Por Ángel Paliza – Docente pos grado Facultad de Derecho UNT
Cuando el estado castiga a los niños por sus propios fracasos
El Gobierno de Tucumán ha decidido responder a los problemas sociales que atraviesan las escuelas con la herramienta más fácil y más peligrosa: el castigo. El Decreto N.º 772-7 (MS), firmado el 15 de abril de 2026, no es una política educativa. Es la expresión de una renuncia. Renuncia a educar, a comprender, a incluir.
Bajo el pretexto de la “seguridad”, el Estado irrumpe en las escuelas con una lógica ajena a su naturaleza: vigilancia, control, expulsión. Donde debería haber pedagogía, hay policía. Donde debería haber escucha, hay sanción. Donde debería haber derechos, hay sospecha.
Pero lo más grave no es solo el enfoque: es el abierto desconocimiento de las obligaciones jurídicas que el propio Estado ha asumido. La Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional— y la Ley 26.061 no son declaraciones simbólicas. Son normas vigentes que obligan. Y obligan, entre otras cosas, a que cualquier medida que afecte a un niño priorice su interés superior, garantice su derecho a la educación y limite el castigo a situaciones excepcionales, con todas las garantías.
El decreto hace exactamente lo contrario
Expulsar a un estudiante del sistema educativo no es protegerlo: es empujarlo fuera. Es institucionalizar la exclusión. Es decirle, desde el Estado, que no hay lugar para él. ¿Qué tipo de “seguridad” se construye dejando a los jóvenes fuera de la escuela?
Militarizar —porque eso es lo que ocurre cuando la respuesta central es policial— no resuelve la violencia: la desplaza, la agrava, la reproduce. Convierte a los estudiantes en potenciales infractores y a las escuelas en territorios de control. No es prevención: es estigmatización.
Este tipo de medidas no nacen de un diagnóstico serio, sino de una lógica espasmódica: mostrar acción rápida frente a un problema complejo. Pero la violencia no surge en el vacío. Es el resultado de desigualdades persistentes, de trayectorias educativas fragmentadas, de un Estado que muchas veces llega tarde o no llega. Y cuando finalmente aparece, lo hace con sanciones en lugar de derechos.
Se castiga al eslabón más débil para ocultar las responsabilidades estructurales
Resulta especialmente preocupante que el Gobierno desplace a la comunidad educativa —docentes, equipos de orientación, familias— y coloque en su lugar a las fuerzas de seguridad como actor privilegiado. No solo es un error: es una inversión peligrosa de prioridades. La intervención en la escuela debe ser pedagógica, no coercitiva; debe construir ciudadanía, no disciplinar mediante el miedo. Advertimos que este camino no solo es injusto, sino también ineficaz. No hay evidencia de que la expulsión o la criminalización temprana reduzcan la violencia. Sí hay evidencia de que profundizan la exclusión y rompen los lazos sociales que la escuela debería fortalecer.
Frente a esto, no alcanza con rechazar: es necesario señalar otro rumbo
La verdadera seguridad se construye con políticas integrales: fortaleciendo el sistema de protección de derechos, garantizando equipos interdisciplinarios en las escuelas, promoviendo la mediación y la participación estudiantil, invirtiendo en educación emocional y en condiciones materiales dignas para enseñar y aprender.
La escuela no es un campo de batalla. Es, o debería ser, el primer espacio donde una sociedad demuestra si cree en la igualdad o si la abandona.
Este decreto no educa: excluye. No protege: estigmatiza. No resuelve: desplaza el problema hacia los márgenes. Expulsar es negar un derecho. Reprimir es reconocer un fracaso. Educar, en cambio, sigue siendo la única forma legítima de construir una sociedad solidaria.
La lógica del capital, lamentablemente en su versión mas represiva, ha penetrado en todo el cuerpo social, especialmente en el sector más vulnerable, los niños, de la resistencia de todos los sectores involucrados, docentes, padres, egresados y la sociedad en su conjunto depende que sigan avanzando.
