El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no perdió tiempo desde su desembarco en el gobierno libertario y puso en marcha su influencia para otorgar favores a su círculo íntimo. A través del decreto 251/2026, firmado por el presidente y el propio titular de la cartera, se designó a Esteban Mahiques como nuevo titular de la Unidad Gabinete de Asesores.
El hermano del ministro se ubica ahora de manera formal en el corazón de la estructura que dirige Juan Bautista. Esta designación tiene carácter retroactivo al 6 de marzo y se presenta bajo la modalidad “ad honorem” para intentar matizar el escándalo del acomodo familiar.
El nombramiento oficial se produjo exactamente el mismo día en que Carlos Mahiques defendía su continuidad en la Justicia frente al Senado nacional. El padre del ministro busca una prórroga excepcional de cinco años para su cargo como juez de Casación Penal.
Esta maniobra, para expandir el poder del clan Mahiques, es algo que se evidenció desde el primer momento en que Juan Bautista llegó al ministerio. El funcionario comenzó un envío masivo de pliegos a la Cámara Alta para completar los cientos de vacantes existentes entre magistrados, fiscales y defensores. Esta acción inaugura un movimiento inédito en lo que va del gobierno de Milei que no se había registrado durante la etapa de Mariano Cúneo Libarona.
Los nombres propuestos por Mahiques parecen responder a una nueva configuración diseñada para garantizar la impunidad del oficialismo. Entre los pliegos enviados resaltan personajes vinculados directamente a la casta judicial más rancia y conservadora. La postulación de Emilio Rosatti, para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, representa un caso grosero de nepotismo por ser el hijo del presidente de la Corte Suprema. Mahiques, con estos movimientos, comienza a tejer una red de lealtades para blindar al gobierno frente a las tormentas judiciales que se avecinan por causas de corrupción y estafas financieras.
La expansión del clan y el intercambio de favores
La llegada de Esteban Mahiques al Ministerio de Justicia completa un árbol genealógico que ya tiene a Ignacio Mahiques ejerciendo como fiscal en el ámbito porteño. Esta red de influencias justifica plenamente el mote de “familia judicial” que rodea a este círculo donde el derecho, la política y los vínculos de sangre resultan indisolubles.
La naturaleza del Poder Judicial queda expuesta como una corporación que carece de cualquier tipo de imparcialidad. La instalación de los hermanos en cargos estratégicos, mientras el padre intenta perpetuarse en su puesto, demuestra cómo se mueven los hilos del poder en los tribunales.
Los privilegios que otorgan estas posiciones hacen que todo el sistema esté viciado por intereses del poder político de turno y del capital concentrado. Además, el intento de blindaje judicial adquiere una relevancia central ante la imputación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y las denuncias contra los hermanos Milei por la megaestafa de la criptomoneda $LIBRA. El gobierno necesita una justicia adicta para defender, a sus funcionarios, su plan de ajuste y la catarata de reformas reaccionarias que viene impulsando contra la clase trabajadora.
Esta dinámica de transas a espaldas del pueblo busca garantizar que los jerarcas del Poder Judicial continúen completamente alineados con el saqueo libertario. La casta judicial opera como el brazo ejecutor de las patronales para resguardar sus ganancias mientras se dinamitan las condiciones de vida de los trabajadores.
No se puede confiar en que este entramado de favores y parentescos investigue de forma transparente los actos de corrupción que salpican a la cúpula del poder. Toda esta suma de elementos, hace que la Justicia funcione hoy como un apéndice de la Casa Rosada para perseguir a los que luchan y proteger a los que se enriquecen bajo las sombras del Estado.
Por una justicia democrática bajo control popular
Frente a este escenario de acomodos y privilegios resulta evidente que el sistema judicial no se arregla con simples reformas cosméticas. Para terminar con la lógica corporativa del clan Mahiques y sus aliados hay que romper de raíz con la estructura actual de los tribunales. Ninguna medida superficial cuestionará los vínculos estrechos entre los jueces y el poder económico si no se avanza hacia la elección directa de todos los magistrados.
Los jueces y fiscales deben ser elegidos por medio del voto popular para que respondan al pueblo y no a los ministros de turno. Los mandatos deben dejar de ser vitalicios para pasar a tener un límite temporal estricto. Es urgente establecer la revocabilidad inmediata de los cargos si los funcionarios incumplen con sus deberes o se ven envueltos en casos de corrupción. Hay que eliminar todos los privilegios salariales de la casta judicial para que vivan como cualquier trabajador.
Para democratizar verdaderamente el sistema judicial es fundamental implementar los juicios por jurados populares con participación vecinal en todo el país. La lucha contra la impunidad exige conformar una comisión investigadora independiente integrada por personalidades intachables y referentes de derechos humanos. Solo un organismo con plenos poderes y fuera del control del gobierno puede llegar a la verdad sobre los negociados de la casta libertaria. Esta salida de fondo, para construir una Justicia genuinamente democrática requiere, obligatoriamente, de una transformación socialista de la sociedad.
