Foto. Marcos Sierras
El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su agenda autoritaria al desplegar un operativo sin precedentes en las calles del barrio de Once. Durante la tarde del viernes, efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Dirección Nacional de Migraciones montaron un dispositivo en uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Este accionar represivo busca replicar, de manera burda, las tácticas de vigilancia extrema que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecuta en los Estados Unidos bajo la línea política de Donald Trump.
La orden directa de las autoridades fue interceptar a los transeúntes de manera aleatoria para exigirles sus documentos de identidad y revisar sus pertenecías. Esta práctica intimidatoria es una muestra del modelo de criminalización de la pobreza que el oficialismo pretende naturalizar en los sectores populares.
Por el momento, el saldo inmediato de esta cacería fue de 5 personas demoradas. Estas fueron trasladadas bajo custodia, tras ser rotuladas bajo la etiqueta de “situación irregular“. La excusa oficial para interrumpir el libre tránsito de cientos de trabajadores es la búsqueda de personas indocumentadas o de supuestos prófugos de la Justicia.
Las fuerzas represivas utilizan dispositivos biométricos portátiles y cruces de datos instantáneos para segregar a quienes el gobierno señala como amenazas a la seguridad pública. Tan solo en el mes de marzo el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Migraciones confesaron haber realizado más de 2700 operativos similares en todo el país. Esta persecución constante y sistemática contra las poblaciones migrantes retrotrae el clima de la ciudad a las peores épocas de nuestra historia, donde las razzias y el estado de sitio permanente eran la moneda corriente.
Decretos xenófobos y la criminalización del trabajador
La legalidad aparente que sostiene esta cacería de brujas se encuentra en el Decreto 366/2025, el cual se encuentra vigente desde mayo del año pasado. Esta norma modificó la Ley de Migraciones para acelerar las deportaciones y cercenar el acceso a derechos elementales como la salud pública y la educación superior.
La modificación más escandalosa de este decreto es la introducción de la figura de flagrancia como causal de expulsión sumarísima del territorio nacional. Cualquier extranjero que sea sorprendido en un delito de acción pública o que ingrese por un paso no habilitado puede ser deportado inmediatamente basándose únicamente en el acta policial que redactan las fuerzas de seguridad. Acción que elimina cualquier principio de inocencia y permite que la autoridad administrativa actúe como un tribunal sumarísimo sin la necesidad de un juicio previo.
El plan de ajuste libertario no descansa y necesita encontrar chivos expiatorios para desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis económica. El discurso del gobierno asocia el flujo migratorio regular con el crimen organizado, pero la realidad demuestra que los controles siempre recaen sobre los sectores más vulnerados.
En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, avanza en sintonía con el gobierno nacional e impone, también, medidas discriminatorias que priorizan la atención en los servicios públicos únicamente para quienes acrediten domicilio porteño.
La verdadera cara del modelo de la impunidad
Este andamiaje represivo tiene como único fin imponer el miedo entre aquellos que sostienen con su fuerza de trabajo la economía del país. El Estado justifica su brutalidad policial con mentiras sobre la seguridad, mientras permite que las corporaciones fuguen millones de dólares sin ningún tipo de control biométrico.
La xenofobia institucional se disfraza de operativo legal para dividir a la clase trabajadora y para que los trabajadores sientan desconfianza de sus hermanos extranjeros. La persecución de las familias migrantes es el laboratorio de pruebas para un modelo mucho más represivo, que busca silenciar a cualquiera que intente cuestionar el plan económico del gobierno.
Se vuelve urgente denunciar que estos operativos policiales no buscan desarmar ninguna red criminal, sino que persiguen y hostigan a las personas por su simple apariencia o nacionalidad. No se puede tolerar que el Ministerio de Seguridad utilice los recursos del Estado para montar un espectáculo de discriminación a plena luz del día.
Es necesario derogar de manera inmediata el Decreto 366/2025 y desmantelar el aparato represivo que somete a las barriadas a un estado de sitio permanente. Todos los trabajadores compartimos las mismas penurias frente al ajuste, la inflación y la desocupación. La unidad de la clase obrera, sin distinciones de fronteras, es la única herramienta capaz de derrotar este modelo autoritario y garantizar el respeto irrestricto por nuestras libertades democráticas y nuestros derechos humanos y sociales.
