Mientras la economía real se desploma, los salarios pierden valor frente a la inflación y las políticas de austeridad golpean duro a los sectores populares, el Gobierno de Javier Milei volvió a transferir cientos de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación, posible gracias a una asistencia financiera directa del Tesoro de Estados Unidos, expone no solo la continuidad del sometimiento de la política económica argentina a los intereses del FMI y Washington sino también las prioridades de un gobierno que paga deuda externa antes de garantizar derechos básicos en el país.
Operación entrega
Argentina concretó este lunes un desembolso de alrededor de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional como parte del cronograma de pagos de intereses de la deuda que mantiene con ese organismo. Para cumplir con esa obligación, el Gobierno recurrió nuevamente a una operación con el Tesoro de Estados Unidos que implicó la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del país, activos de reserva internacionales utilizados por el FMI para sus transacciones entre países.
Según fuentes oficiales y reportes de prensa, el Ejecutivo accedió a unos USD 808–872 millones en DEG provenientes del gobierno estadounidense, permitiendo a la Argentina cubrir el vencimiento sin recurrir directamente a reservas líquidas del Banco Central.
Esta combinación de deuda con el FMI y dependencia de asistencia financiera externa refleja una subordinación política y económica que no cambia con los nombres de los ministros o las banderas ideológicas de turno. La maniobra sirve para mantener la “credibilidad” ante los mercados y evitar incumplimientos técnicos, pero profundiza la lógica de ajuste estructural, abandono y dependencia que ya viene impactando en la vida de trabajadores, jubilados y sectores populares.
Austeridad como prioridad para la deuda, no para la sociedad
La transferencia de casi mil millones de dólares al FMI ocurre mientras la economía argentina sigue atravesada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las condiciones de trabajo y la expansión de la pobreza a pesar de la promesa oficial de un “boom exportador” y crecimiento sostenido. En ese contexto, pagar intereses de deuda externa con recursos que se obtienen a través de mecanismos financieros complejos y vínculos estrechos con Estados Unidos contrasta fuertemente con la falta de políticas redistributivas o de alivio para las mayorías.
Además, la recurrencia de este tipo de operaciones —no es la primera vez que el Gobierno accede a DEG del Tesoro estadounidense para pagar al FMI— pone en evidencia que las reservas del país no son suficientes para afrontar los compromisos externos sin asistencia externa y sin comprometer aún más la soberanía económica.
¿A quién protege este esquema?
Mientras se destina dinero a sostener pagos al FMI, la política económica continúa priorizando el cumplimiento de metas pactadas con el Fondo sobre las necesidades urgentes de la población, como la estabilidad de ingresos, el acceso a servicios básicos y la defensa de derechos laborales y sociales. En lugar de un giro que favorezca a la mayoría trabajadora, la Argentina profundiza un rumbo que favorece el pago de intereses a acreedores externos y la estética de “disciplina fiscal” frente a capitales financieros globales.
La nueva transferencia al FMI a través de DEG adquiridos con apoyo estadounidense es un recordatorio crudo de que la deuda externa y las obligaciones con organismos internacionales siguen definiendo prioridades políticas, mientras la vida cotidiana de la mayoría queda relegada. En ese contexto, la discusión sobre la deuda no puede ser técnica: es una cuestión política central que atraviesa la soberanía y la distribución de recursos en Argentina.
No hay salida para el pueblo de la mano del fondo. Todo lo contrario, hace falta investigar y desconocer esa deuda usurera, y no pagarle un solo peso ni dólar mas al FMI.
