El gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el próximo 28 de febrero mediante el Decreto 103/2026. Si bien la medida se presenta para evitar que los dictámenes de comisión pierdan validez reglamentaria, la verdadera noticia política reside en la incorporación de un nuevo punto clave en el temario. Javier Milei ha decidido enviar un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario para intentar desmantelar una conquista que la movilización y la comunidad educativa arrancaron en las calles durante el último año.
Este movimiento representa un nuevo capítulo en la guerra abierta que el oficialismo mantiene contra la educación pública y el sistema científico argentino. No hay que olvidarse que la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada el año pasado tras resistir el veto presidencial gracias a una importante demostración de fuerza en las plazas de todo el país. Aquella derrota legislativa fue uno de los golpes más duros que recibió la gestión libertaria antes de las elecciones y ahora el Ejecutivo busca revertir ese resultado mediante una normativa que sujete los recursos académicos a las reglas del equilibrio fiscal.
La Casa Rosada busca redactar una ley que reemplace a la actual para anular los mecanismos de recomposición salarial y actualización presupuestaria automática. Bajo el pretexto de buscar una norma implementable, el gobierno intenta sacarse de encima el cumplimiento de la cautelar dictada por el juez Martín Cormick que lo obligaba a girar los fondos adeudados a las casas de estudio. Este manoseo de la ley es la respuesta desesperada del gobierno tras el revés judicial que significó dicho fallo, y por eso ahora Milei intenta anularlo mediante una nueva normativa a su medida. Es un intento por legalizar el desfinanciamiento que ya viene ejecutando de hecho a través de la licuación de los salarios docentes y el recorte en los gastos de funcionamiento básico.
En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIN, para comenzar a tejer respaldos institucionales al proyecto antes de su presentación parlamentaria. Durante el encuentro, Greco calificó la reunión como “de acercamiento en la dirección correcta” y expresó: “Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos”. Por su parte, Bartolacci destacó que persisten “muchos temas que quedan por resolver”, aunque consideró el diálogo “un paso en la dirección correcta”. Según fuentes del Ejecutivo, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. Para agilizar el trámite y evitar nuevas confrontaciones públicas, el Gobierno busca la sanción de una norma que resuelva la negociación presupuestaria y cierre los frentes legales en una única instancia parlamentaria.
Esta búsqueda de “consenso” con las autoridades del CIN es un claro intento de cooptación para que los rectores acepten las migajas de Caputo y firmen un pacto que solo beneficia al ajuste. Mientras el gobierno simula diálogar, lo que prepara es un hachazo definitivo al presupuesto educativo. Este nuevo atropello contra la universidad pública se da en el marco de una semana decisiva donde el Congreso se apresta a tratar la reforma laboral esclavista. El paquete de leyes que el oficialismo pretende cerrar antes del primero de marzo configura un plan de conjunto para disciplinar a la clase trabajadora y entregar los recursos estratégicos del país. Mientras en Diputados se negocian los votos para liquidar derechos laborales históricos, la extensión de las extraordinarias busca garantizar que no quede ningún frente social sin ser atacado por la motosierra oficial.
La agenda legislativa de febrero incluye además la reforma penal juvenil que pretende bajar la edad de punibilidad a los catorce años y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta simultaneidad de ataques demuestra que el gobierno necesita acelerar su programa antes de que el descontento social por la inflación y los tarifazos termine de desbordar la contención de las cúpulas sindicales. Milei quiere llegar a la apertura de las sesiones ordinarias con el campo despejado de cualquier norma que garantice un piso mínimo de derechos sociales o educativos.
Frente a esta provocación, la respuesta debe ser la misma que permitió derrotar el veto el año pasado. El financiamiento universitario y los salarios docentes no pueden ser moneda de cambio en las negociaciones de pasillo a cambio de entregar la educación. La defensa de la universidad pública se vuelve hoy inseparable de la lucha contra la reforma laboral y el ajuste estructural. La única garantía para frenar este nuevo intento de saqueo educativo sigue estando en la capacidad de organización y movilización masiva que ya demostró ser el límite real para las pretensiones autoritarias del gobierno.
Por todo esto, desde el MST en el FIT-U llamamos a movilizar este jueves a las 12 del mediodía en 9 de Julio y Av. de Mayo, en la columna del Cabildo Abierto junto a los trabajadores del Garrahan y otras organizaciones sindicales de la salud de todo el AMBA. Es necesario unir todas las luchas en las calles para derrotar este nuevo intento de ataque a la universidad pública, la reforma laboral y todo el plan de ajuste de Milei.
