Durante la noche del 23 de junio, y con extrema violencia, la Policía Federal detuvo a Franco Oscari, joven campesino jujeño y militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a partir de una denuncia impulsada por la senadora saltimbanqui Patricia Bullrich. Hoy nos concentramos frente a la sede de la Policía Federal de Jujuy para exigir su inmediata libertad. Con el argumento de que reside en una zona rural, de difícil acceso y fronteriza, se le ha negado la excarcelación.
Franco es acusado de supuestas amenazas realizadas en redes sociales contra la exministra de Seguridad. Sin embargo, este hecho no puede analizarse de manera aislada. Su detención ocurre en un contexto de creciente conflictividad territorial, donde él, su familia y su comunidad vienen enfrentando intentos de desalojo y defendiendo el derecho a permanecer en las tierras que habitan y trabajan desde hace generaciones.
Hace apenas unos días, la comunidad había logrado una victoria parcial al conseguir la suspensión de una orden de desalojo. Ahora, la persecución judicial y la criminalización de un trabajador campesino aparecen como una nueva forma de presión contra quienes resisten el avance de intereses económicos vinculados al extractivismo sobre los territorios rurales e indígenas.
No es casual que, mientras las comunidades organizadas luchan por la tierra, el agua y la permanencia en sus territorios, se multipliquen las causas judiciales, las amenazas y los operativos represivos. Se busca disciplinar, sembrar miedo y debilitar a las organizaciones populares que enfrentan el saqueo de los bienes comunes.
La utilización de publicaciones en redes sociales como argumento para justificar detenciones arbitrarias abre, además, un grave precedente para la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Opinar, criticar o manifestar desacuerdo con funcionarios públicos no puede convertirse en un delito ni en una excusa para desplegar mecanismos de persecución política.
En Jujuy tenemos el gravísimo antecedente de Nahuel Morandini y Roque Villegas, encarcelados durante más de 50 días por publicar una broma en redes sociales que molestó al ex gobernador Gerardo Morales. Un caso que generó un amplio repudio de organismos de derechos humanos y encendió las alarmas sobre la libertad de expresión y las garantías democráticas. Un hecho que revela el entramado de complicidad entre la Justicia y la casta político-empresarial.
Exigimos la inmediata libertad de Franco Oscari, el cese de la criminalización de quienes defienden sus territorios y el fin de los intentos de desalojo contra las comunidades campesinas e indígenas. Defender la tierra no es un crimen. Organizarse no es un delito. Expresarse en redes sociales no puede ser motivo de persecución.
¡Libertad inmediata para Franco Oscari!
¡Opinar en redes sociales no es delito!
¡Basta de desalojos y persecución a las comunidades campesinas e indígenas!
Juan Russo – MST en el Frente de Izquierda Unidad
