En medio de negociaciones tensas por la reforma laboral —que pretende recortar derechos y favorecer a las patronales— gobernadores de distintas provincias comenzaron a sondear una reunión para discutir, entre otros puntos, el reordenamiento de la coparticipación federal. Este movimiento político revela la disputa por recursos que atraviesa a las elites políticas en un contexto de ajuste y pérdida de derechos para la mayoría, mientras trabajadores y trabajadoras siguen pagando la cuenta de un modelo que prioriza al capital por sobre la redistribución social. Aunque la reunión de gobernadores finalmente se suspendió, el debate seguirá los próximos días.
Reunión en puerta entre gobernadores y Gobierno por coparticipación
En paralelo a las discusiones en torno a la reforma laboral que dominan la agenda del Congreso y la Casa Rosada, varios gobernadores provinciales estuvieron activando consultas para impulsar una reunión con funcionarios nacionales para abordar la modificación del régimen de coparticipación federal, el sistema que distribuye recursos fiscales entre la Nación y las provincias.
La estrategia tiene lugar en un clima político donde el oficialismo apura el tratamiento de la reforma laboral y busca cerrar alianzas con mandatarios provinciales que puedan asegurar el respaldo legislativo necesario. Las conversaciones señalan que, a cambio de apoyos en el Congreso, algunos gobernadores reclamarían mayores fondos coparticipables o modificaciones en los mecanismos de distribución regresiva que vienen perjudicando a provincias con indicadores sociales más difíciles. Es decir, negocian el precio de sus votos entregando derechos históricos de los trabajadores a cambio de un aumento en los fondos que de envían a sus provincias.
La propuesta de reunión que iba a realizarse hoy y finalmente fue suspendida, fue confirmada por varias fuentes provinciales, que dieron cuenta de un sondeo inicial para analizar el temario y la agenda a discutir, así como el rol que tendría cada jurisdicción en el supuesto acuerdo.
Coparticipación: disputa por recursos en tiempos de austeridad
La coparticipación federal es un factor clave en la distribución de recursos fiscales en Argentina. A medida que la economía se ajusta —con inflación persistente, salarios que no recuperan poder adquisitivo y un Estado que reduce su intervención en servicios públicos—, las provincias sienten el impacto directo de un sistema de financiamiento que muchas veces reproduce desigualdades regionales.
Estas negociaciones no pueden verse como un simple intercambio político entre élites, sino como parte de una lucha por recursos que son esenciales para garantizar derechos sociales básicos: salud, educación, transporte, infraestructura y empleo público. En ese sentido, la discusión sobre coparticipación debería estar vinculada a un debate público sobre cómo financiar políticas sociales, en lugar de convertirse en una moneda de cambio para aprobar proyectos regresivos como la reforma laboral.
Reforma laboral y gobernadores
La reforma laboral, impulsada con urgencia por el Gobierno en sesiones extraordinarias y que ya tiene fecha para este 11 de febrero, propone cambios en la regulación del trabajo que son regresivos y en detrimento de los derechos conquistados históricamente.
En ese contexto, el intento del Gobierno de negociar con los gobernadores una especie de “paquete” que combine respaldo político con concesiones en coparticipación expone el carácter clientelar de la política oficial, que utiliza todos los mecanismos de la casta con tal de llevar adelante su programa hambreador. Los gobernadores, como nos vienen acostumbrando durante la gestión de Milei, se postran y rinden honores a su nuevo Lord a cambio de alguna limosna de la Nación.
Grietas internas del poder y silencios sobre las mayorías
El ritmo de devaluación salarial, la pérdida de empleo formal, el deterioro de los servicios públicos y la precarización laboral son experiencias cotidianas de millones de argentinos y argentinas que no forman parte de los cálculos centralizados entre gobiernos y tecnócratas.
El gobierno ya puso fecha a la contienda en el parlamento, la CGT sigue demorando anuncios de una respuesta en las calles. Ahora mas que nunca, es imprescindible la convocatoria a paro, movilización y plan de lucha para enfrentar esta reforma esclavista. A tal motivo contribuirá el Cabildo Abierto en el Hospital Garrahan que se realizará este miércoles por la tarde.
