En la mañana de este miércoles, la justicia comienza a desandar la red de complicidades que sostiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La escribana Adriana Nechevenko debe declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita en una jornada que puede convertirse en una bisagra para la causa por enriquecimiento ilícito que acorrala al funcionario libertario.
Nechevenko se convirtió en una figura central de la trama porque intervino en todas las operaciones inmobiliarias sospechosas de la familia Adorni. Su firma aparece en la escrituración del departamento de Caballito y también en la hipoteca sobre el inmueble de la calle Asamblea. Además, participó en la compra de la lujosa casa en el country Indio Cuá a nombre de la esposa del jefe de ministros. La justicia busca que la profesional aporte los documentos originales y explique cómo se gestaron estas maniobras de financiamiento privado que escapan a cualquier lógica del mercado inmobiliario formal.
Esta citación judicial representa apenas el comienzo de una semana negra para el ex vocero presidencial. El fiscal también convocó a declarar a las cuatro mujeres que aparecen como las generosas prestamistas de Adorni. El esquema de estas hipotecas no bancarias es el punto que más complica al funcionario. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas son las dos jubiladas que le facilitaron U$S200.000 para que pudiera comprar su actual residencia en Caballito. Este préstamo representa casi el 90% del valor total de la propiedad. Resulta llamativo que Sbabo figure en los registros como beneficiaria de un subsidio de la ciudad destinado a adultos mayores con ingresos bajísimos. La contradicción es absoluta porque una persona que cobra menos de $600.000 por mes difícilmente pueda prestar cien mil dólares de un día para el otro. Estas mujeres deberán explicar el jueves ante el fiscal de dónde sacaron esos fondos y cuál es su relación real con el jefe de Gabinete.
El lunes siguiente será el turno de las otras dos piezas de este rompecabezas inmobiliario. Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio fueron citadas por la hipoteca de U$S100.000 sobre el departamento de la calle Asamblea. Molina de Cancio es una comisaria retirada de la Policía Federal y su hija también pertenece a la fuerza. Lo más sospechoso de este movimiento es que la hipoteca se formalizó el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa en el country de Exaltación de la Cruz. Para los investigadores esta es la prueba de que el funcionario utilizó préstamos de particulares como una pantalla para blanquear dinero y así justificar adquisiciones que su sueldo público no permite explicar de ninguna manera.
El misterioso financiamiento de las jubiladas y la triangulación inmobiliaria
La declaración del ex futbolista Hugo Morales aportó nuevos elementos que hunden todavía más la defensa del jefe de ministros. La figura del granate en los ’90, confirmó ante la justicia que en mayo de 2024 le vendió el departamento de la calle Miró a las jubiladas Viegas y Sbabo por doscientos mil dólares. Morales relató que en la operación participaron dos jóvenes a los que no pudo identificar y que la transacción se hizo de manera veloz porque él vive en Corrientes y quería sacarse de encima una propiedad que necesitaba muchas refacciones. Lo increíble de la historia es que apenas seis meses después esas mismas jubiladas le vendieron el departamento a Adorni por U$S 30.000 más de lo que lo pagaron.
Esta triangulación inmobiliaria muestra un mecanismo diseñado para ocultar al verdadero comprador inicial o para generar una deuda ficticia que permita justificar el flujo de dólares en negro. Morales aseguró que vendió la propiedad al mismo precio que la compró hace casi treinta años, pero los valores de mercado en Caballito sugieren que el inmueble vale casi el doble de lo declarado en los papeles. Existe un evidente movimiento de dinero por fuera del sistema legal que complica no solo al funcionario sino también a los intermediarios de estas operaciones. El ex jugador entregó sus chats y registros de llamadas para que la fiscalía pueda identificar a esos dos jóvenes misteriosos que manejaron la compra inicial junto a las jubiladas.
Este entramado de supuestos préstamos de ancianas que no conocen al funcionario es la muestra del dispositivo que utiliza Adorni para ocultar su enriquecimiento. El hombre que se embanderó en la lucha contra los privilegios de la casta se adaptó a la vida de los políticos tradicionales con una velocidad asombrosa. Mientras predica austeridad ante las cámaras de televisión se asegura propiedades de lujo mediante un sistema de prestanombres que hoy se cae a pedazos ante el avance de las pruebas judiciales. La mentira del discurso libertario queda expuesta cada vez que se descubre un nuevo viaje a Aruba o una nueva propiedad comprada con dólares que no tienen un origen claro.
Un funcionario acorralado por el patrimonio que no puede explicar
La crisis política que genera el caso Adorni es total y el gobierno no encuentra la vuelta para tapar semejante escándalo. La estrategia oficial de realizar reuniones de gabinete para mostrar una confianza intacta hacia el jefe de ministros es una pantomima que ya no convence a nadie. El blindaje de Javier Milei y de su hermana Karina hacia el ex vocero solo demuestra que la corrupción es la regla y no la excepción dentro de la gestión libertaria. A los casos de las propiedades se suman las denuncias por los vuelos privados a Punta del Este y las vacaciones de lujo que el funcionario intenta ocultar mediante escalas en otros países para borrar su rastro migratorio.
Mientras a los trabajadores les pega de lleno la crisis con una inflación que no da tregua y salarios que no alcanzan para lo básico los funcionarios oficialistas se reparten beneficios y se enriquecen de manera ilegal. Esta desigualdad es el motor de una bronca que va creciendo y ve cómo la supuesta lucha contra la casta fue simplemente una estafa electoral para asaltar el Estado en beneficio propio.
Por todo lo expuesto es fundamental que Manuel Adorni sea separado de su cargo y de todas sus funciones de manera inmediata. Su permanencia en el gobierno es un insulto para los millones de trabajadores que padecen el ajuste salvaje de la gestión de Milei. Para llegar al fondo de este entramado de hipotecas fantasmas y viajes de placer resulta indispensable poner en pie una comisión investigadora independiente de todos los poderes políticos actuales. Solo una investigación que no esté sujeta a las presiones del Ejecutivo y al resto de los poderes, podrá garantizar que se revisen todas las cuentas y que todos los responsables de este saqueo patrimonial paguen por sus actos. La justicia no puede ser una herramienta de impunidad para los amigos del presidente mientras las mayorías trabajadoras y los sectores populares pagan los platos rotos de una gestión que vino a profundizar la corrupción y la miseria.
