La Justicia Federal procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto con otras 18 personas, por su presunta participación en una asociación ilícita, fraudes al Estado, sobornos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa, que se inició tras audios filtrados sobre irregularidades en la compra de medicamentos, expone un entramado de corrupción institucional que habría cooptado recursos públicos destinados a personas con discapacidad. El episodio no solo desnuda posibles delitos individuales, sino las consecuencias de una política estatal que abandonó la atención de grupos vulnerables y dejó espacios de alta opacidad al amparo del ajuste y la precarización.
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, en el marco de una causa que investiga graves irregularidades y presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo estatal. La resolución judicial incluye cargos por asociación ilícita, cohecho activo (cobro de sobornos), fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
La medida no se limita a Spagnuolo: alcanza a otros 18 imputados, entre ellos su segundo en la ANDIS, Daniel Garbellini, y empresarios como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a droguerías y proveedores del Estado. Según el fallo, este grupo habría integrado una estructura estable que operó para generar ganancias ilícitas a partir de contrataciones direccionadas, sobreprecios y adjudicaciones sin control efectivo, afectando al interés general y desvirtuando la función pública del organismo.
El procesamiento se dictó sin prisión preventiva, pero con embargos millonarios a los implicados. El magistrado estimó que se conformó un “sistema de retornos” mediante el cual funcionarios infieles y operadores externos se beneficiaban económicamente en detrimento de los fondos que debían destinarse a la atención de personas en situación de discapacidad.
Más allá de un caso individual: ¿qué revela esto?
La investigación judicial no solo representa un avance procesal en una causa de corrupción de relevancia institucional. Los antecedentes y el propio desarrollo de la causa muestran un patrón cuya gravedad excede la acción de una sola persona:
- La causa se originó, y tomó impulso, a partir de audios filtrados que señalaban exigencias de coimas y retornos en contratos con proveedores de medicamentos, incluyendo referencias a la operativa interna de ANDIS y a las altas esferas del poder, entre ellas, la hermana del presidente.
- La presunta red habría cooptado un organismo clave para la protección social y lo habría transformado en un espacio para beneficiar a particulares, debilitando su función pública esencial.
¿Qué significado político tiene el caso?
Este procesamiento no puede leerse como un hecho aislado de corrupción entre funcionarios y terceros privados. Su significado es político: pone en evidencia que áreas sensibles del Estado pueden quedar expuestas a prácticas opacas cuando se degrada el control democrático y se relativiza la responsabilidad pública en nombre de una administración que promueve desregulación y ajuste. El impacto no solo es financiero, sino social, porque la ANDIS administra programas y prestaciones clave para la vida de miles de personas con discapacidad, un colectivo históricamente postergado.
Mientras el Gobierno se presenta como guardián de la “gestión transparente”, este tipo de causas revelan cómo, en los hechos, la cooptación de organismos públicos puede coincidir con agendas de debilitamiento del Estado. En este sentido, la trama de la ANDIS puede convertirse en un símbolo más de los costos sociales y éticos de un modelo que favorece la opacidad, la privatización y la captura de recursos públicos por intereses corporativos.
