilómetros cuadrados, cuenta con yacimientos todavía de valor en zona de meseta, con el RIGI y en caso de aprobarse el Súper RIGI buscarán avanzar en territorios donde la actividad está prohibida y derogar las leyes específicas como Zona de interés minero de Peralta de diciembre de 2009 o la ley de glaciares de 2010 así como con otras leyes de entrega.
En relación a la extracción de gas y petróleo ocurre algo similar: el año que viene vence la prórroga de concesiones de Pan American Energy en la cuenca San Jorge, pero la retirada de la estatal YPF de la cuenca austral y en la San Jorge es decisión de su directorio con representación mayoritariamente del estado nacional y lo mismo sucede con otras actividades, con la decisión de cancelar las obras públicas por parte del estado nacional o en Santa Cruz la posible privatización de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado.
Ellos tienen un plan. Fruto de décadas de vigencia de este régimen, Santa Cruz es una provincia fallida, con autonomía solo habilitada para contraer nuevas deudas, incapaz de satisfacer las necesidades de su población. El modelo es la crisis, el ajuste permanente por parte de los dos gobiernos, que golpea los bolsillos de la clase trabajadora y saquea la naturaleza.
Es momento de organizarnos, de unificar las luchas, que frente a la unidad de clase de los capitalistas le opongamos la unidad en barrios, empresas, escuelas, en las plazas y los barrios, la unidad de luchas de la clase trabajadora. El MST en el FITU tiene propuestas, sintetizadas en el Manifiesto político del MST en el Frente de Izquierda Unidad que salió a la luz hace pocos días. Te invitamos a sumarte a esta construcción y participar para construir una masiva marcha de la bronca para el 19 de septiembre en todas las plazas del país, hasta que se vayan Milei y sus socios, y los gobernadores “dialoguistas” y amigos.
Alejandro Schweitzer
Doctor en geografía e investigador del CONICET
Referente de la Red Ecosocialista De Santa Cruz
