Mientras millones de trabajadores padecen las consecuencias del ajuste, los gobernadores vuelven a sentarse a negociar con la Casa Rosada. La discusión ya no gira alrededor de cómo enfrentar el deterioro social que atraviesan las provincias, sino sobre qué obras, fondos o compensaciones recibirán a cambio de respaldar los proyectos legislativos del gobierno de Javier Milei.
El Congreso como mercado de negociaciones
Este martes 2 de junio, los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el ministro del Interior, Diego Santilli. Del encuentro participaron mandatarios de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero, quienes reclamaron obras de infraestructura, mejoras en rutas, abastecimiento energético y la implementación de una tarifa diferencial de “zona cálida” para el norte del país.
La reunión también tuvo un fuerte trasfondo político. El gobierno de Javier Milei busca consolidar apoyos legislativos para avanzar con su agenda de reformas, entre ellas la eliminación de las PASO y otros proyectos impulsados por la Casa Rosada. A cambio, los gobernadores esperan obtener fondos, obras y compensaciones tarifarias prometidas por Nación, en una negociación que vuelve a mostrar cómo la obra pública y los recursos federales se utilizan como moneda de cambio para construir mayorías parlamentarias.
Las conversaciones entre la Casa Rosada y distintos gobernadores se intensificaron en las últimas semanas. El gobierno necesita reunir apoyos para avanzar con nuevas reformas en el Congreso y, para conseguirlos, volvió a poner sobre la mesa uno de los pocos recursos que conserva: la administración discrecional de obras públicas y fondos para las provincias. Diversos mandatarios provinciales reclaman reactivación de obras, pagos de deudas previsionales y transferencias extraordinarias a cambio de garantizar respaldo parlamentario.
La situación deja al descubierto una contradicción evidente. El mismo gobierno que paralizó miles de obras públicas en todo el país en nombre del déficit cero ahora las utiliza como moneda de cambio para construir mayorías legislativas. Lo que se presenta como una negociación institucional aparece cada vez más como un sistema de premios y castigos donde los recursos públicos son utilizados para garantizar gobernabilidad.
Gobernadores que protestan y acompañan
Muchos gobernadores cuestionan públicamente el ajuste nacional. Denuncian la caída de la coparticipación, el freno a la obra pública y el deterioro de las finanzas provinciales. Sin embargo, varios de ellos terminan siendo cómplices, acompañando en el Congreso proyectos impulsados por el oficialismo o mantienen abiertas las negociaciones para hacerlo.
La lógica es conocida: mientras las provincias sufren recortes que afectan hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales, los mandatarios provinciales buscan obtener recursos para sostener la gobernabilidad local. El resultado es un círculo vicioso donde el ajuste nacional continúa avanzando mientras las discusiones se reducen a qué provincia recibirá alguna compensación.
El costo lo pagan las mayorías populares
Detrás de cada negociación aparecen problemas concretos que afectan a millones de personas. La paralización de obras implica viviendas que no se terminan, rutas deterioradas, hospitales inconclusos y escuelas sin infraestructura adecuada. La caída de recursos también golpea los presupuestos de salud, educación y asistencia social.
Mientras tanto, la Casa Rosada intenta avanzar con nuevas reformas económicas y políticas que profundizan un modelo favorable a los grandes grupos empresarios. Los gobernadores, incluso aquellos que se muestran críticos en los discursos, terminan siendo actores fundamentales para garantizar esa agenda cuando aportan los votos necesarios en el Congreso.
Una salida distinta
La disputa entre Milei y los gobernadores no enfrenta dos modelos opuestos. En muchos casos se trata de una negociación sobre cómo administrar el ajuste y cómo repartir recursos cada vez más escasos. Las necesidades populares quedan subordinadas a acuerdos entre el poder central y las administraciones provinciales.
Frente a este escenario, la defensa de la obra pública, la salud, la educación y el empleo no puede quedar en manos de negociaciones de despacho. La única garantía para enfrentar el ajuste es la organización y la movilización de trabajadores, estudiantes, jubilados y sectores populares, impulsando una salida que priorice las necesidades sociales por encima de los acuerdos entre gobiernos y los intereses de los grandes grupos económicos.
