La podredumbre del sistema judicial argentino sumó un nuevo capítulo de impunidad que deja al descubierto la naturaleza de las alianzas entre el poder político y la magistratura. El gobierno de Javier Milei decidió otorgar un premio explícito al juez Víctor Arturo Pesino apenas unas horas después de que este magistrado firmara el fallo que reactivó la reforma laboral esclavista.
Esta maniobra se conoció a través de la publicación en el Boletín Oficial[i] donde se inició el trámite para que el juez pueda continuar en su cargo a pesar de haber cumplido los 75 años. Este movimiento es un guiño obsceno por parte del Poder Ejecutivo hacia un funcionario que cumplió con el mandato de proteger los intereses de las patronales por encima de los derechos de los trabajadores.
Este premio toma otra dimensión al recordar que la Constitución Nacional establece un límite de edad para los jueces federales y nacionales. Una vez que cumplen 75 años, los magistrados deben dar un paso al costado y jubilarse obligatoriamente, salvo que el Presidente proponga extender su mandato por cinco años más y el Senado lo apruebe. Víctor Pesino se encontraba exactamente en esa situación límite y necesitaba de forma urgente la firma de Milei para no perder su puesto de trabajo de privilegio. El beneficio otorgado por el gobierno no es ninguna casualidad porque se produjo de forma exprés, inmediatamente después de que el juez suspendiera la medida que frenaba el ataque contra los convenios colectivos.
Una alianza obscena entre la Casa Rosada y los tribunales
La actuación de Pesino en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fue fundamental para que el programa anti obrero oficialista no se derrumbara en los tribunales. El magistrado resolvió otorgar un efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado Nacional contra la cautelar del juez de primera instancia Raúl Ojeda. Pesino decidió levantar el freno que protegía a los trabajadores y permitió que la reforma vuelva a aplicarse de manera inmediata mientras se sigue discutiendo si la ley es constitucional o no.
Esta compra de voluntades demuestra que el Poder Judicial se encuentra totalmente colonizado por los intereses del poder político de turno. El arreglo entre los libertarios y la justicia se percibe desde el primer día de gestión con el envío constante de pliegos al Senado por parte del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Este funcionario no solo se encargó de realizar algunos acomodos familiares dentro de la estructura estatal, sino que también respondió a favores políticos enviando los pliegos de personas muy cercanas al gobierno o de personajes que pretenden comprar para asegurar fallos favorables.
Queda claro que el sistema funciona como un mercado de favores donde se canjean sentencias a medida por la permanencia en cargos jerárquicos de por vida.
La movilización popular como única respuesta al saqueo
La podredumbre institucional no se limita únicamente a los tribunales porque el mismo mecanismo de compra de voluntades opera de manera constante en el Poder Legislativo. Hemos visto cómo en cada una de las votaciones sobre leyes centrales para el programa económico se termina comprando a los legisladores de ambas Cámaras. Todo mediante el otorgamiento de puestos o algunas monedas para el presupuesto de la provincia que representan.
Lo sucedido con el juez Pesino es una muestra más de la descomposición de un sistema donde se devuelven todas las gentilezas para que el gobierno pueda mantener vivas leyes que favorecen al gran capital y protegen a los corruptos que componen la gestión actual.
La connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es una alianza de supervivencia donde ambos sectores se ayudan a convivir mediante negocios espurios. La estrategia de la CGT de jugar todas sus fichas a la vía judicial fue una decisión consciente de la burocracia para no movilizar a las bases y evitar el conflicto directo. Ahora más que nunca queda claro que la única forma de derrotar la reforma laboral esclavista es a través de la organización en los lugares de trabajo donde quieran aplicar este saqueo y mediante la lucha masiva en las calles con la más amplia unidad.
La defensa de las conquistas obreras no se conseguirá en los despachos de jueces premiados por el gobierno porque solo se garantiza con la fuerza de la clase trabajadora movilizada contra el plan de miseria de Milei.
[i] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341165/20260424
