El Gobierno nacional profundiza su plan sistemático para destruir el sistema científico argentino y entregar la soberanía energética a potencias extranjeras.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sufre, por estas horas, un proceso de vaciamiento brutal ejecutado por las autoridades impuestas por la actual gestión. Esta embestida se materializa mediante una catarata de despidos injustificados, que golpean el corazón operativo de un organismo estratégico para el desarrollo del país.
Por cómo se vienen desarrollando los hechos, las decisiones oficiales apuntan a paralizar proyectos históricos, para allanar el camino hacia la privatización del sector nuclear y ceder el control de recursos invaluables a los Estados Unidos.
El desguace nuclear
La primera etapa de este plan de desmantelamiento quedó al descubierto con la desvinculación abrupta de un gran porcentaje del personal contratado. Las autoridades del organismo decidieron despedir a aproximadamente el 20% de la planta de trabajadores que se encontraban bajo esta modalidad laboral. Esta medida afecta a más de 350 profesionales que cumplen tareas vitales tanto en la sede central como en las dependencias de Constituyentes y Ezeiza, junto con otras sucursales distribuidas en todo el territorio argentino.
Los trabajadores recibieron la noticia de su cesantía mediante una notificación en el sistema de Gestión Documental Electrónica, con apenas un día de anticipación al vencimiento formal de sus contratos. Este accionar perverso dejó en la calle a personal especializado e investigadores con más de una década de antigüedad, dedicados al avance tecnológico nacional.
Desde el inicio de la gestión libertaria, el presupuesto general de la Comisión Nacional de Energía Atómica sufrió un drástico recorte superior al 45%. Esta asfixia financiera intencional se complementa con la paralización total de la inversión en bienes de capital, destinada a mantener el equipamiento de punta.
El organismo ya perdió alrededor de 500 trabajadores calificados como consecuencia directa de las cesantías y la constante migración hacia empresas privadas, a causa de la complicada situación salarial. Firmas extranjeras logran captar a estos investigadores formados por el Estado, pagando sueldos que llegan a cuadruplicar los magros ingresos del sector público. En medio de este escenario decadente, el Gobierno, durante el 2025, también decidió desfinanciar la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en Neuquén y paralizar, prácticamente por completo, las obras vinculadas a la extensión de vida útil de la central Atucha I.
La destrucción de las capacidades técnicas estatales contrasta de manera escandalosa con los nombramientos de militantes libertarios en puestos jerárquicos clave. El Gobierno ubica a personajes sin ningún tipo de formación idónea para gestionar un sector de altísima complejidad técnica y enorme responsabilidad social.
Las asambleas de trabajadores exponen, de forma constante, las contrataciones insólitas de funcionarios que apenas cuentan con estudios secundarios para ocupar direcciones de extrema relevancia institucional. El caso de un subsecretario de 23 años, Ezequiel Acuña, reconocido únicamente por su actividad como tuitero, ilustra perfectamente la degradación impulsada por el oficialismo.
Como si esto no fuera suficiente, también se le suma la designación de una instructora de yoga al frente de la gerencia de Recursos Humanos. A este grupo de impresentables e improvisados, que asumieron el control administrativo, también se sumó el caso de un secretario de Asuntos Nucleares de 31 años, Felipe Randle, el cual accedió a un préstamo personal de casi $200 millones, otorgado por el Banco Nación.
Represión y mentiras
El titular del organismo intentó justificar este ataque directo a la ciencia nacional mediante declaraciones falaces, publicadas en sus redes sociales personales. Martín Porro difundió un mensaje afirmando que las autoridades decidieron no renovar únicamente 61 contratos de plazo fijo, incorporados durante el último año de la gestión anterior. Además, el funcionario libertario aseguró que este personal cumplía funciones mayoritariamente administrativas, y garantizó públicamente que ningún investigador o técnico especializado había sido desvinculado de sus labores habituales. La cruda realidad de los laboratorios desmintió rápidamente este burdo intento de ocultar la gravedad del vaciamiento en curso.
Una de las trabajadoras directamente afectadas expuso la falsedad del relato oficial con una respuesta contundente y sumamente reveladora sobre el nivel de cinismo que maneja el Gobierno. La profesional despedida le recordó al presidente de la institución que ella era la única operadora capacitada en todo el país para manejar el microscopio electrónico de barrido, acreditado con las máximas normas internacionales de calidad. Este testimonio demuestra la forma deliberada en la que el Gobierno prescinde de personal técnico fundamental para el normal funcionamiento de proyectos estratégicos. Las mentiras de las autoridades quedan en evidencia al priorizar la contratación de personas sin conocimientos previos, por sobre el resguardo de los laburantes imprescindibles para el mantenimiento de la matriz tecnológica nacional.
La respuesta oficialista, frente a los reclamos de los trabajadores despedidos, consistió exclusivamente en aplicar la fuerza bruta para intentar silenciar a los profesionales perjudicados. Ante la catarata de despidos, el personal científico buscó dialogar con las autoridades en las oficinas de la sede central. El presidente, Martín Porro, se negó rotundamente a dar cualquier tipo de explicación y procedió a abandonar el recinto, escoltado por efectivos de la Gendarmería Nacional. Las fuerzas de seguridad actuaron con violencia y reprimieron a los manifestantes en los pasillos de la institución, repartiendo empujones y palazos contra los propios investigadores de la entidad.
🗣️ @Cele_Fierro, diputada electa por el MST en el FIT Unidad, acompaña la acción pic.twitter.com/OurTc3xdqz
— Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) July 1, 2026
Entrega soberana
Toda esta maquinaria de destrucción responde a un claro objetivo, diseñado para beneficiar a intereses económicos extranjeros. El Gobierno busca quebrar, de manera definitiva, lo poco que queda de una política de independencia tecnológica construida gracias al esfuerzo de científicos y operarios, a lo largo de los más de 76 años que tiene este organismo.
El desguace intencional de la CNEA genera las condiciones políticas y administrativas propicias para justificar la intromisión de capitales norteamericanos en el manejo soberano de nuestros recursos. Para esto, las autoridades libertarias pretenden construir un relato sobre una supuesta incapacidad del Estado para sostener el desarrollo nuclear de cara al futuro. El objetivo de fondo es entregar este negocio millonario a empresas de los Estados Unidos, dispuestas a explotar las infraestructuras ya consolidadas.
El Poder Ejecutivo habilitó un procedimiento legal extraordinario para permitir que las corporaciones extranjeras recorran libremente las instalaciones nucleares y evalúen, de primera mano, posibles oportunidades de negocios privados. Este mecanismo nefasto ofrece en bandeja activos estratégicos invaluables, como el caso del avanzado reactor de investigación, que se encontraba en sus etapas finales de construcción. El interés yanqui se centra directamente en apropiarse del control de las ricas reservas de uranio ubicadas en el subsuelo de diversas provincias argentinas. Ya han sido varios los altos funcionarios de los Estados Unidos que manifestaron su ambición por incorporar estos minerales críticos, indispensables para abastecer de energía a su propia cadena de suministro global.
El debilitamiento progresivo del organismo rector de la actividad atómica representa apenas el paso previo necesario para consumar la privatización definitiva de todo el sistema de generación eléctrica del país. En septiembre de 2025, cuando Adorni era el vocero oficial, confirmó la intención del Gobierno de vender una enorme porción del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina, para forzar la incorporación de inversores internacionales al manejo cotidiano de las centrales nucleares.
Este tipo de políticas no solo pone en serio riesgo la seguridad operativa de plantas fundamentales. Al mismo tiempo, compromete de lleno el futuro del desarrollo productivo independiente del país. Frente a este ataque sistemático, es fundamental discutir de conjunto, con todos los trabajadores, el modelo de plan nuclear y de tecnologías asociadas que hace falta para el país. Se vuelve fundamental debatir el rol protagónico que la CNEA debe jugar en dicho esquema estratégico. Este camino de recuperación tiene que empezar por otorgar un aumento urgente de los salarios, que mayoritariamente hoy se encuentran por debajo de la canasta familiar y dejan a muchas familias en situaciones de extrema angustia, además de pelear por la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas.
A su vez, es obligatorio garantizar los presupuestos correspondientes para sostener los proyectos en curso y resguardar todos los sectores de trabajo. Esta defensa irrestricta se enmarca en la necesidad de trazar una planificación clara sobre para quienes hacen ciencia en la Argentina. La soberanía tecnológica es vital para el desarrollo nacional en beneficio directo de nuestra gente. Para lograr esto, se deben incorporar mecanismos democráticos de controles de gestión populares en sus instituciones. El vaciamiento de la CNEA y la pretendida privatización de la operación de nuestras centrales nucleares reflejan exactamente este modelo de entrega, al cual hay que enfrentarlo en las calles.
