La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo: el jefe de Gabinete habría pagado 21 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa en el country Indio Cuá mientras remodelaba otra propiedad dentro del mismo barrio privado. El caso profundiza las sospechas sobre el patrimonio del funcionario y vuelve a golpear el relato “anticasta” del gobierno de Javier Milei.
Dólares en mano y vida de country
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni incorporó una nueva declaración que complica aún más al funcionario libertario. Según trascendió, el propietario de una vivienda del country Indio Cuá aseguró ante la Justicia que Adorni pagó alrededor de 21 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa donde vivió junto a su familia durante un año y medio.
El alquiler habría sido utilizado mientras el funcionario realizaba remodelaciones en otra propiedad adquirida dentro del mismo barrio privado. Según las declaraciones incorporadas al expediente, esas refacciones también habrían sido abonadas en efectivo y en dólares.
La investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes buscan determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.
El funcionario del ajuste y los gastos millonarios
Mientras el gobierno exige sacrificios permanentes a la población, el estilo de vida que aparece alrededor de Adorni contrasta brutalmente con el discurso oficial sobre austeridad.
Según la investigación judicial, además del alquiler en dólares, el funcionario compró una vivienda en el country y habría destinado cientos de miles de dólares adicionales a remodelaciones, mobiliario y gastos asociados. Parte de esos movimientos fueron realizados sin facturación formal y mediante pagos en efectivo. Mientras tanto realizaba lujosos viajes y adquiere una casa en el barrio de caballito.
El contraste político es inevitable. El mismo gobierno que destruye programas sociales, congela salarios, desfinancia universidades y ajusta sobre jubilados aparece envuelto en denuncias sobre propiedades de lujo, vuelos privados y movimientos financieros difíciles de justificar.
La pregunta empieza a instalarse sola: ¿quién paga realmente el ajuste y quién vive cada vez mejor dentro del esquema libertario?
La crisis del relato anticasta
El caso Adorni ya dejó de ser un problema individual. Se transformó en un síntoma más amplio del desgaste político del gobierno de Javier Milei.
La administración libertaria llegó al poder prometiendo terminar con “la casta”, pero acumula denuncias que involucran a figuras centrales del oficialismo: el escándalo $LIBRA, las sospechas sobre Karina Milei, las denuncias alrededor de Diego Spagnuolo, los gastos irregulares en organismos públicos y ahora el patrimonio de Adorni.
El patrón empieza a repetirse: funcionarios que hablan de transparencia mientras aparecen rodeados de operaciones en efectivo, vínculos empresariales opacos y bienes imposibles de explicar con salarios estatales.
Blindaje político y silencio oficial
Pese a la magnitud de las denuncias, el gobierno mantiene un respaldo total hacia Adorni. Milei decidió sostenerlo públicamente y convertir su defensa en una cuestión política estratégica.
El problema para la Casa Rosada es que cada nueva revelación erosiona todavía más el núcleo del relato libertario. Porque el impacto no se limita a una causa judicial: golpea sobre la legitimidad moral del gobierno.
Mientras millones sobreviven entre tarifazos, caída del consumo y salarios destruidos por la inflación, la imagen de funcionarios pagando fortunas en efectivo dentro de countries exclusivos expone una contradicción imposible de ocultar.
La motosierra libertaria sigue descargándose sobre las mayorías. Pero cada vez queda más claro que no pasó por los privilegios del poder político y económico: simplemente cambió de manos.
