El gobierno de Javier Milei oficializó la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA. La empresa pública que presta servicios de agua y saneamiento en el AMBA quedará en manos privadas en medio de tarifazos, ajuste y deterioro social. El oficialismo habla de “eficiencia”; la experiencia histórica muestra más negocios privados y servicios más caros para la población.
El agua como negocio
El gobierno nacional avanzó formalmente con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar los pliegos para vender el 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado. La medida fue oficializada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía y forma parte del paquete de privatizaciones impulsado por Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases.
La operación contempla una licitación pública nacional e internacional para entregar el control de la empresa a un “operador estratégico” privado. AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, es decir, sobre una de las zonas más pobladas del país.
El regreso del modelo privatizador
Desde el gobierno sostienen que la privatización permitirá atraer inversiones y mejorar la calidad del servicio. Luis Caputo afirmó que el objetivo es que el Estado deje de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y generar condiciones para la inversión privada.
Sin embargo, la historia argentina ya mostró qué ocurre cuando servicios esenciales quedan subordinados a la lógica empresarial. Durante la privatización de Obras Sanitarias en los años noventa, la gestión privada encabezada por Aguas Argentinas terminó marcada por incumplimientos de inversión, deterioro del servicio y aumentos tarifarios, hasta que el Estado volvió a hacerse cargo en 2006.
Ahora, el gobierno libertario busca reinstalar aquel modelo en un contexto todavía más crítico: salarios destruidos, caída del consumo y tarifazos permanentes. La privatización también llega después de fuertes aumentos en las boletas de agua durante toda la gestión Milei, que golpearon especialmente a trabajadores y jubilados del AMBA.
Acecha la maldad
El avance privatizador sobre AySA también reabre el debate sobre el desembarco de empresas extranjeras vinculadas al negocio del agua, entre ellas Mekorot, la compañía estatal israelí que en los últimos años (incluso antes del gobierno libertario) firmó convenios con varias provincias argentinas como Mendoza, Santa Cruz, San Juan, La Rioja y Catamarca, entre otras. Presentados oficialmente como acuerdos de “asesoramiento técnico” y modernización hídrica, estos convenios fueron cuestionados por organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos, que denuncian la creciente injerencia de corporaciones privadas sobre un recurso estratégico como el agua.
Las críticas hacia Mekorot no se limitan al plano local. La empresa viene siendo denunciada internacionalmente por su rol en la administración desigual del agua en los territorios palestinos ocupados, donde distintas organizaciones de derechos humanos señalan que el acceso al recurso está profundamente condicionado por la ocupación israelí. En ese marco, el avance de privatizaciones y convenios con este tipo de corporaciones despierta preocupación sobre el modelo de gestión que busca imponerse: menos control público, más lógica empresarial y un recurso esencial cada vez más subordinado a intereses económicos y geopolíticos.
Ajuste, negocios y deuda
La venta de AySA no aparece aislada. Forma parte de un programa más amplio de privatizaciones que incluye empresas estratégicas como ENARSA, Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Nucleoeléctrica.
El gobierno espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación. Pero detrás del discurso de “modernización” aparece otro objetivo central: conseguir recursos rápidos para sostener el esquema financiero del ajuste y el pago de deuda.
Mientras se desfinancian hospitales, universidades y programas sociales, la Casa Rosada acelera la venta de empresas públicas construidas durante décadas con recursos de toda la población.
El agua no debería ser una mercancía
El avance privatizador vuelve a poner en discusión un problema de fondo: servicios esenciales como el agua pueden quedar sometidos a la rentabilidad empresaria.
El acceso al agua potable y al saneamiento no es un lujo ni un negocio financiero. Es un derecho elemental. Pero para el gobierno de Milei, incluso derechos básicos pasan a ser áreas de negocios para grupos privados y fondos de inversión. La experiencia internacional muestra que las privatizaciones de agua suelen derivar en aumentos tarifarios, menor inversión en zonas populares y deterioro del acceso para los sectores más pobres.
Mientras el oficialismo habla de “libertad económica”, lo que aparece es otro capítulo del mismo modelo: ajuste para las mayorías, negocios para unos pocos y entrega de recursos estratégicos al capital privado. Porque la motosierra no vino a terminar con los privilegios. Vino a redefinir quiénes hacen negocios con ellos.
