La Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, nacida al calor de la profunda crisis económica y social de finales del año 2001 y promulgada en 2002, protege la actividad librera y el ecosistema del libro en nuestro país mediante el establecimiento de un precio uniforme de venta al público. Originalmente se intentó derogar en 2023 con la Ley Bases. Ahora su eliminación es parte de un paquete denominado “Ley de derogación de legislación obsoleta”, conocido públicamente como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Poder Ejecutivo. No hay dudas, los libertarios odian la cultura.
Por Juan Russo y Ariana Del Zotto
Un antes y después: una ley para que la cultura no la digite el poder económico
Para entender más en profundidad la importancia de la ley 25.542 miremos un poco hacia atrás. Previo a sancionarse, las librerías competían entre sí principalmente mediante descuentos, lo que favorecía a las grandes cadenas comerciales —con capacidad económica de vender a pérdida para acaparar el mercado—. La ley estableció el sistema de precio uniforme de venta al público (PVP), mediante el cual cada editorial fija el precio de los libros editados con el objetivo de proteger al libro como bien cultural y garantizar la diversidad editorial. Ese precio debe ser respetado en cualquier punto de venta del país -ya sea una librería, un supermercado, una página web o cualquier otro ámbito- con excepciones específicas previstas por la norma.
De este modo la competencia deja de centrarse en el precio y se centra en la calidad del servicio, la amplitud del catálogo y la especialización de las librerías. La ley busca evitar la concentración del mercado, fortaleciendo a las librerías independientes, pequeñas y medianas frente a los grandes grupos editoriales y fomentando la bibliodiversidad. Es que son precisamente este tipo de librerías las que dan lugar a la promoción de autores nóveles y regionales, ampliando así la oferta cultural disponible. Hoy nuestro país cuenta con 1.500 librerías y 500 empresas editoriales pequeñas y medianas, un sector en riesgo si el gobierno avanza con la derogación de la ley.
Cuando unas pocas empresas y sellos editoriales concentran gran parte del mercado a partir de su posición dominante, existe el riesgo de que siempre se imponga el valor económico por sobre el valor simbólico del libro. La producción y circulación de obras comienza a estar determinada principalmente por criterios de rentabilidad, relegando aquellas expresiones culturales cuyo valor reside en su aporte social, educativo, artístico o político. De esta manera, el libro deja de ser considerado principalmente como un bien cultural y pasa a ser tratado como una mercancía cualquiera, donde las decisiones sobre qué se publica, distribuye y visibiliza pasan a ser dominio de unas pocas corporaciones.
En los últimos años la salud del circuito del libro se deterioró como consecuencia de la caída del poder adquisitivo —y, por ende, del consumo—, de los cambios en los hábitos de lectura, por el aumento de costos, por la ausencia del estado y por la expansión del comercio electrónico, con plataformas como Mercado Libre, que modificaron las formas de comercialización y distribución de los libros. En este contexto, la eliminación de la Ley 25.542 se vuelve una amenaza vital.
Política de culturicidio
Además, el Gobierno impulsa la derogación de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, sancionada en 2001. Esta norma establece una política integral para el desarrollo del libro y la lectura en Argentina, reconociendo al libro como un instrumento fundamental para el enriquecimiento y la transmisión de la cultura. A partir de esta ley se establecieron políticas públicas para fortalecer todo el ecosistema editorial argentino como el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a financiar programas y acciones vinculadas con la promoción del libro; las campañas y planes de lectura en ámbitos educativos, culturales y comunitarios; el fomento la producción editorial nacional; la protección de los derechos de autores y editores; y el establecimiento de mecanismos para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico argentino. De esta forma, el Estado asume un rol activo en la promoción del libro como bien cultural, educativo y social, garantizando condiciones para el desarrollo de la industria editorial y la ampliación del acceso a la lectura.
Este gobierno no es solo enemigo de los lectores, sino que ataca, de forma permanente, leyes y organismos destinados a fomentar la producción y el acceso a la cultura. Entre ellos se encuentran la Ley Nacional del Teatro 24.800, que sostiene el Instituto Nacional del Teatro y el desarrollo de la actividad teatral independiente; la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional 17.741, que regula el funcionamiento del INCAA y el apoyo al cine argentino; la Ley 26.801, que creó el Instituto Nacional de la Música para promover la actividad musical; la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares, que sostiene la CONABIP y el acceso comunitario a la lectura; y el Fondo Nacional de las Artes, una herramienta histórica y pionera en el mundo de financiamiento para artistas de distintas disciplinas. En este caso, la derogación la promueve el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con Federico Sturzenegger a la cabeza. El ataque a estas políticas que fueron creadas para garantizar la diversidad cultural y sostener actividades que difícilmente podrían desarrollarse únicamente bajo la lógica del mercado, plantea dejarnos a merced de los intereses de las grandes cadenas y plataformas.
En defensa de la bibliodiversidad
Orgullosamente, Argentina es considerada una potencia mundial en materia de bibliodiversidad, con un inmenso circuito editorial independiente. Una amplia mayoría de libreros, editoriales y autores de nuestro país defienden la Ley 25.542 y recientemente publicaron una carta en Página 12¹, firmada por todas las asociaciones vinculadas a las actividades de la industria editorial argentina. Quienes reivindicamos el derecho a la cultura como un derecho social y no como una simple mercancía, nos sumamos a defender la legislación que la protege. Lo hacemos porque nos negamos a vivir en un país donde la oferta de lectura este determinada por lo que más se vende, donde las librerías de barrio sean desplazadas y nuestro acceso al libro responda a un criterio comercial y no cultural.
NO A LA DEROGACIÓN DE LAS LEYES 25.542 y 25.446.
¹ https://www.pagina12.com.ar/2026/07/24/en-defensa-de-la-ley-del-libro/
