Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las tarifas de los servicios públicos en el AMBA aumentaron muy por encima de la inflación. Las facturas de luz, gas, agua y transporte ya representan una carga cercana a los $200.000 mensuales para los hogares. Mientras el Gobierno celebra el “orden fiscal”, los trabajadores deben destinar cada vez más horas de su salario simplemente para poder pagar los servicios básicos. 

El ajuste de Javier Milei tiene una de sus expresiones más concretas en las facturas que llegan cada mes a los hogares. Los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumularon un aumento del 823% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 329% durante el mismo período. 

La diferencia no es menor. Significa que, mientras los salarios y los ingresos familiares intentan correr detrás de los precios generales, los servicios esenciales aumentaron a un ritmo muy superior.

El resultado es una transferencia directa de ingresos desde los hogares hacia las empresas proveedoras de servicios.El dato más gráfico permite dimensionar el impacto sobre los trabajadores. Un asalariado privado necesita trabajar 11,5 horas adicionales por mes para poder cubrir el costo de las facturas de los servicios. 

No se trata de un gasto que las familias puedan simplemente eliminar. Una persona puede postergar la compra de ropa, reducir salidas o cambiar determinados alimentos por otros más baratos. Pero no puede dejar de consumir electricidad, agua o gas.

Por eso, el aumento de tarifas tiene un efecto particularmente regresivo: los sectores de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de sus salarios a cubrir los servicios básicos.

El “precio real” del ajuste

El Gobierno suele presentar la eliminación de subsidios como un proceso de sinceramiento tarifario. Pero detrás de esa expresión técnica existe una decisión política: trasladar hacia los usuarios una parte cada vez mayor del costo de los servicios.

El argumento oficial sostiene que los subsidios generalizados son ineficientes y que las tarifas deben reflejar sus costos reales. El problema es que los salarios no se “sinceraron” al mismo ritmo que las tarifas.

Mientras las empresas reciben aumentos para recomponer sus ingresos, los trabajadores encuentran límites a la hora de negociar salarios y los jubilados deben afrontar aumentos de servicios con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. El resultado es una ecuación cada vez más difícil: más horas de trabajo para comprar exactamente lo mismo.

Un ajuste que se paga dentro de cada hogar

La política tarifaria tampoco puede analizarse por separado del resto del programa económico de Milei. El Gobierno redujo subsidios, frenó la obra pública, aplicó un fuerte ajuste sobre el gasto estatal y sostuvo una política salarial restrictiva.

El propio análisis sobre el deterioro salarial señala que la capacidad de compra de los trabajadores perdió una cuarta parte durante la última década, mientras el modelo económico actual profundiza esa tendencia. 

Así, el problema no es solamente que una factura sea más cara. Es que cada aumento tarifario se produce sobre ingresos que tienen cada vez menos capacidad de compra.

Una familia que antes destinaba una determinada proporción de su salario a servicios ahora debe utilizar una parte mayor de sus ingresos para pagar las mismas prestaciones.

Y cuando el salario no alcanza, aparecen otras estrategias: endeudamiento, atrasos en las facturas, reducción del consumo o venta de bienes.

La deuda como salvavidas

El deterioro de los ingresos también está llevando a las familias a endeudarse para sostener gastos cotidianos. Distintos relevamientos recientes muestran un aumento de la morosidad y del endeudamiento de los hogares, mientras el Gobierno insiste en presentar el consumo como una señal de recuperación. 

Si para mantener el consumo una familia necesita recurrir cada vez más a la tarjeta de crédito o acumular deudas, no estamos frente a una recuperación sólida del poder adquisitivo. Estamos ante hogares que financian con deuda lo que antes podían pagar con su salario.

El negocio detrás de la factura

La  discusión sobre las tarifas no puede reducirse a cuánto cuesta producir electricidad, gas o agua. También hay que discutir quién controla esos servicios, cuánto ganan las empresas y qué papel debe tener el Estado.

El Gobierno sostiene que la solución pasa por reducir la intervención estatal y avanzar hacia tarifas que permitan garantizar la rentabilidad de las empresas.

Pero si el resultado de esa política es que millones de trabajadores deben destinar más horas de su vida a pagar servicios esenciales, entonces cabe preguntarse quién está financiando realmente el “sinceramiento”. Lo que las empresas recuperan vía tarifa, los trabajadores lo pierden en salario disponible.

La motosierra sobre los hogares

El discurso oficial sostiene que el ajuste es necesario para terminar con décadas de déficit y desequilibrios económicos. Pero el equilibrio fiscal no es un objetivo  abstracto. Hay que preguntarse quién paga el costo de alcanzarlo.

Si se reducen subsidios, se congelan salarios, se recortan políticas sociales y aumentan las tarifas, el ajuste termina descargándose sobre las familias trabajadoras.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene una agenda favorable a grandes capitales, con privatizaciones, beneficios para inversiones y apertura económica.

La imagen de un Estado que “se retira” es engañosa: el Estado no desaparece de la economía, sino que modifica sus prioridades.Reduce su intervención para garantizar derechos, pero conserva herramientas para garantizar condiciones favorables a los grandes negocios.

¿Cuánto vale una hora de nuestra vida?

El dato de las 11,5 horas de trabajo adicionales contiene una pregunta que debería estar en el centro del debate. ¿Cuánto de nuestra vida tenemos que entregar para poder pagar servicios que son indispensables para vivir?

Porque detrás de cada aumento tarifario no hay solamente un número. Hay horas de trabajo. Horas que podrían destinarse al descanso, a la familia, al estudio o al ocio y que terminan convertidas en tiempo necesario para pagar una factura.

El modelo de Milei no solo encarece los servicios: transforma cada vez más horas de trabajo en horas destinadas a sostener el negocio de las empresas. Frente a esto, la salida no debería ser seguir ajustando a las familias para garantizar rentabilidad privada.

La electricidad, el gas, el agua y el transporte son servicios esenciales y derechos sociales, no mercancías de las que dependa la calidad de vida según la capacidad de pago de cada hogar. La discusión debe ser otra: tarifas accesibles para las mayorías, salarios que permitan vivir dignamente y servicios públicos bajo control estatal y de sus trabajadores y usuarios.

Porque trabajar once horas y media más cada mes para pagar las facturas no es “libertad económica”. Es trabajar más para vivir peor.