El ministro Luis Caputo presentará una nueva versión de la denominada “Inocencia Fiscal”, un proyecto que promete aliviar las obligaciones de grandes contribuyentes mientras el ajuste sigue descargándose sobre trabajadores, jubilados y los sectores populares. Una vez más, el gobierno libertario demuestra que el Estado es implacable con los de abajo y cada vez más generoso con los de arriba.
Una amnistía para los poderosos
El gobierno de Javier Milei volverá a avanzar con una nueva reforma tributaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto “Inocencia Fiscal II”, una iniciativa que será enviada al Congreso para modificar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Oficialmente, el Ejecutivo sostiene que busca corregir aspectos cuestionados por tributaristas y otorgar mayor “seguridad jurídica” a los contribuyentes. Sin embargo, detrás del discurso de la simplificación, el proyecto profundiza una orientación que ya caracteriza al modelo libertario: flexibilizar los controles fiscales mientras el ajuste continúa recayendo sobre trabajadores y jubilados.
La iniciativa forma parte de la denominada “Inocencia Fiscal”, el régimen impulsado por el oficialismo para incentivar el ingreso al circuito formal de dinero no declarado, los llamados “dólares del colchón”. Con esta segunda etapa, el Ministerio de Economía pretende modificar nuevamente las condiciones del régimen luego de las críticas recibidas por parte de estudios contables y especialistas tributarios.
Flexibilizar Ganancias y reducir controles
Entre los cambios que impulsa el Gobierno figura una mayor flexibilización del Régimen Simplificado de Ganancias, eliminando restricciones que habían quedado establecidas en la versión anterior y ampliando el universo de contribuyentes que podrán adherir. Según trascendió, también se buscaría eliminar topes patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen simplificado, además de permitir la incorporación de grandes contribuyentes bajo determinadas condiciones.
Desde el Palacio de Hacienda argumentan que las modificaciones buscan reducir la litigiosidad y facilitar el cumplimiento tributario. Sin embargo, el proyecto continúa privilegiando la protección de quienes poseen patrimonios importantes antes que fortalecer la capacidad del Estado para combatir la evasión y financiar políticas públicas.
Un Estado duro con los de abajo, flexible con los de arriba
La reforma llega en un contexto donde el Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre el gasto público. Mientras se congelan partidas para salud, educación, discapacidad y universidades, y se deterioran salarios y jubilaciones, el oficialismo concentra buena parte de su agenda tributaria en ofrecer mayores garantías a quienes buscan regularizar activos o reducir su carga fiscal.
La contradicción aparece con claridad: para quienes viven de un salario formal, el Estado mantiene una fuerte presión mediante impuestos al consumo como el IVA, tarifas y recortes del ingreso. En cambio, cuando se trata de grandes patrimonios o capitales no declarados, la prioridad pasa por brindar previsibilidad, simplificar trámites y reducir riesgos legales.
No se trata de un hecho aislado. Desde el comienzo de la gestión, el Ministerio de Economía impulsó sucesivos blanqueos, beneficios para grandes inversores, el RIGI y distintos mecanismos destinados a atraer capitales ofreciendo ventajas fiscales y regulatorias.
¿Quién paga el ajuste?
La discusión de fondo no pasa por simplificar un trámite administrativo, sino por definir quién sostiene el financiamiento del Estado. Mientras el Gobierno insiste en aliviar la carga sobre los sectores de mayor patrimonio, el peso del ajuste continúa descargándose sobre quienes dependen de su salario, una jubilación o los servicios públicos.
En lugar de avanzar contra la evasión de los grandes grupos económicos y establecer una estructura tributaria verdaderamente progresiva, el oficialismo vuelve a priorizar medidas que benefician a los sectores de mayores ingresos bajo el argumento de incentivar inversiones y formalizar capitales.
La nueva versión de la denominada “Inocencia Fiscal” confirma la orientación económica del gobierno de Milei y Caputo: un Estado implacable para recortar derechos sociales, pero cada vez más flexible cuando se trata de garantizar beneficios para los sectores con mayor capacidad económica.
