La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo escandaloso que expone los manejos de su patrimonio y la falsedad del discurso oficial contra la casta. En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito se presentó a declarar ante la justicia Pablo Martín Feijoo, un personaje central para desentrañar las maniobras inmobiliarias del funcionario.
En su testimonio, Feijoo confesó la existencia de un pacto de palabra para un pago adicional de U$S 65.000 por fuera de la escritura oficial del departamento de Caballito. Esta revelación confirma que el precio de U$S 230.000 asentado en los papeles fue apenas una fachada para ocultar el valor real de una propiedad que en el mercado se ofrecía por casi U$S350.000.
El hijo de la jubilada reconoció ante el fiscal, Gerardo Pollicita, que él fue el artífice de toda la operatoria y que mantiene una estrecha relación de amistad con el jefe de Gabinete. Durante su declaración el testigo relató que Adorni le manifestó su urgencia por mudarse, pero le aseguró que solo contaba con U$S 30.000 en efectivo. Esta supuesta falta de fondos sirvió como excusa para montar un esquema de financiación insólito donde las vendedoras le otorgaron una hipoteca de U$S 200.000 a un año de plazo y sin cobrarle un solo centavo de interés. El pago de los U$S 65.000 adicionales que ahora sale a la luz se acordó para cubrir las costosas refacciones que se hicieron en la vivienda.
Esta deuda en negro se suma al abultado pasivo del funcionario y demuestra que el círculo de amistades del poder funciona como una financiera privada al servicio de los intereses libertarios.
La justicia federal ahora pone la lupa sobre el origen del dinero en efectivo que circula por las manos del jefe de Gabinete sin dejar rastros bancarios. Se pudo confirmar que la familia de Adorni realizó un viaje de lujo a la isla de Aruba entre finales de 2024 y principios de 2025. El periplo incluyó cuatro pasajes que costaron un total de U$S 5.800 y fueron abonados íntegramente en billetes. Esta dinámica de gastos en dólares constantes resulta imposible de justificar con los ingresos declarados por el vocero gubernamental. La investigación también busca determinar cómo se financiaron los desembolsos millonarios para la compra y la profunda remodelación de su casa en el exclusivo country Indio Cuá junto a la adquisición de otros inmuebles.
Ante el avance del fiscal Pollicita y la falta de comprobantes bancarios la defensa del funcionario ensayó una estrategia desesperada al invocar una herencia familiar. Adorni intenta justificar su aluvión de dólares argumentando que el dinero proviene de bienes recibidos tras la muerte de su padre Jorge Eduardo Adorni. Esta excusa obligó a la justicia a ordenar nuevas medidas de prueba para verificar si efectivamente existe un trámite sucesorio iniciado en el Registro de Juicios Universales. La fiscalía también solicitó informes a la red de giros internacionales Western Union y al Banco Central para rastrear cualquier compra o venta de moneda extranjera realizada por el matrimonio. El cerco se completa con el pedido de registros de ingreso y egreso a cajas de seguridad privadas que podrían esconder los valores no declarados.
El nivel de impunidad con el que se manejó la compra del departamento de Caballito y el reconocimiento de pagos por fuera de la ley exponen la verdadera naturaleza de este gobierno. Mientras Javier Milei le exige sacrificios brutales a los trabajadores y recorta los ingresos de los sectores más vulnerables sus funcionarios utilizan mecanismos espurios para enriquecerse y vivir rodeados de privilegios.
Las pruebas se acumulan día a día en los tribunales y demuestran que la supuesta lucha contra la casta fue apenas una estafa electoral para instalar un nuevo esquema de corrupción estatal. La permanencia de Adorni en su cargo se vuelve insostenible y su situación procesal confirma que el oficialismo se hunde en su propia podredumbre al proteger negocios sucios que se sostienen a costa del hambre del pueblo argentino.
