Mientras los salarios siguen corriendo detrás de la inflación, el Gobierno volvió a aumentar el boleto de los colectivos nacionales y confirmó otra suba para marzo. El ajuste, una vez más, recae sobre trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen del transporte público para sostener su vida cotidiana.
No dejan de subir
El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva actualización de las tarifas de colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, que impacta directamente en millones de usuarios que utilizan el transporte público cada día para ir a trabajar, estudiar o moverse por la ciudad. La medida, publicada en la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, eleva el boleto mínimo desde los niveles previos y anuncia un nuevo aumento a partir del 16 de marzo, profundizando la presión sobre el bolsillo popular.
Según la normativa, el boleto mínimo en las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (AMBA) pasará a costar $650 con tarjeta SUBE nominal, mientras que para quienes no tienen la tarjeta registrada el valor asciende por encima de los mil pesos. A partir de marzo, esos valores escalarán aún más, con el boleto mínimo proyectado en torno a $700 en las líneas más cortas y hasta casi $1.500 en recorridos más largos sin SUBE registrada.
El Gobierno justifica la decisión en una recomposición de costos vinculados a salarios del sector, gasoil, repuestos y “desequilibrios tarifarios”, al tiempo que menciona la necesidad de mantener la fórmula económico-financiera del sistema de transporte.
Esta nueva escalada tarifaria se inscribe en un patrón de ajuste que traslada los costos del sostenimiento del transporte público a los usuarios y a sus patrones de vida cotidianos, en lugar de cuestionar la lógica de subsidios regresivos a empresarios o proponer alternativas de financiamiento solidario. El aumento afecta de manera más severa a sectores populares que ya enfrentan salarios que no alcanzan, precarización laboral y una inflación persistente, obligándolos a destinar una parte mayor de su ingreso a garantizar su movilidad básica.
Estas subas, que llegarán en dos tramos consecutivos, no sólo encarecen el boleto sino que consolidan un modelo de transporte cada vez más encarecido para las mayorías. Con cada incremento, miles de trabajadores, estudiantes y jubilados ven reducida aún más su capacidad de acceso al transporte y a oportunidades económicas y sociales, en un contexto en el que el transporte público deja de ser un derecho tangible para convertirse en un costo cada vez más oneroso.
