En un nuevo paso hacia la entrega total del río Paraná a capitales extranjeros, el gobierno de Javier Milei otorgó hoy la licitación de la llamada Hidrovía Paraná – Paraguay a la empresa belga Jan De Nul, que viene administrando la explotación de la vía navegable desde 1995, en un proceso viciado de irregularidades que incluso resuenan a nivel internacional. Esta política, sostenida a lo largo de los distintos gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron desde la década del noventa hasta hoy, ha asegurado un negocio millonario en el control del comercio exterior, en desmedro del ambiente y la soberanía nacional.
La historia de una entrega
El río Paraná se encuentra privatizado desde 1995, año en el que el gobierno peronista de Carlos Menem le otorgó la concesión de obra pública por peaje suscrito a la empresa Hidrovía S.A. (en manos de la belga Jan de Nul y la nacional EMEPA). Por 25 años fueron los dueños del río y lo siguieron siendo cuando la concesión venció en 2021. A pesar de la oportunidad abierta para retomar el control sobre el Paraná, el gobierno de Alberto Fernández, con todos los gobernadores peronistas de las provincias de la cuenca, extendieron esa concesión por 90 días, hasta que quedó provisoriamente en manos del Estado.
Durante el final de aquel gobierno y luego de la llegada del ultraderechista Milei, el lobby y la disputa entre el imperialismo yankee y chino se intensificaron, haciendo que el proceso licitatorio del 2025 fracase. Finalmente, luego de más de 5 años de contiendas, se concretó la reprivatización, dejando en manos de Jan De Nul la administración, mantenimiento, cobro de peajes e inversión de la mal llamada hidrovía. Estamos ante la licitación más grande en términos económicos de la era Milei, por tratarse de un negocio que acapara el 80% de las exportaciones de nuestro país e involucra a 60 terminales portuarias, también en manos privadas.
Aspectos de la licitación
La firma de la nueva concesión a la empresa belga se extiende por otros 25 años. Jan De Nul administrará el negocio en conjunto con capitales nacionales representados en Servimagnus S.A., a nombre del empresario Ricardo Román, cuyos vínculos políticos van desde Massa a Santiago Caputto y figura como arrepentido en la causa cuadernos, haciéndose cargo de haber pagado coimas durante el gobierno de CFK. Esta empresa será la encargada de aportar infraestructura portuaria y logística. La licitación contempla un plan de dragado en diferentes etapas en los principales tramos de la “Hidrovía” e incluye la profundización del tramo Paraná-Timbúes, que pretende llevar el calado a más de 40 pies, en un período de dos a tres años.
El gobierno, las cámaras exportadoras, la Bolsa de Comercio de Rosario y todos los capitales privados que presionaron para que salga la licitación se benefician con este modelo de negocios. Este proyecto implica el ingreso de buques de ultramar que podrán albergar 2.200 toneladas más de carga por pie extra de profundidad, lo que supone un ahorro millonario, puesto que a mayor dragado, mayor carga y menos barcos, reflejando menores costos en el transporte. Además, en concepto de peajes, la empresa belga se ha comprometido en la reducción de 50 centavos de dólar por tonelada, bajando el valor de U$D 4,30 a U$D 3,80.
Un proyecto de gran impacto ambiental
La concreción de este proyecto es la muestra más cabal del plan de reprimarización de la economía argentina que viene desarrollando Milei, en complicidad con todos los sectores políticos, y que es un salto en el modelo extractivista de entrega de nuestros bienes comunes y que nos lleva a la pérdida de soberanía.
Desde el punto de vista técnico-legal en relación con el ambiente, la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental válida durante el proceso licitatorio, la falta de intervención de áreas especializadas nacionales y provinciales (de por sí desfinanciadas), la oscuridad en torno al acceso a la información pública y las maniobras que impidieron la participación ciudadana, implican una violación del Acuerdo de Escazú, al que Argentina está suscrita.
En cuanto al impacto en los territorios, aumentar el calado del río llevará a que el drenaje del sistema del delta se concentre aún más sobre el cauce principal del Paraná, dificultando así el régimen de crecientes y bajantes naturales de un ecosistema que ya sufre un nivel medio de agua muy por debajo de los promedios históricos. La profundización del río, por lo tanto, llevará a que la sequía que se viene dando en lagunas y arroyos, áreas fundamentales para la supervivencia de especies de flora y fauna, la transformación de las islas por las quemas intencionales de los últimos años y la pampeanización de todo el sistema para la cría de ganado y la especulación inmobiliaria sea un combo letal para los humedales que cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental.
No es una hidrovía es nuestro río
Esta reprivatización del río es otro capítulo de la entrega de nuestra soberanía. Se da en el contexto de una dramática crisis social de las mayorías trabajadoras y los sectores populares, ante la cual el gobierno decide entregar millones de dólares a capitales privados, divisas que serían fundamentales para resolver las necesidades reales de la población. Además, se profundiza un modelo de gran impacto sobre el ambiente, que destruye un sistema natural clave a cambio de seguir garantizando el negocio de los sectores más concentrados de la economía, las mineras, el agro y los grandes importadores.
Por todo esto, tenemos que avanzar en medidas de fondo, recuperar el dominio del río Paraná en manos del Estado, con control por parte de los trabajadores, los científicos y las organizaciones socioambientales. A su vez, tenemos que nacionalizar el comercio exterior para recuperar el monopolio estatal y que sean las poblaciones quienes definamos qué se exporta e importa. Esta medida debe actuar de la mano de la reactivación de la flota mercante de bandera, con producción de medios de transporte adaptados al río, y de una importante discusión social sobre qué, cuánto y cómo producimos y comercializamos.
Estas políticas además, son centrales para terminar con el negocio ilegal y el narcotráfico. En los puertos privados hay sub y sobrefacturación; contrabando de armas, de drogas y denuncias de trata de personas. Son verdaderas semicolonias a las orillas del Paraná, con sus territorios privados y policía privada, en complicidad con el poder estatal que no controla nada de lo que entra y se va por allí.
El problema no es sólo quién administra nuestros ríos y cuencas, sino en función de qué modelo económico y productivo y en defensa de qué intereses.
Gina Turtula y Rodrigo Garzón
