La Cámara de Diputados se encuentra en pleno debate de un proyecto de ley sumamente peligroso que se asienta sobre una justificación absolutamente engañosa.
La nueva “Ley de Lobby” impulsada por el oficialismo se presenta como una normativa para transparentar el vínculo entre los poderes del Estado y los intereses privados, pero en su verdadero trasfondo esconde un andamiaje legal para criminalizar a la población civil que intente incidir en el tratamiento de políticas públicas.
Esta iniciativa libertaria intenta igualar el lobby corporativo que impulsan las grandes multinacionales con el trabajo cotidiano que realiza cualquier ONG, movimiento social o grupo de trabajadores de a pie que busca conquistar leyes para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Obviamente, en esta institucionalidad burguesa ninguna actividad de incidencia o presentación de proyectos garantiza el cumplimiento real de los derechos ni soluciona los problemas estructurales que padecemos como clase. Solo tomando el desarrollo de la gestión libertaria alcanza con entender que no se puede creer que las demandas de fondo se resuelvan haciendo lobby parlamentario. Pero más allá de esta profunda diferencia de métodos que uno pueda tener con el activismo de las ONGs, resulta alarmante cómo el gobierno de Javier Milei utiliza excusas sobre la supuesta injerencia de intereses extranjeros para cercenar las escasas vías de participación democrática que le quedan a las mayorías.
El profundo rechazo que generó esta maniobra restrictiva obligó a la Casa Rosada a tener que frenar el dictamen en las comisiones legislativas. El proyecto libertario se chocó con las trabas que impusieron de manera transversal los distintos bloques y el gobierno ya se encuentra negociando algunas modificaciones para intentar acercar posiciones con aquellos sectores que se dicen opositores, pero que habitualmente terminan levantando la mano para aprobarle todo el paquete de ajuste al oficialismo.
Retazos del autoritarismo húngaro en la Argentina
La principal trampa de la redacción radica en la creación del “Registro Público de Gestores de Intereses“, una categoría inmensamente amplia y ambigua que no hace ninguna distinción entre el accionar del sector privado con fines de lucro y el de las organizaciones de la sociedad civil.
Bajo este esquema libertario, cualquier persona u organización que busque peticionar ante las autoridades deberá inscribirse obligatoriamente en este registro oficial, declarar si actúa en representación de intereses locales o extranjeros y presentar periódicamente engorrosos informes trimestrales detallando cada una de sus actividades.
El proyecto tipifica la “gestión clandestina de intereses” como un delito penal y castiga con penas de 6 meses a 2 años de prisión a quienes realicen gestiones sin estar inscriptos. Siguiendo esta lógica perversa, un grupo de familias que se acerque a un legislador para reclamar medicamentos oncológicos, o una asamblea que pida obras de infraestructura, quedaría automáticamente bajo riesgo de ir a la cárcel si no cumple con todo este pesado trámite burocrático.
La inspiración de este proyecto profundamente regresivo sigue el manual de las nuevas ultraderechas globales. Esta iniciativa se inspira directamente del autoritarismo que implementó el ex mandatario húngaro Viktor Orbán. Al igual que en Hungría, el gobierno nacional utiliza el argumento de la “defensa de la soberanía” para criminalizar a las organizaciones que reciben algún tipo de financiamiento de la cooperación internacional, asociando de forma espuria y malintencionada este apoyo habitual en áreas de derechos humanos o salud pública con la supuesta representación de oscuros “intereses extranjeros“.
Un rechazo generalizado y el llanto de los empresarios
Las quejas y los roces frente a esta avanzada autoritaria no tardaron en aflorar desde distintos polos de la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales fueron las primeras en alertar que este registro es inviable y busca asfixiar la participación cívica. Las asociaciones advirtieron que imponer semejante carga administrativa, bajo la amenaza latente de ir a prisión, generará un enorme efecto de silenciamiento, obligando a muchos colectivos organizados a reducir drásticamente su actividad pública.
Curiosamente, el proyecto también generó mucho malestar en una parte del empresariado que mantiene contacto directo y fluido con el presidente Milei. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) se mostró inquieta ante la posibilidad de que la ley afecte sus propios intereses. Este sector concentrado de la economía reclama, con total descaro, que se modifiquen las sanciones penales por simples faltas administrativas y exige que no se los considere automáticamente como representantes de intereses extranjeros solo por formar parte de grandes grupos internacionales.
Resulta indispensable aclarar que el gobierno nacional bajo ningún concepto busca perjudicar los negocios de estos grupos económicos que lloran y piden excepciones a la regla. La intención real de la gestión libertaria, más allá de los cruces que puedan surgir por la letra chica del proyecto con sectores como la Amcham o la Unión Industrial Argentina, consiste en avanzar en la quita de los derechos más elementales y básicos con los que cuenta esta deteriorada democracia.
Romper con la institucionalidad para conquistar una democracia real
La pretendida “Ley de Lobby”, de ninguna manera es una herramienta de transparencia. Claramente es una maniobra legal para controlar las agendas, vigilar la actividad política y castigar a la población civil. Este tipo de proyectos regresivos deja al descubierto que la democracia, tal como la conocemos hoy, se encuentra completamente agotada y es incapaz de solucionar los problemas de fondo que padece la mayoría de la sociedad.
Para enfrentar esta avanzada reaccionaria y construir una verdadera democracia, la estrategia debe apuntar a un cambio radical de fondo que reemplace a este Estado capitalista por un gobierno de las y los trabajadores. Solo desarmando esta vieja institucionalidad burguesa podremos frenar los atropellos autoritarios y abrir el camino para construir una sociedad socialista que discuta por solucionar los problemas estructurarles que aquejan a las mayorías trabajadoras y los sectores populares.
