En un contexto de salarios derrumbados por la inflación y deterioro crónico de la infraestructura ferroviaria, el sindicato de maquinistas La Fraternidad ratificó un paro de trenes de 24 horas para este jueves 5 de febrero, como medida de protesta contra la política salarial y la falta de seguridad operativa. La medida, que paralizará servicios de pasajeros y cargas en todo el país, expone la descomposición del sistema ferroviario y la crisis que enfrenta el Gobierno ante las demandas obreras.
Un sistema ferroviario en ruinas
El secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que el próximo jueves 5 de febrero habrá una huelga nacional de trenes por 24 horas, en reclamo de una recomposición salarial y por el estado crítico de las vías y formaciones, que ya no garantiza condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores ni para las y los pasajeros.
La medida se decidió tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno y las empresas del sector —como Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.—, que ofrecieron un aumento considerado insuficiente por los trabajadores, incluso frente a un fuerte proceso inflacionario. El sindicato calificó las propuestas como una “burda oferta” que no repara la pérdida salarial acumulada en los últimos años.
El deterioro estructural del sistema —producto de décadas de desinversión, recortes presupuestarios y políticas que prefieren favorecer a operadores privados con miras a licitaciones— se traduce en un servicio que se desploma mientras el salario real de los ferroviarios se pulveriza.
Paro, Gobierno y correlación
El paro ferroviario, que afectará servicios urbanos y de larga distancia —incluidas las principales líneas como Belgrano, Urquiza y San Martín— se enmarca en un contexto de creciente conflictividad laboral, donde los sindicatos plantean que las políticas oficiales han pisado las paritarias y debilitado la negociación colectiva. El llamado a huelga es un claro desafío a una gestión que, en muchos sectores, continúa promoviendo ajustes salariales muy por debajo de la inflación real.
Aunque la Fraternidad escuchará una nueva oferta del Gobierno antes de la huelga —y no descartó la posibilidad de levantarla si hay avances— las señales hasta ahora han sido insuficientes para frenar la protesta. Es el propio gobierno quien empuja a sectores de la burocracia sindical a realizar este tipo de medidas, cuando poco hicieron para evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus afiliados.
Impacto social y político
Un paro de trenes a nivel nacional no solo paraliza un medio de transporte clave para millones de personas, sino que visibiliza la creciente disputa entre trabajo y política económica oficial, marcada por salarios que no compensan ni de cerca la inflación y por servicios públicos que se degradan sin una apuesta estatal de fondo para recuperarlos.
La medida expresa la descomposición del transporte ferroviario como bien público y la respuesta de los trabajadores ante un esquema que ha preferido la desregulación y la desinversión por sobre la dignidad laboral y la seguridad social. El paro no es solo un reclamo sectorial: es una señal de alarma sobre el rumbo de un modelo que precariza condiciones de trabajo mientras reduce los sistemas públicos a su mínima expresión, y que debe continuar en un plan de lucha.
