El gobierno de Javier Milei promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida, aprobada previamente por el Congreso, reavivó el debate sobre las políticas de seguridad y el enfoque punitivo frente al delito juvenil.
Un giro punitivista
El Poder Ejecutivo oficializó la nueva ley que crea un Régimen Penal Juvenil y establece que adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente por delitos, modificando el sistema vigente hasta ahora que fijaba la edad de imputabilidad en 16 años.
La norma fue aprobada semanas atrás en el Congreso con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. El proyecto fue impulsado por el oficialismo con el argumento de reforzar la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por menores y modernizar una legislación vigente desde 1980.
Entre los cambios principales, el nuevo régimen establece penas diferenciadas según la edad y el tipo de delito, así como medidas alternativas a la prisión para los casos menos graves. Para delitos considerados graves —como homicidio, abuso sexual o secuestro— la ley contempla penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión, aunque bajo un sistema especial para adolescentes.
El Gobierno defendió la reforma como una herramienta para enfrentar el delito juvenil y equiparar la legislación argentina con la de otros países de la región. Sin embargo, la iniciativa que baja la edad de imputabilidad no resuelve las causas estructurales de la violencia y podría profundizar la criminalización de jóvenes en contextos de vulnerabilidad social.
El debate sobre la responsabilidad penal juvenil volvió así al centro de la agenda política. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una respuesta necesaria frente a la inseguridad, endureciendo las penas en lugar de políticas de prevención, inclusión social y fortalecimiento del sistema de protección de derechos para niños y adolescentes.
En ese sentido, esta medida consolida un giro punitivo en la política criminal del país, centrado más en el castigo que en la prevención. Distintos informes señalan que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje reducido del total, por lo que bajar la edad de imputabilidad no tendrá un impacto significativo en los niveles de inseguridad.
El nuevo régimen expresa una lógica que busca dar respuestas rápidas a una demanda social legítima —la seguridad— pero sin abordar las condiciones sociales que empujan a miles de jóvenes a situaciones de exclusión, pobreza y violencia. En ese sentido, el Estado llegará antes con el sistema penal que con la escuela, el trabajo o las políticas de contención.
La respuesta al delito juvenil no debe ser punitiva, como propone la baja de la edad de imputabilidad, sino que debe centrarse en transformar las condiciones sociales que empujan a muchos jóvenes a situaciones de violencia o marginalidad. Criminalizar a adolescentes no resuelve el problema porque la mayoría de los delitos juveniles están vinculados con contextos de pobreza, falta de educación, precariedad familiar y ausencia de políticas de contención. En ese sentido, el sistema penal termina castigando sobre todo a jóvenes de los sectores populares en lugar de abordar las causas estructurales del problema.
Como alternativa, es necesario invertir en políticas sociales y preventivas: fortalecer la educación, el acceso a la salud, programas de acompañamiento para las familias y espacios de contención para adolescentes. También crear instituciones que prioricen la rehabilitación, la escucha y el desarrollo integral de los jóvenes, con el objetivo de que puedan integrarse a la sociedad y construir un proyecto de vida, en lugar de ser empujados al circuito penal. Es decir, fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar derechos y oportunidades para las nuevas generaciones.
