El AMBA atraviesa una crisis casi terminal en su sistema de transporte público, situación que afecta de lleno a la vida cotidiana de millones de personas. El servicio de colectivos se encuentra en el centro de una disputa y las empresas dueñas de las distintas líneas mantienen un conflicto directo con el gobierno nacional. El detonante inmediato de esta tensión fue la disparada en el precio de los combustibles y este factor encendió la llama de una extorsión cruzada que hoy tiene a los trabajadores como principales rehenes. La gente que necesita viajar todos los días, para llegar a sus trabajos, padece las consecuencias de un choque de intereses ajeno a sus necesidades.
En medio de este escenario de frecuencias diezmadas y servicios deplorables estalló un escándalo interno que sacudió las filas del oficialismo. El ahora ex secretario de Infraestructura y Transporte, Carlos Frugoni, salió eyectado de su cargo de manera repentina tras conocerse que omitió declarar propiedades millonarias en Miami.
La renuncia de este funcionario grafica la profunda descomposición de un gabinete que exige sacrificios extremos a la población mientras sus propios integrantes ocultan patrimonios incalculables en el extranjero. Todo este entramado de corrupción e impunidad se desarrolla a la par del vaciamiento sistemático de los servicios públicos esenciales.
Un choque de intereses a espaldas del pueblo
Las cámaras empresarias del sector automotor anunciaron un “estado de emergencia” argumentando que la situación financiera alcanzó un punto crítico insostenible.
Los dueños de las líneas reclaman al Estado nacional el pago de una deuda por compensaciones tarifarias que supera los $128.000 millones. Además, exigen una actualización de la estructura de costos porque denuncian que el gobierno calcula los subsidios tomando un valor del gasoil de $1.700 cuando el precio real de mercado ya perforó la barrera de los $2.100.
Para presionar a los funcionarios, las patronales decidieron aplicar recortes brutales en los cronogramas de circulación y amenazan con eliminar por completo los recorridos durante la franja nocturna.
Pero en esta disputa resulta fundamental aclarar que no existen bandos que defiendan el bienestar popular. Ninguno de los actores enfrentados tiene como horizonte brindar un servicio eficiente que responda a las necesidades y a los bolsillos de las mayorías. La pelea actual expone a cámaras empresarias que pretenden mantener intactos sus márgenes de rentabilidad a costa de la inyección de fondos estatales. Estas mismas compañías que recibieron subsidios millonarios durante décadas sin invertir jamás en la mejora de las unidades. Del otro lado opera un gobierno que se niega a poner un solo peso para mejorar la infraestructura de movilidad y que celebra el recorte de fondos bajo la fábula del déficit cero. La gestión libertaria desprecia profundamente lo público y dejaría que todo el sistema colapse si no existiera el riesgo de un estallido social.
Frecuencias diezmadas y el vaciamiento ferroviario
La realidad cotidiana en las paradas demuestra un nivel de maltrato absoluto hacia los pasajeros. La oferta de colectivos sufrió recortes que alcanzan hasta un 40% menos de unidades circulando por el conurbano bonaerense y los tramos interjurisdiccionales. Las personas se ven obligadas a soportar esperas interminables a la intemperie y viajan hacinadas en coches que explotan de gente. Las patronales redujeron la flota operativa bajo la excusa de la falta de presupuesto y transformaron el simple acto de ir a trabajar en un verdadero calvario diario que pone en riesgo el presentismo y la estabilidad laboral de miles de familias.
El drama de la movilidad urbana castiga de igual forma a quienes utilizan la red ferroviaria. Los trenes del AMBA se encuentran a las puertas de una parálisis total por el desfinanciamiento sistemático ejecutado por el gobierno de Milei. La falta de repuestos y la nula inversión en el mantenimiento básico de las formaciones ya provocaron una reducción del 33% en los servicios de pasajeros desde el inicio de la gestión. Los representantes gremiales del sector advierten sobre la inminencia de un colapso operativo con la posibilidad real de que comience a circular un solo tren por hora en los distintos ramales. La política de la motosierra está destruyendo la infraestructura de transporte más masiva de la región.
Tarifazos intolerables y la necesidad de una salida de fondo
Para agravar este panorama desolador el primer día de mayo trae consigo un nuevo golpe demoledor al bolsillo. El esquema de indexación automática impulsado por el oficialismo aplicará un incremento del 5,4% sobre todas las tarifas vigentes.
Este mecanismo perverso garantiza que la inflación mensual se traslade de forma directa al pasaje y asegura que el costo de la crisis recaiga siempre sobre los hombros de los laburantes. De esta manera, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires superará los $753. En el territorio de la provincia el viaje más corto costará más $ 918 y los tramos más largos rozarán los $1.300. Por otro lado, viajar en el subte exigirá un desembolso de $1.490 por cada viaje realizado.
Todo esto genera un combo explosivo compuesto por un servicio en ruinas que al mismo tiempo se vuelve impagable. El peso del transporte empieza a devorar una porción cada vez más grande de los salarios que permanecen congelados o reciben aumentos miserables muy por debajo del costo de vida. La gente gasta fortunas para viajar en condiciones inhumanas y las decisiones conjuntas de empresarios y funcionarios empujan a millones de personas hacia la marginalidad al impedirles costear sus propios traslados.
Frente a este desastre planificado resulta urgente comprender que la solución no vendrá de la mano de quienes generaron el problema. Es fundamental terminar con el esquema de concesiones a empresas privadas que solo se interesan por su rentabilidad financiera.
La única garantía para conquistar un servicio verdaderamente eficiente y con tarifas accesibles radica en la estatización de todo el sistema de transporte público. Esta estructura esencial debe funcionar bajo el control democrático de sus propios trabajadores y de comités de usuarios. Solamente rompiendo con la lógica del lucro empresarial privado se podrán destinar los recursos a la compra de nuevas unidades de traslado y a la modernización integral de las frecuencias. La lucha por un transporte digno forma parte de la pelea estructural contra un plan económico que pretende reducir nuestras vidas a la mínima expresión para favorecer a los sectores más concentrados del poder.
