El 15 de abril ocurrió la primera audiencia de este juicio que contó con la presencia de dos de los tres imputados: el “Indio” Castillo y “Pipi” Pomares. “Tony” De Jesus alegó “problemas” de Salud y estuvo conectado virtualmente.
Una nutrida delegación de familiares y activistas de DDHH los recibió con sus fotos donde se leía “genocidas” junto a sus nombres.
Ante las preguntas de protocolo sobre identificación personal y trayectoria laboral pudimos escuchar que fueron funcionarios durante años, tanto en la Municipalidad de la Plata en las gestiones de Alak y Bruera, como en la Legislatura Bonaerense. Pomares explicitó que fue Congresal del PJ durante 16 años.
Las respuestas de estos criminales dejan en claro, tal como venimos denunciando, la protección política de que son objeto por parte del peronismo.
Cómo era de esperar se negaron a declarar sobre los cargos y se pasó a cuarto intermedio para el próximo lunes 20.
Al grito de asesinos, evocando a lxs 30 mil, a Luisa Corica y a los asesinados del PST, acompañamos su retiro de la sala. Posteriormente, con iguales consignas y huevazos los seguimos mientras subían al camión del Servicio Penitenciario que los trasladaba.
Una red de protección que llega al Estado
Este nuevo avance del juicio vuelve a poner en evidencia no solo los crímenes de la CNU, sino también la red de impunidad que durante décadas garantizó su protección. Que estos personajes hayan ocupado cargos en el Estado después de la dictadura no es un dato menor, sino parte de un entramado político que permitió que siguieran actuando con total libertad.
Por eso, la pelea por justicia no se limita a lo que ocurra dentro de los tribunales. Es en las calles, junto a los organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones, donde se sostiene la lucha para que estos crímenes no queden impunes y para que todos los responsables, materiales y políticos, paguen por lo que hicieron.
Marcela Gottschand
