Desde Alternativa Docente sostenemos que las amenazas de tiroteos en las escuelas no pueden leerse como hechos aislados ni como simples “retos virales”. Son expresiones de un malestar social profundo que, en un contexto de ajuste y desarticulación de políticas públicas, termina siendo descargado sobre la escuela: cada vez más sola, cada vez más exigida y cada vez más controlada.
Un síntoma que se intenta despolitizar
Hoy las amenazas de tiroteos irrumpen en las escuelas generando miedo, incertidumbre y respuestas urgentes. Sin embargo, reducirlas a una “moda” o a un fenómeno viral no solo empobrece la lectura si no que funciona como un modo de evitar discutir las condiciones sociales y políticas que las producen.
Estas situaciones no emergen en el vacío. Se inscriben en un escenario de deterioro de las condiciones de vida, de profundización de la desigualdad y de retroceso en el acceso a derechos. Adolescentes que pasan mucho tiempo solos con una presión hacia el consumo sin límites, lo digital y la inmediatez como la lógica habitual de las y los adolescentes y la irrupción de plataformas que torpean ideas individualista y de odio.
El discurso de odio además es parte de una política que emerge desde instituciones estatales como formato actual y legitimador. En ese marco, la escuela aparece como uno de los pocos espacios donde ese malestar profundo de este tiempo aún encuentra algún modo de expresión.
Cuando las instituciones en la sociedad pierden capacidad de alojar y producir sentido, no desaparecen los conflictos, se transforman. En contextos de debilitamiento de las mediaciones simbólicas, lo que emerge son formas de expresión más directas, muchas veces violentas, que no encuentran otras vías de tramitación. En esa línea, las amenazas pueden leerse no como hechos aislados sino como síntomas de una trama social e institucional tensionada. Las escuelas bajo amenazas no son otra cosa que el reflejo del malestar social que termina colándose allí donde puede expresarse.
El ajuste también entra a la escuela
Frente a estas situaciones, las respuestas oficiales avanzan en una dirección preocupante. Documentos recientes de la gestión educativa de la Provincia de Buenos Aires, reducen el problema a una cuestión de seguridad. Protocolos, denuncias, identificación de responsables, intervención policial y hasta “medidas de prohibición de acercamiento”.
Esta orientación no es neutra. Expresa una forma de intervención pública que reduce el acompañamiento social y amplía los mecanismos de control sobre los conflictos.
Mientras se recortan políticas sociales, se debilitan dispositivos territoriales y se desfinancian programas de acompañamiento, se le exige a la escuela que anticipe, detecte y prevenga situaciones extremas. La contradicción es evidente, se amplían las responsabilidades mientras se reducen las condiciones para sostenerlas.
Los procesos de desprotección social no eliminan los riesgos, sino que los desplazan hacia los individuos y las instituciones más cercanas. En este caso, la escuela queda en la primera línea de intervención, pero sin el apoyo necesario para hacerlo de manera integral.
La escolarización del conflicto social
La escuela queda así ubicada como último dique de contención frente a problemáticas que no produce: violencias, consumos, padecimientos subjetivos, entre otros.
Este corrimiento no es casual. Es parte de un proceso más amplio de tercerización del cuidado, donde el Estado delega en la institución educativa aquello que no garantiza desde políticas integrales produciendo así una “escolarización del conflicto social”. Los problemas estructurales son redefinidos como problemas escolares, y por lo tanto, como responsabilidad de la escuela.
En este contexto, la apelación a una “sociedad de consumo sin límites” adquiere densidad concreta. En las sociedades capitalistas contemporáneas, el propio sistema promueve lógicas de inmediatez, satisfacción instantánea e individualización, al mismo tiempo que se debilitan los lazos colectivos y los espacios donde los conflictos pueden tramitarse. En ese marco, no es menor que muchas de estas violencias se produzcan entre jóvenes que comparten condiciones de vida similares: no hay aquí un “otro” externo, sino una conflictividad que se despliega al interior de los propios sectores sociales, en un escenario de creciente fragmentación. Cuando esos espacios se erosionan, la violencia deja de ser una anomalía para convertirse en un recurso disponible. Frente a este escenario la respuesta no puede ser de recorte de recursos, sino todo lo contrario.
Entre el punitivismo y la negación
El riesgo, frente a este escenario es doble, o se banalizan estas amenazas, o se responde con más control, más vigilancia y más sanción.
Los enfoques punitivos, centrados en la identificación de responsables individuales, no solo resultan insuficientes, sino que tienden a reforzar la estigmatización de los jóvenes y a profundizar los procesos de exclusión. Al mismo tiempo, desplazan la mirada de las condiciones estructurales hacia conductas individuales, obturando cualquier análisis más complejo.
Las amenazas, aunque no se concreten, funcionan como indicadores de un malestar que desborda a la escuela, pero que irrumpe en ella porque sigue siendo uno de los pocos espacios donde el lazo social aún persiste.
Desde Alternativa Docente: una posición y un programa
Desde Alternativa Docente sostenemos que no alcanza con protocolos ni con respuestas de emergencia. Es necesario disputar el sentido de estas intervenciones y enfrentar una orientación que pretende gestionar las consecuencias sin cuestionar las causas. Estas violencias no se resuelven con más control, sino poniendo en discusión un sistema que produce desigualdad, fragmentación y exclusión
- Rechazamos la reducción de estas situaciones a problemas de seguridad y el avance de enfoques punitivos en el ámbito escolar.
- Denunciamos el corrimiento del Estado, que descarga sobre la escuela responsabilidades crecientes mientras recorta las políticas sociales que podrían sostenerlas.
- Exigimos la recomposición urgente de políticas sociales integrales (salud, niñez, juventudes, consumos problemáticos) con presencia territorial efectiva y articulación real con las escuelas.
- Defendemos el fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar, garantizando cargos completos, estabilidad laboral y condiciones de trabajo que permitan intervenciones sostenidas.
- Impulsamos la construcción de espacios de participación estudiantil real, donde la palabra circule y los conflictos puedan tramitarse colectivamente antes de escalar en formas de violencia.
- Reclamamos mayor financiamiento educativo, acorde a las demandas reales que hoy recaen sobre las instituciones.
Si la escuela queda sola, no solo se la sobrecarga: se la empuja a responder con las únicas herramientas que le dejan disponibles, el control, la urgencia y la sanción.
Disputar esa lógica no es solo una tarea pedagógica o sindical. Es, fundamentalmente, una tarea política.
Porque estas violencias no son un “desvío”, sino el resultado de un sistema que profundiza la desigualdad y fragmenta los lazos sociales. Y frente a eso, no alcanza con administrar el conflicto: es necesario cuestionar las condiciones que lo generan.
