En la apertura de sesiones, Alberto Fernández expuso varios proyectos para que trate el Congreso. Entre ellos, insistió en dos proyectos hasta ahora frizados por falta de votos, las reformas del Ministerio Público Fiscal y del Fuero Federal, y otro nuevo, para limitar las competencias de la Corte Suprema. Aquí van algunas reflexiones sobre tales proyectos y nuestras propuestas de reforma.
Alberto no se privó de hacer duras críticas respecto del Poder Judicial, en especial porque le preocupan los fallos que perjudican a integrantes de su fuerza política, incluida la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios y amigos del poder.
También dedicó un fuerte descargo contra el funcionamiento de la justicia más en general y cuestionó “los intereses” detrás de las decisiones judiciales, denuncias, investigaciones y carpetazos. Echar culpas sobre la justicia, que las tiene, tiene también el objetivo político de desviar y eludir las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Por caso, no olvidemos que cuando Berni y la Bonaerense reprimieron en Guernica se justificaban aduciendo que “cumplían con la orden judicial de desalojo”.
¿Qué se discute?
Como decíamos al principio, los ejes de la reforma que plantea el gobierno son tres:
- Reformar la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF), en especial la forma de designación del Procurador General. Es un cargo clave, pues es el jefe de todos los fiscales del país, a cargo de investigar los delitos tipificados en el Código Penal, entre otras atribuciones. A su vez, el Procurador dictamina sobre las causas que llegan a la Corte Suprema. Para designarlo es necesaria una mayoría calificada de votos del Senado: dos tercios de los senadores presentes. La reforma lo reduciría a mayoría simple, es decir la mitad más uno. También sería más laxo el procedimiento para su remoción, que ahora requiere un juicio político aprobado por dos tercios de la Cámara de Diputados.
Este proyecto incluye reformar las potestades de la Comisión Bicameral que “controla” el funcionamiento del MPF y crear un Tribunal de Enjuiciamiento con mayor injerencia política, ya que contaría con más miembros designados por el poder político.
- Reformar el Fuero Federal, que también ya tuvo media sanción del Senado el año pasado. Se unificarían los fueros Criminal y Correccional Federal, conocido como Comodoro Py, y el Penal Económico para dar crear un solo Fuero Penal Federal en CABA. Se duplicaría la cantidad de juzgados y por ende el número de jueces, con los nuevos bajo selección del poder de turno. Esto evidencia la necesidad política imperiosa del gobierno de tratar de licuar el poder que detentan los jueces enemistados con la gestión K-PJ.
- En relación con la Corte Suprema, se presentaría un proyecto para limitar sus atribuciones a revisar las cuestiones relativas a la inconstitucionalidad o no de las normas. Y se crearía un tribunal que resuelva sobre otras cuestiones, como las relativas a la “arbitrariedad”, que de hecho es todo lo demás. Una forma más que evidente de evitar que la Corte resuelva sobre causas relevantes en contra de los intereses del gobierno, como por ejemplo la condena de Amado Boudou.
- Respecto de los juicios por jurados populares, si bien Fernández propone extenderlo a delitos federales, nosotrxs consideramos esto insuficiente y proponemos extenderlos a todos los casos.
- También habló de “despolitizar el Consejo de la Magistratura”, sin aclarar cómo se compondría. De igual forma, consideramos que es un organismo que debe ser anulado ya que la única forma de despolitizar la justicia y desvincularla de los poderes de turno, es elegir a jueces y fiscales de manera directa y por el voto popular y no darle una nueva composición que favorezca a los mismos de siempre.
La derecha también defiende con uñas y dientes sus privilegios
Como es de esperar, la derecha recalcitrante de Cambiemos y sus aliados vienen levantando su voz en contra de estas reformas que platea el gobierno. Pero no las critican por insuficiente o antidemocráticas, sino porque cuando fueron gobierno hicieron exactamente lo mismo: designar jueces amigos, dar indicaciones de cómo, cuándo y a quién investigar y qué causas cajonear.
Sin ir más lejos, durante la gestión macrista la Oficina Anticorrupción abandonó su rol de querellante cuando tocó investigar causas que involucraban a funcionarios políticos de su gobierno. Por estos mismos motivos, además, el propio Macri sigue impune por las causas de espionaje ilegal.
Un debate no tan nuevo
El lawfare, tan mencionado por Cristina, siempre existió y existe. Es la injerencia política sobre el Poder Judicial. Como ejemplo, hace poco falleció el ex presidente Menem totalmente impune de todas las causas penales por las que fue acusado -y en ocasiones condenado-, incluso las que provocaron muertes como la explosión en Río Tercero.
Como antes el lawfare beneficiaba al macrismo, los medios hegemónicos y el poder concentrado, las actuales reformas darían vuelta un poco la tortilla pero en favor de los amigos políticos y empresarios del PJ. Una vez más, estamos ante la conducta inalienable de “amigos son los amigos” y de beneficios a costa de las arcas públicas, gobierno tras gobierno.
¿Reformar la (in)justicia para que todo siga igual?
Si hay algo ineficiente en este país para el pueblo trabajador es el Poder Judicial. Tiene vínculos fundantes con el poder político, ya que a los jueces y fiscales los designan Consejos de la Magistratura supeditados a él, y además defiende los intereses de la clase dominante: los capitalistas. Basta efectuar un mínimo análisis de las cárceles y causas penales en nuestro país para verificar que hay un alto porcentaje, del 50 al 60%, de pobres y sin condena. En cambio los ricos tienen pabellones VIP, prisión domiciliaria y abogados defensores muy costosos que empantanan la investigación de las causas.
Junto con eso, el acceso a la justicia está cada vez más limitado a quienes pueden pagarla. Y las resoluciones de los jueces, en especial las de la Corte Suprema, entre otros ejemplos, vienen atacando sistemáticamente conquistas laborales, licuando cada vez más la protección al trabajo en todas sus formas.
Uno de los ejes más sentidos y expuestos por el movimiento feminista y disidente hoy es en cuanto al rol patriarcal de la justicia frente a los casos de violencia de género. El reciente femicidio de Úrsula, que se anexa a un número interminable de muertas por violencia machista, mostró la crueldad e ineficiencia del sistema de denuncias y de desprotección y revictimización de las víctimas. De todas estas cuestiones hay muchos discursos, pero nula voluntad política para avanzar en soluciones concretas.
Qué reforma hace falta
Si buscamos un denominador común en todas las reformas que plantea el Ejecutivo vamos a vislumbrar sin gran esfuerzo que en ningún caso se propone la participación democrática del pueblo trabajador. Las máximas designaciones de funcionarios con amplios poderes siguen quedando entre cuatro paredes, al servicio de uno u otro poder de turno.
Para dejar de tener una justicia adicta, tenemos que romper con esta lógica. Ninguna reforma cuestionará a fondo los privilegios de la casta de jueces y fiscales ni sus estrechos vínculos con el poder político sin la elección directa por el voto popular, la limitación de sus mandatos, la eliminación de sus privilegios y también su remoción si incumplen con sus deberes. También hace falta implementar los juicios por jurados populares, que son otra forma de intervención social en la administración de justicia: están en la Constitución Nacional desde 1853, pero se aplican poco y nada.
Lo mismo respecto de las causas de corrupción política y empresarial. Está demostrado que este Poder Judicial, con el entramado que hemos descripto, no va a investigar en forma imparcial. Para realmente indagar y combatir la corrupción es necesario formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y de derechos humanos, y plenos poderes para actuar a fondo: una CONADEP de la corrupción.
Para lograr estos cambios es preciso organizarnos y movilizar, porque ni el macrismo ni el Frente de Todos están dispuestos a atacar sus propios intereses políticos y económicos. Desde el MST en el FIT Unidad te invitamos a compartir estas propuestas para que, en el marco de cambios de fondo, podamos avanzar hacia un sistema de justicia digno de llamarse como tal.
Catalina Coles